Los nuevos aranceles de EEUU a España gravarían productos por valor de 260 millones de euros
Club de Exportadores ve "difícil" lograr un acuerdo en seis meses pero tiene "esperanza" en que no se apliquen los aranceles
Exportación de mercancías. Foto EFE
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa desde hace varios años en la era de Donald Trump registró esta semana un nuevo episodio, ya que el gobierno estadounidense de Joe Biden anunció que impondrá aranceles adicionales a varios productos españoles del 25% como respuesta a la ‘tasa Google’ impulsada por la Unión Europea, pero ha aplazado su implementación durante 180 días.
La Administración de EUU da esos seis meses de margen para intentar llegar a acuerdos multilaterales en materia de fiscalidad internacional en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el seno del G-20. Ya se trabaja en la OCDE en una propuesta internacional para que las grandes corporaciones tecnológicas tributen donde se localicen sus usuarios, sin importar el domicilio fiscal de las compañías.
La eventual imposición de esos nuevos aranceles se produciría como represalia por la introducción de gravámenes sobre los servicios digitales por parte de España, pero también sobre Austria, India, Italia, Turquía y Reino Unido, que también se verían afectados por los aranceles adicionales en caso de aplicarse.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha felicitado de que los EEUU hayan suspendido la aplicación de los aranceles y se ha mostrado confiada en que la suspensión resulte definitiva, pues en la visita que hizo la semana pasada a la OCDE para interesarse por el estado de as negociaciones, pudo comprobar de primera mano la «buena marcha» de las mismas.
De pulpo a calzado: impacto en un comercio de 200 millones
Sin embargo, los posibles aranceles adicionales podrían suponer un nuevo golpe a las exportaciones nacionales en un momento de recuperación tras el duro impacto de la crisis de la Covid-19, algo que se dilucidará en los próximos meses una vez se asienten los posicionamientos estratégicos en materia geopolítica y comercial de la nueva Administración americana de Joe Biden.
En cualquier caso, los productos que se verían afectados por esta serie de gravámenes que son productos alimenticios como pulpo congelado, gambas y langostinos por un lado y artículos de cristalería de interior, así como cinturones y bandoleras, bolsos o calzado, sombreros y gorros por el otro.
Según las estimaciones de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), facilitadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, el valor del comercio de las líneas arancelarias afectadas es de 227,49 millones de euros (187,7 millones de euros) en el año 2020.
No obstante, cabe tener en cuenta el retroceso del comercio sufrido en el año 2020 como consecuencia de la crisis de la Covid-19, el Estado de alarma y las restricciones de movilidad decretadas, con el consecuente parón económico y de las importaciones y exportaciones.
Por ello, si se toma como referencia el año 2019, previo a la pandemia, el valor del comercio de los productos que se podrían ver afectados fue de 318 millones de dólares (261 millones de euros).
El sector que se vería más perjudicado por su volumen de importación es el del calzado, ya que el valor del comercio de este sector con EEUU fue en 2019 de 148,3 millones de dólares (121,9 millones de euros), seguido de los bolsos, con 80,3 millones de dólares (65,9 millones de euros), cinturones y bandoleras, con 41,59 millones de dólares (34,1 millones de euros), y el pulpo, con 39,2 millones de dólares (32,2 millones de euros).
El resto de productos que podrían verse perjudicados por los nuevos aranceles presentan un valor comercial menor, como es el caso de los artículos de cristal, con 6,6 millones de dólares (5,4 millones de euros), las gambas, con 4 millones de dólares (3,3 millones de euros) y los sombreros y gorros, con 2 millones de dólares (1,6 millones de euros).
Desde BBVA Research señalan a Economía Digital que el comercio con EEUU es «relativamente reducido», puesto que las exportaciones de bienes apenas alcanzan el 1% del PIB, aunque matizan que esto no quiere decir que en el caso de que vean la luz los aranceles no vaya a haber regiones, empresas o sectores que se vena perjudicados.
Club de Exportadores ve «difícil» el acuerdo pero tiene «esperanza»
Por su parte, desde el Club de Exportadores confían, al igual que el Gobierno, en que los aranceles anunciados por Estados Unidos puedan no llegar a aplicarse. No obstante, el presidente del Club, Antonio Bonet, señaló en declaraciones a Economía Digital que «la situación es desafiante, pues se acumulan ya largas negociaciones, y en seis meses es difícil alcanzar un acuerdo, pero un esfuerzo negociador y de responsabilidad por todas las partes implicadas es necesario para desatascar la situación».
Algunas noticias recientes, como la de que nueve productos hayan salido de la lista de aranceles, o la suspensión de estos aranceles durante un periodo de 180 días mientras continúan las negociaciones parecen indicar para Bonet que «este ejercicio de responsabilidad se está llevando a cabo por ambas partes, y da esperanza de que la disputa se pueda resolver en beneficio de todos».
Dado que en el seno de la OCDE las negociaciones continúan para llegar a un acuerdo fiscal justo y, en la situación global actual, desde el Club de Exportadores consideran que se debe apostar por «más apertura, más internacionalización y más lazos comerciales entre países, no volver a una guerra arancelaria que no es deseable para nadie».
