Las medidas del Plan de choque del Gobierno contra el impacto de la guerra de Ucrania

Con algo más de un mes desde el inicio de la invasión en Ucrania por Rusia, el Gobierno de España ha aprobado este martes el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que movilizará 16.000 millones de euros, al incluir 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebaja de impuestos a colectivos y sectores afectados y otros 10.000 millones de euros en créditos ICO, para su implementación hasta el próximo 30 de junio.

Las tres vicepresidentas (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) han sido las encargadas de desgranar el plan de choque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al plan, que han calificado de «serio y ambicioso» con los objetivos de bajar el precio del gas, electricidad y carburantes, apoyar a los sectores y empresas más afectados, garantizar suministros, proteger la estabilidad financiera, acelerar los fondos europeos y la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Entre las medidas más destacada figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Los cinco ejes del plan pasan por medidas de ayudas a familias, trabajadores y refugiados en lo referido a ayuda humanitaria; medidas para apoyar al tejido empresarial y económico; las medidas para el sector del transporte, uno de los más afectados por el encarecimiento del combustible; otro paquete de acciones en materia de ciberseguridad y las iniciativas en materia energética, en lo que destaca el acuerdo del pasado viernes en el Consejo Europeo con la «excepcionalidad» ibérica para limitar el precio en los mercados mayoristas.

Ayudas a familias: combustible bonificado, límite en alquiler y prohibición de despido

Dentro del primer eje se incluye una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de combustible repostado (gasóleo, gasolina, gas y adblue) desde este viernes y hasta el próximo 30 de junio, con un impacto presupuestario de 1.423 millones de euros. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras de un mínimo de 5 céntimos. 

De hecho, algunas ya han anunciado rebajas superiores, como es el caso de Repsol, Cepa o BP, que alcanzan 15 o 20 céntimos de bonificación. Los suministradores de carburantes y combustibles podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta bonificación y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria.

En el ámbito laboral, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Tampoco podrán utilizar  estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.

Asimismo, en materia de vivienda, de forma excepcional y con el fin de evitar una subida de alquileres que perjudique a los arrendatarios, la norma contiene también una limitación extraordinaria hasta el 30 de junio de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%.

No obstante, el inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, pero, en ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.

De igual forma, el Gobierno aumenta un 15% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital durante tres meses, tanto para nuevos solicitantes como para solicitudes no resueltas pero presentadas. El incremento se efectuará sobre el conjunto de la nómina, es decir, incluyendo el complemento de ayuda a la infancia, vigente desde el 1 de enero y que establece una ayuda de 100 euros por hijo menor de 3 años, 70 euros para menores entre 3 y 6 años y 50 euros por niño menor entre 6 y 18 años, para los hogares que lo perciben. De esta forma, los que son una única persona cobrará 220 euros de ayuda y una familia con dos miembros y dos hijos 440 euros. Se queda fuera en cambio la propuesta de Unidas Podemos de un cheque familia de 300 euros para las familias que ingresasen menos de 70.000 euros al año.

A su vez, se añadirán más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, alcanzado casi los dos millones de hogares protegidos, al incrementar en concreto 0,5 veces el IPREM por cada persona adulta que haya en la familia y en caso e que haya víctimas de género, mujer monomarental o personas de discapacidad el umbral se incrementará una vez el IPREM.  Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.

A ello se suma, tal y como ha recordado Sánchez tras su anuncio el pasado 2 de marzo, que el plan incluye la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. 

Tejido empresarial: créditos ICO, ayudas a agricultura, ganadería y pesca

En cuanto a las medidas para el tejido económico y empresarial, figura la nueva línea de créditos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 10.000 millones para cubrir las necesidades de liquidez y el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles, y podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022, con un plazo de carencia de 12 meses. También se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos ICO y el plazo de carencia en seis meses para los sectores más afectados.

Igualmente, ve la luz un paquete de ayudas para el sector agrario y pesquero de más de 430 millones entre ayudas directas y subvenciones comunitarias. El sector de la agricultura y la ganadería, que protagonizó hace unos días una multitudinaria manifestación en Madrid, recibirá 362 millones en ayudas (193,47 millones sector agrario y ganadero y 169 millones el sector productor de leche), al tiempo que se contemplan otros 68,18 millones de euros para el de la pesca extractiva y acuícola. El descuento en el combustible supondrá un impacto positivo de 78 millones para agricultores y ganaderos y otros 16 millones para pescadores.

El Gobierno pondrá a disposición de los productores de leche 169 millones de euros en ayudas directas, de los que 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas), 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal) y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).

