La ‘misión imposible’ de la CNMC: vigilar una volatilidad del 250% en los precios eléctricos

El impuesto a las compañías energéticas por fin ha visto la luz. Aunque todavía falta la tramitación parlamentaria que, teniendo en cuenta los últimos sobresaltos, puede pasar de todo. En este contexto, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos ya han llevado al Congreso de los Diputados la proposición de ley. No obstante, y pese a la alegría de la bancada progresista, hay un detalle del que presumen que será muy complejo de medir: la repercusión del impuesto sobre el cliente final. 

Desde el Gobierno llevan semanas insistiendo en que estos impuestos no se podrán repercutir a los usuarios. Desde las filas moradas, incluso, llegaron a pedir penas de prisión para los directivos de las compañías que lo hiciesen. Finalmente, se ha quedado en una multa que llegaría al 150% de la cantidad en que se sobrepasen en dicha repercusión.

Ante este contexto, el Ejecutivo repite una y otra vez que de ninguna manera de podrá reflejar la subida impositiva en la factura de los consumidores. Sin embrago, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, a la hora de la verdad no está todo tan claro. 

La vigilancia para que esto no suceda será encargada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador se basará en los movimientos de márgenes de los últimos años para determinar si los precios suben o bajan en consonancia con los precios mayoristas o de materias primas.  

Esta situación, según valoran desde el Gobierno, entra dentro de la lógica de mercado. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no se trata de prohibir subir los precios. Estiman que pueden reflejarse otras circunstancias, pero nunca lo harán los impuestos. 

Un mercado fuera de lo normal 

Lo que parece no haber contemplado el Gobierno, o al menos así lo quieren trasladar, es que el mercado se encuentra en una situación de extrema volatilidad. Muy extrema. En los últimos años se ha pasado, por ejemplo en el mercado mayorista de la electricidad, de precios medios que rondaban los 50 €/MWh en 2017 a costes que ahora mismo se sitúan cerca de los 200 €/MWh. 

Esto supone una variación de precios de más del 250% en el último lustro. Y todo eso sin considerar la actual situación de Rusia, donde en cuestión de pocos meses puede cambiar la situación de manera radical. Asimismo, el Gobierno no tiene en cuenta que sus propias medidas, como la ‘excepción ibérica’, pueden generar cambios bruscos. 

Todo esto conduce a que sea imposible determinar si los precios suben o bajan por el mercado, los impuestos o elementos externos. Por mucho que el Gobierno asegure lo contario.  

El Gobierno tiene previsto reunirse este viernes con los sectores afectados por estos tributos «temporales» para trasladarles los detalles de los mismos, aunque gran parte de las grandes compañías energéticas y entidades financieras ya han manifestado su rechazo a los nuevos impuestos. 

 Los pormenores del impuesto 

Además, PSOE y Unidas Podemos tienen por delante la tramitación en el Congreso de los Diputados tras el verano de esta proposición de ley, que será susceptible de enmiendas por parte de los diferentes grupos.  

Por lo que se refiere al sector eléctrico, gasista y petrolero, la prestación se fija en el 1,2% de su cifra de negocios, lo que posibilita que las aportaciones de cada grupo respondan a su cuota de mercado. 

Por otra parte, la regla general es que se sometan a la prestación los grupos económicos que ostenten la condición de operadores principales, definidos de acuerdo con las normas fiscales, lo que incluye exclusivamente a las empresas españolas del grupo, no siendo objetivo de gravamen, por tanto, la cifra de negocios obtenida por dichos grupos mediante filiales en otros países.