Luz verde del Gobierno a las pensiones de 2022: la máxima sube a 2.819 euros y la mínima a 721 euros
La pensiones contributivas sube un 2% y las mínimas y no contributivas un 3%, a lo que se suma la 'paguilla' de enero para compensar por el IPC de 2021, cuando la Seguridad Social redujo su déficit al 1% del PIB
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas y de otras prestaciones públicas para 2022, incluyendo la denominada y última ‘paguilla’ de las pensiones, por lo que se elevarán las pensiones para 11,5 millones de prestaciones con un coste de 6.500 millones de euros, fijando la pensión mínima en 721 euros y la máxima en 2.819 euros.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «a partir de ahora las pensiones se revalorizarán indefinidamente para mantener el poder adquisitivo», por lo que se aporta un «marco de certidumbre» con el que las pensiones subirán con arreglo a la media anual de la inflación en el mes de noviembre.
La subida, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las clases pasivas del Estado, mientras que el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas (al igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será del 3%. En concreto, el aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio e incluida en la Ley de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre que sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo.
La revalorización, recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, llegará a 11,5 millones de prestaciones y su importe total asciende a 3.900 millones de euros. Además, el Real Decreto incluye paga compensatoria (conocida como ‘paguilla’) para los pensionistas y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital por la revalorización de 2021, que fue del 0,9% y por tanto inferior al IPC registrado en ese año (media del 3,1%).
Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta paga es de 250 euros, con un coste de 2.600 millones de euros. Así las cosas, el gasto total alcanza los 6.500 millones entre la revalorización de las pensiones y hacer efectiva la ‘paguilla’.
Así quedan las cuantías de las pensiones
En conjunto, la pensión media sube en 651 euros anuales respecto a 2021, al pasar de 15.774 euros a 16.424 euros, lo que supone una media de 1.173,14 euros en 14 pagas.
Además, con esta revalorización, en 2022 la pensión mínima de jubilación será de 10.103,80 euros anuales (721,7 euros al mes) en el caso unifamiliar (frente a los 9.808,4 de 2021, una vez revalorizada con el IPC con los datos definitivos) y de 12.467 en los casos con cónyuge a cargo (en 2021, era de 12.103).
Mientras, la pensión de jubilación máxima llega a los 39.468,66 euros anuales, 962,78 euros más que en 2021 (38.505,88), lo que supone una media de 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas.
El déficit de la Seguridad Social baja al 1% del PIB en 2021 y habrá equilibrio en 2023
Por otra parte, Escrivá ha aprovechado para destacar que la garantía del poder adquisitivo de las pensiones es compatible con el avance hacia el equilibrio presupuestario en las cuentas de la Seguridad Social.
En este sentido, ha avanzado que en 2021 el déficit del sistema cerró en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas menos de lo inicialmente esperado y que se reducirá a la mitad en este ejercicio, gracias a dos palancas, que están incrementando los ingresos de la Seguridad Social, con la previsión de que a final de la legislatura, en 2023, el sistema alcance el equilibrio presupuestario.
La mejora se ha debido a la «positiva evolución del empleo», con 400.000 afiliados más que antes de la pandemia, se está traduciendo en un fuerte incremento de la recaudación por cotizaciones sociales, que en 2021 alcanzó el récord de 132.000 millones de euros (11% del PIB), un 10% más que el año anterior y un 6% más que 2019.
A ello se añade que, en cumplimiento de la Recomendación 1 del Pacto de Toledo, los Presupuestos Generales del Estado han absorbido ya la mayor parte de los gastos de políticas públicas no contributivas, conocidos como ‘gastos impropios’, que hasta ahora financiaba la Seguridad Social. El año pasado se transfirieron 13.800 millones y este año se hará lo propio con otros 18.300 millones, que permitirán cubrir un 80% de esos gastos, y en 2023 se cubrirán el 100%.