Los nuevos impuestos europeos que verán la luz para sufragar el fondo de 750.000 millones

La crisis financiera del año 2008 no obtuvo una respuesta plenamente uniforme en el marco de la Unión Europea y produjo una afectación desigual entre algunos Estados miembros, con especial impacto en los países del sur del continente, como España, Portugal, Italia o Grecia. 

Con el estallido de la pandemia de la Covid-19 desde marzo del año pasado y la consecuente crisis sanitaria y económica en la Unión Europea se propusieron actuar de inmediato para no repetir los errores del pasado y dar una respuesta adecuada para paliar los efectos en el tejido productivo y los ciudadanos. 

El Banco Central Europeo (BCE) desde el mismo 12 de marzo, antes incluso de la declaración del Estado de alarma en España, adoptó un paquete de medidas para asegurar la plena liquidez de los mercados y del sistema financiero, y desde entonces ha ido manteniendo los tipos y ampliando el programa de activos. 

A su vez, el Eurogrupo aprobó un primer paquete de medidas el 9 de abril de 2020 (posteriormente adoptado por el Consejo de la Unión el 23 del mismo mes) de 540.000 millones de euros en forma de préstamos destinado a hacer frente a la emergencia sanitaria y a sus efectos inmediatos sobre la actividad económica y la ocupación.  

Además, y de gran relevancia, se adoptó la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 (su posible prorroga a 2022 se abordará por el Eurogrupo antes del verano), y el 21 de julio se adoptó el acuerdo del fondo Next Generation EU, un paquete que alcanza la histórica cifra de 750.000 millones y que se compara con el Plan ‘Marshall’ adoptado tras la crisis de los años 20 en Estados Unidos por su magnitud. 

Cuatro nuevas tasas

Para sufragar este histórico paquete de estímulos la Unión Europea planea por ahora la creación de varios impuestos propios con el fin de hacer frente a la deuda que tendrá que asumir en el mismo nivel que el del fondo. 

Tal y como recoge el informe ‘Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea’ elaborado por el Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política europeG, el acuerdo del Consejo prevé un incremento de los recursos propios para poder hacer frente a este futuro mayor gasto y hace referencia a nuevos impuestos. 

En concreto, por ahora se contempla un tasa sobre el plástico no reciclado, previsto de aplicación desde el 1 de enero de 2021, un ‘carbon border adjustment mechanism’ e ingresos procedentes de un esquema revisado de negociación de derechos de emisión (emissions trading system, ETS)  

Además, también se contemplan dos tributos aprobados ya a escala nacional, aunque no se ha comenzado su liquidación tras haberlo ido postergando el Ministerio de Hacienda. Se trata de un impuesto digital a aplicar, como muy tarde, a partir del 1 de enero de 2023, y de un impuesto sobre las transacciones financieras.  

Estos dos impuestos, conocidos como tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, se llevan discutiendo un largo tiempo a escala internacional en el seno de la OCDE y el G-20 y aunque son pocos los países que han adoptado el primer tributo, España decidió aprobarlo el año pasado, si bien el Gobierno ya ha indicado que cuando se consensue a nivel internacional se procederá a su adaptación. 

Estos nuevos recursos propios tendrían que permitir hacer frente al mayor gasto derivado de la carga financiera que comporta la emisión de deuda necesaria para financiar el NGEU, y que puede suponer entre un 8,6% y un 9,3% del actual presupuesto comunitario. Esto sin considerar la posibilidad que una parte del mayor gasto que se realizará durante los años 2021-2023 no se consolide en el futuro, señala el informe. 

Préstamos y subvenciones

Los 750.000 millones del fondo de reconstrucción se implementarán a través del presupuesto de la UE, lo que da a la Comisión Europea un papel especialmente relevante en su materialización y se canalizarán en forma de subvenciones (390.000 millones) y de préstamos (350.000 millones). El 70% de las subvenciones tiene que ser comprometido en los dos primeros años y el 30% en 2023.  

Para la financiación del NGEU la Comisión Europea está autorizada a emitir deuda (con el respaldo de la UE) por un importe total de 750.000 millones de euros, a falta de cerrarse la firma de la denominada ‘decisión de recursos propios’ para la ejecución de dicha emisión.  

