Lucha contra la morosidad en los municipios: Hacienda lanza un plan para acelerar el pago de facturas

La crisis de la Covid-19 ha vuelto a aumentar los plazos de pago a proveedores en muchos ayuntamiento y por ello el Gobierno diseñó un plan de pago a proveedores en los Presupuestos de 2022. Ahora el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha puesto en marcha este mecanismo extraordinario para pagar de forma más ágil a los proveedores de las entidades locales en 2022 y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, el máximo establecido por ley.

Este instrumento de financiación viene regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, dotado con 2.000 millones de euros, y se ha materializado a través de una resolución emitida el pasado 7 de enero por la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL), dependiente de Hacienda, en la que se han dictado instrucciones para la puesta en marcha de este mecanismo extraordinario de financiación, iniciado ya el pasado 17 de enero.

En concreto, para posibilitar a los proveedores el cobro de sus facturas por este cauce, la norma obliga a las administraciones afectadas a comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación a Entidades Locales, a través del que se efectuará directamente el pago de dichas obligaciones.

En total, el número de entidades locales afectadas por la medida es de 1.640, la mayoría ayuntamientos. Además, se incluyen 670 entidades dependientes de las anteriores. No obstante, de todas ellas, sólo tienen que acogerse a esta medida las que tengan facturas y obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021.

Condiciones

La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas por este procedimiento es que se traten de obligaciones generadas por obras, servicios o suministros pendientes de pago antes del 1 de julio de 2021, y aceptar este medio de pago, lo que podrán hacer en una plataforma informática habilitada por la Agencia Tributaria.

El objetivo es garantizar a los proveedores el cobro de las facturas pendientes más antiguas, las anteriores a la citada fecha de 1 de julio de 2021, que tengan con las entidades locales que han acreditado un periodo medio en el pago de sus obligaciones superior a 30 días en diciembre de 2020 o en marzo o junio de 2021.

Para conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales afectadas deberán remitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Función Pública, hasta el próximo 11 de febrero, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago anteriores a 1 de julio de 2021, a través de la plataforma informática. En ellas debe constar, entre otros  datos, la identificación del proveedor, de las facturas, su importe y la fecha de recepción de la factura. Los proveedores podrán consultar la inclusión y las cuantías de las facturas pendientes de pago.

En el caso de que no aparezcan en el listado, podrán reclamar a la entidad local, aportando la documentación necesaria, que emita un certificado individual. El plazo que tienen los proveedores para consultar y aceptar el cobro de dichas facturas a través de este procedimiento comienza el 12 de febrero y finaliza el 25 de febrero de 2022. Para utilizar este medio de cobro, los proveedores deberán aceptarlo expresamente en relación con las facturas accediendo a la citada plataforma.

Adhesión al fondo de financiación a entidades: endeudamiento y plan de ajuste

Si no manifiestan esa aceptación, podrán cobrar por los procedimientos habituales. Los interventores de las entidades locales deben comunicar la relación definitiva de facturas en la plataforma informática de la AEAT con la fecha límite del 11 de marzo, momento a partir del cual quedarán adheridos al Fondo de Financiación a Entidades Locales, que gestiona el Ministerio de Hacienda y Función Pública, mediante el que se abonarán las facturas comunicadas por las administraciones locales y aceptadas por los proveedores.

Respecto al instrumento para financiar las obligaciones de pago abonadas, Hacienda explica que las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con «ventajosas condiciones» financieras, que aseguren la viabilidad de la operación y que aprobará la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Para ello, una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local debe elaborar un plan de ajuste (requisito imprescindible para formalizar los préstamos), que deberá aprobarse antes del 22 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que realizará una valoración y comunicará las modificaciones pertinentes antes del 21 de abril.

Hacienda señala que el objetivo de este plan será únicamente garantizar la sostenibilidad de la situación financiera del ayuntamiento, es decir, que cuente con suficiente financiación de los servicios públicos y para abordar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento. Las cantidades abonadas por el Fondo de Financiación a Entidades Locales serán devueltas mediante retención de su participación en los Tributos del Estado. Los interesados pueden acceder a la información completa sobre este procedimiento en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Los ayuntamientos tardan 63,49 días en pagar

Bruselas apercibió a mediados de junio a España por la morosidad de las administraciones publicas y desde entonces ha ido prorrogando el plazo para la adopción de medidas que la reduzcan al cuestionar las que le iba trasladando.

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda referidos a noviembre de 2021, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) en las comunidades autónomas alcanzó en noviembre los 26,6 días, con lo que acumulan un año completo con plazos de pago por debajo de los 30 días, el plazo máximo establecido en la normativa.

Por el contrario, el Estado tardó 28,73 días, loo que supone 7,19 días menos, mientras que las entidades locales se demoran 63,49 días. Aunque baja en 2,61 días, se trata del doble de lo legalmente fijado. De su lado, los Fondos de la Seguridad Social pagan en 8,53 días, 2,87 días menos.