Moncloa cambia ahora la gestión de los fondos europeos tras el fiasco de su ejecución

El Gobierno ha aprovechado el marco del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania para introducir modificaciones a la reforma de la Administración dirigidas a mejorar la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para agilizar la ejecución de los fondos europeos ante la infraejecución del primer año.

Así se desprende del real decreto-ley del plan de choque contra el impacto de la guerra de Ucrania aprobado por el Gobierno, en el que incluye una serie de modificaciones al Real Decreto-ley 36/2020, la ley creada para eliminar los cuellos de botellas y agilizar los procesos de cara a la implementación de los fondos europeos y cuya tramitación lleva más de 13 meses paralizada tras 47 ampliaciones del plazo de enmiendas parciales.

Con la maniobra de introducir cambios en el decreto que regula el funcionamiento del Plan de Recuperación en el real decreto-ley del plan de choque contra el impacto de la guerra el Gobierno esquiva por ahora al Parlamento y la posibilidad de que la oposición, muy crítica con la gestión realizada por el Gobierno de los fondos europeos y defensora (PP o Ciudadanos) de un control mediante una agencia independiente, pueda tener voz en dichas modificaciones.

Y es que a buen seguro el real decreto-ley del plan de choque será aprobado por mayoría en el Congreso ante la urgencia de las medidas por la afectación de la crisis energética en muchos sectores y hogares, por lo que Moncloa se garantiza poder sacar adelante estas primeras modificaciones del Mecanismo de Recuperación, a expensas de cómo pueda quedar finalmente el decreto de la reforma de la Administración cuando culmine su tramitación en el Parlamento.

Todo ello tras más de un año de una ejecución de fondos europeos por debajo de lo previsto inicialmente, bajo críticas de las patronales por las trabas y las dificultades de acceso a las convocatorias de las pymes y las sospechas y denuncias de arbitrariedad en el reparto de los fondos por parte del PP y las comunidades autónomas donde gobierna, como la Comunidad de Madrid o Galicia.

En términos de ejecución presupuestaria, relativos a 31 de diciembre de 2021, se autorizaron 22.124 millones, el 91% del total de 24.198 millones presupuestados; se comprometió crédito por 20.973 millones (87%), se reconocieron obligaciones por 19.994 millones (83%) y se realizaron pagos de 11.001 millones, el 45%. Es decir, que se habría ejecutado menos de la mitad de los fondos asignados, aunque lo que llegó de verdad a la economía real habrían sido apenas 3.000 millones, según estimaciones de BBVA Research. Hasta la fecha, el Gobierno ha resuelto 520 convocatorias de fondos europeos por un importe de 8.500 millones de euros

Agilizar y reorientar los fondos a renovables

Fuentes gubernamentales explican a Economía Digital que los cambios introducidos en la gestión de los fondos europeos utilizando el plan de choque tienen el objetivo de agilizar las convocatorias para que «puedan salir con más rapidez y consumiendo menos tiempo» al incorporar las «lecciones» y el «aprendizaje» de más de un año de ejecución.

En este sentido, desde Moncloa apuntan que los cambios buscan agilizar los proyectos administrativos y especialmente de renovables para avanzar más rápido en los planes de inversión y reforma a medio y largo plazo ante la necesidad de autonomía energética. La reorientación de los fondos hacia el campo energético y de renovables para avanzar en la transición energética es una de las prioridades en esta nueva fase de ejecución.

De esta forma, se va a reforzar con 1.000 millones para energías renovables e impulsar la autosuficiencia e independencia energética. El planteamiento ahora pasa por acelerar el programa de inversiones y cuando se piense en la siguiente fase referida a los créditos se orientará a las prioridades para el futuro, que pasan por la transición energética.

Con todo, desde el Gobierno subrayan que el Plan de Recuperación está ya «muy orientado» para las necesidades actuales derivadas de la guerra de Ucrania en materia energética, ya que el 40% se destina a transformación energética, incluyéndose el lanzamiento del Perte para almacenamiento energético, energías renovables e hidrógeno verde.

Flexibilización de calendario y tramitación de gastos plurianuales por ayuntamientos

La disposición introducida en el real decreto-ley del plan de choque que modifica a su vez el decreto de la reforma de la Administración tiene por objeto reformar la gestión presupuestaria de las entidades locales de manera que se agilicen algunas modificaciones presupuestarias, las transferencias de crédito, la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, según se fija en el decreto.

También se permita a las entidades locales que directamente y sin autorización del Pleno, puedan tramitar gastos plurianuales, siempre que el objeto de todas estas actuaciones sean los proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Igualmente, se realizan modificaciones para la flexibilización del calendario de cierre de ejercicio, de forma que las órdenes que regulen anualmente el calendario de operaciones de cierre del presupuestos de gastos y operaciones no presupuestarias establecerán la aplicación de plazos diferenciados para los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación, y sobre autorización para contratar, al establecer que los contratos, acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que se vayan a financiar con fondos procedentes quedan excepcionados del requisito de la autorización para contratar.

De hecho, se estipula que los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación «gozarán de preferencia para su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en su tramitación». Asimismo, los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga.

A su vez, se determina que los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan frente a los actos y decisiones dictados en relación con los contratos tienen «carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta ante los respectivos órganos competentes para resolver».

También se establece que la cuantía total máxima fijada inicialmente en la respectiva convocatoria podrá ser ampliada dentro de los créditos disponibles sin necesidad de una nueva convocatoria, y la constitución no precisará de autorización legal recogida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ni del Consejo de Ministros.

Plataforma de contratación y atención telefónica

Por otra parte, el Gobierno trabaja para poner en marcha en breve tras más de 14 meses desde el inicio de la ejecución de los fondos, la plataforma común de fondos europeos (CoFFEE), herramienta informática que servirá de soporte para centralizar la información de las convocatorias y subvenciones, poder hacer un seguimiento y el correcto control de los fondos, no esté aún plenamente operativo.

También desde el pasado viernes el número de atención telefónica 060 ha empezado a proporcionar información sobre asuntos relacionados con el Plan de Recuperación, un nuevo servicio de
asistencia y acompañamiento dirigido especialmente a particulares, pymes y autónomos que tiene como objetivo facilitar su acceso a las convocatorias de ayudas abiertas en el marco de este plan.

Por otra parte, con casi un año de retraso el Ministerio de Hacienda y Función Pública aprobó el 10 de marzo la orden que regula el funcionamiento y estructura del Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el ámbito de la Administración General del Estado, así como los procedimientos necesarios para su utilización por los departamentos ministeriales interesados.