Modo electoral ‘on’: Sánchez sube el gasto en publicidad institucional hasta 160 millones, un 30% más
El coste en las 167 campañas institucionales programadas este año se más que duplica respecto al año 2020, y se centrará en medidas preventivas de riesgo, derechos y deberes de los ciudadanos y hábitos saludables
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en un mitin del PSOE. Foto de archivo: Efe/Jorge Zapata
El año 2022 viene marcado por importantes citas electorales y la antesala a las elecciones generales del año 2023, lo que ha activo el ‘modo electoral’ en los partidos y también en Moncloa, que ha elevado de nuevo considerablemente el gasto en publicidad institucional para este año en casi un 30%, hasta rozar los 160 millones de euros.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2022, con una inversión 158,34 millones de euros en 167 campañas institucionales a lo largo del presente año, con el objetivo de «difundir información relevante para toda la ciudadanía».
Este gasto en publicidad institucional supone un incremento del 28,3% respecto a los 123,38 millones de euros del año pasado, cuando se acometieron 168 campañas, y es notablemente superior al del ejercicio 2020, el primer año de la pandemia, al más que duplicarse en comparación a los 66,05 millones de euros de entonces, cuando se desarrollaron 107 campañas.
El notable aumento del gasto en publicidad institucional para 2022 coincide con citas electorales relevantes, como los comicios autonómicos en Castilla y León el próximo domingo 13 de febrero, así como la previsión de elecciones en la región de Andalucía, previsiblemente a partir del verano, según ha dejado entrever el presidente de esa comunidad, Juan Moreno. Además, los partidos consideran 2022 un año de trascendencia y cuasi campaña prelectoral ante la celebración de elecciones generales en 2023.
Medidas preventivas de riesgos
El Plan recoge la planificación prevista en esta materia por la Administración General del Estado, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos para el año en curso, así como su contenido y asignación.
Durante el año 2022, el objetivo más buscado de entre los previstos por la Ley 29/2005 de publicidad institucional será el de anunciar medidas preventivas de riesgos, o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o para el patrimonio natural, puesto que este es el principal propósito de 66 de las 167 campañas previstas, que suponen un 39,5% del total.
En términos de presupuesto, el objetivo más buscado es el de comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social, que corresponde al 42,16% de la inversión del plan en 2022.
Derechos y deberes y hábitos saludables
En cuanto a las prioridades en las que se centra la actividad divulgativa de la Administración General del Estado para el presente año, un 42,68% del importe total previsto se destina a la difusión de mensajes sobre derechos y deberes de los ciudadanos, y un 27% se centra en la prioridad de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, y el cuidado de su entorno.
En la relación de campañas institucionales de contratación anticipada de 2022, consultada por Economía Digital, figura una campaña del Ministerio del Interior para la divulgación de la Seguridad Social por 9,95 millones de euros; así como otra del Ministerio de Agricultura para la presencia institucional de caminos naturales en ferias de ámbito nacional, por 207.922 euros.
Dentro de este Ministerio, está prevista también una campaña de comunicación sobre el valor de la política agrícola para la sociedad (2,5 millones); sobre ayudas de la PAC (300.000 euros), los planes de seguros agrarios combinados (3095.850 euros)
El Ministerio para la Transición Ecológica impulsa otra sobre el 95 aniversario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 100.000 euros, al tiempo que el Ministerio de Asuntos Económicos otra del Instituto Nacional de Ciberseguridad para la difusión de servicios públicos y concienciación en la materia para ciudadanos y empresas, con un coste de 22,91 millones de euros.
Figura también una campaña promovida por el Ministerio de Igualdad para la concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, con un coste de 7 millones de euros. Aunque las campañas de carácter comercial no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza el Plan anual, dado su interés y como viene sucediendo en últimas ediciones, se vuelven a recoger los principales datos.
