Madrid, excluida de un informe de 12 CCAA que pide la armonización fiscal

Un informe elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona con la colaboración de un docena de comunidades autónomas excluye a la Comunidad de Madrid del mismo y aboga por la armonización fiscal con la fijación de tipos mínimos.

Desde hace años se celebra en el Senado el denominado Foro de las Autonomías en el que se analiza la gestión de los gobiernos regionales y se abordan asuntos trascendentales como la financiación autonómica.

Este año se ha celebrado la décima edición del foro, organizado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona, con el apoyo del Senado, de la Fundación Manuel Giménez Abad y de buena parte de comunidades autónomas.

En el marco de la antesala del foro se ha presentado el XXXI Informe de las CCAA Del Observatorio de Derecho Público IDP, elaborado por más de una treintena de profesores y catedráticos de Derecho Constitucional, Administrativo e Internacional de distintas universidades.

Madrid, no invitada a participar

El informe ha sido encargado y patrocinado por el Senado y por consejerías, viceconsejerías y presidencias de 12 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y País Vasco.

Las cinco comunidades que no han formado parte de las regiones colaboradoras del informe, elaborado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona, son Murcia, La Rioja, Canarias, Asturias y la Comunidad de Madrid. El documento corrió a cargo de realizado varios expertos de Derecho Constitucional de distintas universidades españolas.

La exclusión de la Comunidad de Madrid del informe reviste mayor importancia por la guerra abierta entre el Gobierno central y el PP y las comunidades en las que gobierna, sobre todo con la región madrileña presidida por Isabel Díaz Ayuso, por la política fiscal y la pretendida armonización fiscal, que les ha llevado a un constante cruce de reproches desde hace dos años.

Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman a Economía Digital que no tienen constancia alguna de haber recibido invitación a participar en el informe, que fue presentado este miércoles en el Senado en el marco de la jornada del X Foro de las Autonomías.

La ‘guerra fiscal’ entre Madrid y el Gobierno

Los ‘populares’, sobre todo de Madrid, defienden un modelo de bajos impuestos para impulsar el crecimiento y con ello la creación de empleo, frente a la subida de impuestos y la armonización fiscal que pretende acometer el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, proclives a un aumento de la presión fiscal para obtener más ingresos.

El Ministerio de Hacienda constituyó el pasado mes de febrero el grupo de expertos encargado de acometer la reforma fiscal en profundidad, cuyas conclusiones tendrá que tener listas en febrero de 2022 a más tardar, para implementar progresivamente las medidas, sobre todo en los Presupuestos de 2023.

La titular de Hacienda ha defendido en los últimos meses la necesidad de armonizar lo que denomina impuestos a la riqueza (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio) para hacer frente al ‘dumping fiscal’ que considera que acometen algunas regiones, como la comunidad madrileña, ante su política de bajos impuestos y la bonificación al 99% o 100% de esos tributos.

De hecho, Díaz Ayuso ya avanzó antes de su victoria electoral que aprobaría la “mayor bajada de impuestos de la historia” y en septiembre la eliminación los tres últimos tributos propios de la región.

Armonización fiscal y corregir «desigualdad» fiscal con País Vasco y Navarra

El informe de las comunidades autónomas, que analiza la gestión de los gobiernos regionales durante el año 2020, señala que una «cierta armonización o convergencia de algunos impuestos», posiblemente mediante un tipo mínimo, podría incluirse en la reforma del modelo de financiación.

A resultas de la crisis, señalan los expertos, el mantenimiento de los fondos extraordinarios de financiación se antoja inevitable, aunque sería conveniente seguir compaginándola con una creciente facilitación del acceso de las CCAA a los mercados de deuda.

En un contexto de fuerte crisis económica los expertos admiten que no resulta «nada sencillo» remodelar el sistema de financiación de las CCAA. «El nuevo retraso puede justificarse en la necesidad de tomar en cuenta, al confeccionar el próximo modelo, las consecuencias de esta crisis en deuda, destrucción de empleo y tejido productivo», consideran los expertos.

El estudio destaca las importantes deficiencias del modelo anterior respecto de Valencia y Murcia, autonomías a las que habría que sumar otras del corredor mediterráneo y Andalucía, y defiende que el nuevo modelo debería contemplar por un lado la necesidad de «revisar los desequilibrios entre CCAA y el Gobierno«, ya que las primeras son las responsables de gestionar los servicios públicos esenciales nuestro Estado Social, pero el segundo debe cumplir adecuadamente su función de coordinación y estabilización.

En la misma línea, pide abordar las «desigualdades» en financiación entre las comunidades autónomas de régimen especial o foral y de las de régimen general deberían abordarse, previendo unos mecanismos de convergencia progresiva, como el refuerzo de ciertos fondos y la mejora del modelo de nivelación.

Consenso en Sociedades pero dudas en Patrimonio

Precisamente el miércoles el Consejo General de Economistas (CGE) celebró una jornada sobre financiación autonómica, en la que participaron los expertos en tributación territorial Ángel de la Fuente (Fedea) y el exconseller Antoni Castells, quienes coincidieron en la conveniencia de fijar un tipo mínimo autonómico para el Impuesto de Sociedades.

De la Fuente aboga por armonizar el cálculo de los impuestos, de forma que la base tributaria imponible liquidable sea la misma pero se restrinja a la autonomía la fijación de los tipos, para facilitar el cumplimiento y lograr un sistema «más transparente y sencillo». Tras pedir perfeccionar el cálculo de la recaudación normativa para que las rebajas tengan un coste más claro vía aportación al Fondo de Garantía, el experto dijo ver «mal diseñado» el impuesto de Patrimonio por presentar «rendijas» para evitarlo, por lo que cree que debería desaparecer.

Ambos expertos, que coincidieron en que las CCAA peor financiadas son Valencia, Murcia y Andalucía, tras mejorar notablemente Baleares con la última reforma de 2009, avisaron sobre lo «dañino» de una competencia fiscal a la baja, si bien reclamaron la autonomía fiscal de las CCAA, aunque defendieron la conveniencia de fijar unos tipos mínimos en determinados impuestos buscando un «equilibrio.

El presidente del CGE, Valentín Pich, pidió poner «las cartas sobre la mesa» para «no perder el tiempo», ya que el déficit se va a cumulando y al final acabará solucionándose con «menos gastos y más impuestos» si no se pone remedio antes.