El mecanismo de ajuste de las pensiones de Escrivá tendrá «efectos semejantes» al del PP

El Gobierno ultima su propuesta para el denominado mecanismo de equidad intergeneracional, el nuevo instrumento que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del PP, que planteaba un ajuste de la pensión conforme a la esperanza de vida, sin embargo ambos mecanismos tendrán «efectos semejantes», aunque no presentará los mismos «problemas».

Así lo ha admitido este martes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cifras de la Seguridad Social, en la que ha referido al nuevo mecanismo de ajuste final en las pensiones.

Arroyo ha anticipado que el nuevo mecanismo tendrá unos «efectos semejantes» a los que tenía el factor de sostenibilidad, pero con el nuevo diseño no tendrá los «problemas» que a su juicio presentaba el factor ideado por el PP, que fue «muy afortunado» en su nombre porque en verdad su impacto no era tal relevante «cuantitativamente» a la hora de reducir las pensiones.

Se ha limitado a indicar que el Ministerio trabaja en el mecanismo, siendo consciente de que «los plazos avanzan», pero con la intención de lograr un acuerdo con los interlocutores sociales antes de presentarlo. De hecho, cree que hay «muy buena base para el acuerdo» porque lo contemplaba la primera fase de la reforma de pensiones aprobada en verano, actualmente en tramitación.

Precisamente, en un contexto de crisis en el Gobierno por la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad Social no ha presentado todavía su propuesta para el mecanismo de equidad intergeneracional y dejará su negociación para apenas dos semanas antes del límite fijado en el 15 de noviembre.

Un mecanismo polémico

Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran a Economía Digital que los tiempos se establecieron en un calendario a la vuelta del verano y nunca se habló de que se fuese a presentar este lunes, por lo que “no hay ningún retraso”.

Con todo, el Gobierno dispone hasta el 15 de noviembre para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitacón parlamentaria de la primera parte de la reforma, tras haberse derogado el polémico factor de sostenibilidad del PP que no llegó a aplicarse. Este contemplaba un ajuste en las pensiones conforme a la esperanza de vida, que podría llegar al 50%, según el Gobierno actual.

A comienzos del mes de julio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, causó polémica la afirmar en una entrevista que la generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 (‘baby boomers’) tendrían que elegir entre «un pequeño ajuste» en la pensión o «trabajar un poco más«, ya que al ser una generación «más ancha» tienen que asumir «algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo».

Más tarde se retractó y hasta la fecha no ha dado detalles sobre este futuro mecanismo, pero ha explicado que será “contingente y secundario”, por lo que solo implicará recorte de las pensiones si dentro de unos años “pasara algo”, a modo de mecanismo de “ajuste final” para asegurar la sostenibilidad si es preciso cuadrar las cuentas a futuro.

«El mejor momento» para ligar pensiones al IPC

En su comparecencia, Arroyo ha defendido que las previsiones de ingresos «no son optimistas» y ha asegurado que el déficit del sistema de la Seguridad Social se situará en torno a 18.000 millones este año (1,6% del PIB), pero bajará al 0,5% en 2022 y será prácticamente cero en 2023, de forma que en 2024 se registrará incluso un «ligero superávit».

En la corrección del déficit ha indicado que influye el alza de las cotizaciones gracias a la recuperación, ya que sufragan el 90% del gasto en pensiones, y la mejora de ingresos tras haberse recuperado los niveles previos a la pandemia. De hecho, ha anticipado que en octubre se volverán a registrar cifras de ocupación de unas 100.000 personas por tercer mes consecutivo.

Pero sobre todo contribuye a rebajar el déficit del sistema la inyección de recursos del Estado a la Seguridad Social para asumir los gastos impropios por políticas aprobadas por gobiernos previos.

En concreto, los Presupuestos de 2022 recogen una nueva transferencia récord del Estado a la Seguridad Social de 36.276 millones, un 16,4% más, y un nuevo préstamo de 6.982 millones para poder pagar las pensiones y equilibrar las cuentas. Una inyección total de 43.300 millones de euros.

En este contexto, ante la preocupación por el aumento del gasto que comportará la indexación de las pensiones con arreglo al IPC, sobre la que ha alertado también el Banco de España, Arroyo ha defendido que es «el mejor momento» para hacerlo ante la alta inflación, para «proteger» a los pensionistas de esa subida de precios y garantizar su poder adquisitivo.

El secretario de Estado de la Seguridad Social ha indicado que no prevé que la primera parte de la reforma de pensiones en tramitación parlamentaria pueda entrar en vigor este año y por eso se ha incluido la indexación de pensiones al IPC en los Presupuestos. En todo caso, ha indicado que no tendrá un gran impacto a corto plazo, sino a medio y largo plazo, sobre todo pensada para 2050 ante la previsión de un aumento del gasto por la jubilación de los ‘baby boomers’.

Fondo público de pensiones: incentivar los planes de empleo

Sobre el también polémico fondo público de pensiones que prepara el Ministerio, Arroyo ha defendido la intención gubernamental de potenciar los planes de empleo frente a los planes privados de ahorro individual, ya que estos últimos incluyen comisiones en un nivel «4 o 5 veces» superior a los de empleo, que puede suponer un menor ahorro de entre el 20% y el 30% en el momento de la jubilación.

Por ello, sostiene que el Estado «está gastando mal» dando incentivos a los planes individuales, y debe. trasladar incentivos de unos planes a otros. Los Presupuestos mantienen en 10.000 euros la aportación total a los planes de pensiones, pero ‘castiga’ el ahorro privado, ya que reduce en 500 euros, hasta los 1.500 euros el límite de aportación deducible en los planes de pensiones privados, por lo que los trabajadores que contraten de forma directa los planes de pensiones tendrán derecho a una menor deducción.

En cambio, incrementa la aportación máxima de los planes privados de empresa de 8.000 a 8.500 euros. Es decir, aumenta las desgravaciones si se decide ahorrar para la jubilación mediante productos colectivos o planes de empleo. 

Las gestoras de fondos de pensiones se oponen al considerar que desincentiva el ahorro individual para la jubilación y Escrivá también ha chocado con los sindicatos, ya que se oponen a negociar el fondo público de pensiones en medio de la renovación del Pacto de Toledo.

Déficit de plantilla: «Va a más»

El ‘número dos’ de la Seguridad Social también ha alertado sobre la reducción «enorme» de la plantilla de la Seguridad Social por la jubilación, a pesar de que se incorpora «mucha gente», pero cada año se retira en torno a un 5% de los efectivos por jubilación.

«Hemos periodo un 20% de número de trabajadores en los últimos años, va a ir a más, tenemos una plantilla envejecida y cuesta mucho mantener una red tan amplia con un número de trabajadores menguantes», ha avisado.

Ello, ha dicho, obliga a un «replanteamiento técnico y tecnológico de la forma de trabajar», si bien ha dicho que la voluntad es mantener la estructura, y ha instado a mejorar los recursos, tal y como fija el Pacto de Toledo.