Además, las ayudas directas del Estado para buques y empresas armadoras pesqueras para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del combustible sumarán 18,18 millones de euros y oscilarán entre los 1.550,52 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) hasta un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.

Ayudas industria electrointensiva y gasintensiva

Para la gran industria consumidora de energía se han aprobado una serie de actuaciones destinadas a ayudar a la industria gran consumidora de energía que suman 488 millones de euros.

En detalle, se incrementa el volumen de recursos para compensar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad en un 80%, con efectos desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 y un coste de 225 millones de euros.

En paralelo, se destinarán 125 millones de euros en ayudas directas a empresas gasintensivas, de lo que se beneficiarán unas 1.600 empresas, de las cuales el 88% son pymes. Los sectores que se van a beneficiar de estas ayudas son el papel y el cartón, el vidrio y la cerámica.

Se ha autorizado igualmente la convocatoria para la concesión de las subvenciones recogidas en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El importe máximo autorizado es de 73,6 millones de euros.

A su vez, se ha aprobado un aumento de 65 millones de euros para compensar los costes de emisión de CO2 para este año. Con este incremento se alcanza un total de 244 millones de euros, lo que permite alcanzar el máximo autorizado por la Comisión Europea

Paquete de 1.000 millones en ayudas al sector del transporte

Sin duda uno de los sectores más afectados por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania está siendo el sector del transporte, que acumula 15 días consecutivos de paros convocados por la Plataforma de Defensa del sector del transporte a pesar del acuerdo alcanzado el pasado jueves de madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que representa al 90% del sector.

Este paquete para el transporte contempla la rebaja mínima de 20 céntimos de euros por litro de combustible, un fondo de 450 millones en ayudas directas a empresas del sector del transporte, mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo, de forma que la cuantía alcanza los 1.250 euros para el camión, 900 euros al autobús, 500 por furgoneta o 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC o ambulancias).

También se acorta de tres meses a uno el plazo para la devolución del impuesto sobre hidrocarburos y la se impulsará el cambio legislativo que permita que los transportistas trabajar con un «precio justo» como sucedió con agricultores y ganaderos en la Ley de Cadena alimentaria, entre otras medidas.

Cultura, ciberseguridad y refugiados

El plan de choque recoge también medidas de incentivos a la industria cultural. Se prevé ampliar los plazos para las películas beneficiarias de ayudas en el periodo 2020 a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra.

Otro de los ejes del Plan de choque que se aprobará en Consejo de Ministros este martes es el referido a la ciberseguridad, en el que se encuadra el nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones con 150 actuaciones esenciales para garantizar la ciberseguridad.

La creación del Centro Nacional de operaciones de ciberseguridad y el fortalecimiento de la seguridad de nuevas redes de comunicaciones electrónicas de 5G para la prestación de servicios imprescindibles para el transporte de energía o medicina son otras de las palancas de actuación.

El real decreto-ley también incluye como medida la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania.Se trata en todo caso de un esquema de financiación puente, dado que el impacto de la crisis será financiado por fondos europeos, a partir del Reglamento CARE (Cohesion´s Action for Refugees in Europe) y la flexibilización del uso de fondos REACT-EU para hacer frente a la emergencia de Ucrania.

Energía: fijar precio del gas y reducir recargos y beneficios extra de eléctricas

El último eje, y quizá el más importante dada la relevancia del impacto de la crisis energética desatada por el aumento de los precios del gas en los mercados internacionales, es el referido al ámbito energético, toda vez que España logró junto a Portugal en el Consejo Europeo que la UE reconozca la ‘excepcionalidad’ energética de la península ibérica.

Ambos países presentarán esta misma semana a la Comisión Europea una media «excepcional y temporal» de fijación del precio del gas para la producción de electricidad. 

Otra de las medidas energéticas será la actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (Recore), plantas que perciben unas primas para obtener una rentabilidad del 7,1%, lo que supondrá una rebaja de cargos del sistema eléctrico de en torno a 1.800 millones este año. Ello permitirá que dichos recargos se reduzcan hasta el 55% en 2022.

Y además se extenderá hasta el 30 de junio el mecanismo que debe reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico causado por el elevado precio de la cotización del gas en los mercados internacionales con ciertas modificaciones para reforzar la eficacia y adaptarlo a directrices europeas. Se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo desde la entrada de la norma, si dicho precio es superior a 67 €/MWh.

También se aceleran los procesos de autorización para instalar generación eólica y solar en áreas con poco impacto ambiental y se reservan al menos 7 GW de capacidad de acceso para autoconsumo. Junto a ello, las reservas estratégicas de gas natural pasarán de 20 días de consumo a 27,5 días, con mayor flexibilidad.