Hasta el año 2026 se pueden realizar emisiones netas (lo que equivale a disfrutar de un periodo de carencia hasta subvenciones procedentes del NGEU y puede ser perfectamente que pidan préstamos para cofinanciar los proyectos correspondientes. este momento) y los vencimientos de estas emisiones pueden llegar hasta el 31 de diciembre de 2058.  

En la práctica, esto quiere decir que la financiación se realizará con emisiones a 38 años, con seis de carencia. Los 360.000 millones destinados a préstamos no suponen ninguna carga adicional para el presupuesto comunitario, puesto que los pagarán los mismos estados prestatarios.  

En cuanto a los 390.000 millones de subvenciones, en las condiciones actuales de tipos de interés, la carga financiera derivada de este endeudamiento es relativamente modesta, teniendo en cuenta su magnitud, puede suponer entre el 1,3% y el 2,5% del presupuesto los seis primeros años y entre el 8,6% y el 9,3% los 32 restantes, dependiendo del tipo de interés al que se coloquen las emisiones. 

Además, los 750.000 millones del NGEU se incorporan al marco financiero plurianual 2021-2026 (1.074.300 M€), es decir, al presupuesto de la UE, que es responsabilidad y está administrado y gestionado por la Comisión. 

Recursos de alcance “menor” 

Durante la presentación del informe, el director de EuropeG, Antoni Castells, dijo ver «insuficiente» el esfuerzo fiscal de la UE ante la crisis y consideró los nuevos recursos previstos de un alcance «menor», por lo que insistió en que si se quiere avanzar hacia un presupuesto comunitario, habría que recurrir a otros impuestos con una mayor potencia recaudatoria. 

De esta forma, propuso avanzar hacia un IVA a nivel comunitario y que una parte de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades se dirija a la caja comunitaria para destinarlo a un segundo de desempleo en la UE. Recientemente se produjeron propuesta similares por parte de la Administración Biden y el FMI para consensuar un tipo mínimo por este tributo a escala internacional. 

De cualquier forma, indicó que primero hay que cerrar el “paréntesis” de la crisis y posteriormente ocuparse del déficit y la deuda mientras no alcancen unos niveles inasumibles. 
 
A su juicio, la respuesta europea puede suponer un paso “cualitativamente importante” en la aceleración del proceso de integración europea, puesto que abre la vía a avances interesantes hacia una unión fiscal. En concreto, cree que puede suponer un avance hacia un presupuesto comunitario «digno», unos recursos obtenidos directamente en forma de impuestos pagados por los ciudadanos y un Tesoro capaz de emitir deuda, así como para la postergada unión fiscal.
 

Igualmente, EuropeG recomienda que se realice una fiscalización “rigurosa» de los recursos destinados a diferentes países a través de los fondos europeos y que se evite la tentación de atender intereses políticos o de grupos económicos próximos al poder. También pide evitar la aplicación de prácticas como la “perdigonada”, que consiste en la fragmentación de los fondos en innumerables proyectos de interés dudoso con el objetivo de contentar a todo el mundo”. 

España, a la cola en ayudas  con un 4,2% del PIB

En cuanto al impacto de las medidas implementadas, EuropeG calcula que las medidas que suponen un impulso fiscal directo se han situado en España en el 4,2% aual del PIB, o el 6,2% con las ayudas europeas, mientras que en Alemania se habrían movilizado un 9,7% y hasta un 10% con el apoyo comunitario. 

Reino Unido ha propiciado estímulos por el 12,5% de su PIB, similar a Estados Unidos, por encima en Japón, Canadá y Australia, entre otros), alrededor del 7% en Francia, y por debajo del 4,5% en España, Grecia y Portugal.  De hecho, según el informe España se sitúa en la cola en medidas fiscales directas. Por ejemplo, ocupa la posición 18 de las 21 economías avanzadas, según los datos del FMI.  

“En el caso español, la impresión es que se pecó de exceso de prudencia y de ortodoxia mal entendida a la hora de adoptar las medidas fiscales que hacían falta, teniendo en cuenta que la UE había dejado en suspenso las reglas de disciplina fiscal y que estaban sobre la mesa las medidas de emergencia adoptadas por el BCE para aliviar cualquier presión excesiva que pudiera aparecer sobre los bonos soberanos españoles”, señala.