Represalias por la ‘tasa Google’
El pronunciamiento de EEUU se ha producido tras las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses, que aunque concluyen en la imposición de aranceles adicionales fijan un periodo de hasta 180 días para completar las negociaciones multilaterales en curso sobre tributación adicional en la OCDE y el G-20.
Según la representante comercial de EUU, Katherine Tai, EEUU está «enfocado» en encontrar una solución multilateral a una variedad de problemas clave relacionados con la tributación internacional, incluidas las «preocupaciones» americanas sobre impuestos a los servicios digitales».
En el caso de la denominada ‘tasa Google’ española, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) considera que «no es razonable» al resultar discriminatoria y perjudicar los intereses comerciales de las compañías estadounidenses.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en febrero de 2020 el impuesto sobre determinados servicios digitales que grava aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 de millones de euros, con una previsión de recaudación de 968 millones de euros al año. En detalle, se dirige a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Este tributo finalmente entró en vigor el pasado 16 de enero de este año, si bien su liquidación se aplazó hasta el 30 de abril y más hasta el mes de julio, según Hacienda, ante la necesidad de ampliar el plazo de implantación de esta nueva figura y con el objetivo de permitir un margen temporal mayor para las adaptaciones técnicas y funcionales de los nuevos contribuyentes, aunque el retraso en su liquidación no afecta ni a su entrada en vigor ni a los ingresos esperados.
La primera presentación del impuesto se realizará en julio respecto al negocio generado en el primer semestre, de tal manera que se agrupan los dos primeros trimestres. Después, la liquidación se realizará de manera trimestral.
La guerra arancelaria entre EEUU y la UE
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa cogió calibre desde el año 2019 con el anuncio de imposición de aranceles por parte de la Administración de Donald Trump y su política comercial que muchos vieron como proteccionista y una amenaza para el comercio internacional y el multilateralismo, si bien el conflicto comercial entre EEUU y la UE se inició 15 años antes, en el ejercicio 2004.
El Gobierno de EUU de entonces denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un supuesto trato de favor al fabricante aeronáutico europeo Airbus en las ayudas y subvenciones otorgadas a la compañía en detrimento de su rival estadounidense (Boeing) y, a la inversa, la UE también denunció las ayudas de EEUU a Boeing.
La guerra arancelaria se desató originariamente cuando en el año 2018 la Administración de Trump impuso, basándose en una ley de 1962 y argumentando motivos de seguridad nacional, una tasa del 25% sobre las importaciones de acero y del 10% sobre el aluminio, lo que generó una respuesta europea con un aumento de aranceles a distintos productos, como zapatillas deportivas o barras de labios. No obstante, Europa y EEUU acordaron el pasado mes de mayo una tregua hasta final de año sobre estos aranceles fijados en la era Trump y encontrar una solución al exceso de capacidad en el sector.
Tras el episodio de la imposición de aranceles a la producción de aluminio y acero, la OMC dictaminó la ilegalidad de las ayudas de Europa a Airbus y autorizó en octubre de 2019 a Estados Unidos a sancionar a la UE con medidas comerciales por importe de 7.500 millones de dólares. (más de 6.100 millones de euros) por los daños sufridos por el perjuicio de las ayudas europeas a Airbus.
Un año más tarde, en octubre de 2020 la OMC autorizó a la UE a imponer aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un valor tope anual de 3.993 millones de dólares (2.900 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing entre septiembre de 2012 y septiembre de 2015 y las consecuentes pérdidas a empresas como Airbus.
Así las cosas, la Administración estadounidense de Donald Trump aprobó elevar del 10% al 15% los aranceles aplicados a los aviones importados del fabricante aeronáutico europeo Airbus, al tiempo que autorizó un incremento al 25% de la tasa aplicada a una serie de productos de alimentación, como quesos, aceite, vino, aceitunas o yogures, procedentes de los países de la UE, principalmente Alemania, España, Francia y Reino Unido.
En el caso de España se registraron pérdidas de varios centenares de millones y un retroceso en las exportaciones, sobre todo en los sectores del aceite de oliva, las aceitunas verdes, la carne de cerdo, los quesos y la mantequilla. El aumento de los aranceles en los conflictos internacionales es un recurso fácil al encarecer la importación, perjudicando así la venta de los productos procedentes del exterior y beneficiando en cambio el comercio de los productos nacionales.
En represalias a los aranceles de EEUU, la UE dio luz verde en noviembre de 2020 a aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 4.000 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros). Finalmente el pasado 15 de marzo la uE y EEUU decidieron suspender todos los aranceles que se habían fijado de forma mutua por el conflicto de los subsidios en la industria aeronáutica, perfilando así el final de una guerra comercial de más de 16 años.
Durante el curso de la investigación de EEUU el Gobierno español ha señalado reiteradamente que el impuesto español ha sido diseñado para que sea «proporcionado, neutral y no discriminatorio» y ha repetido en varias ocasiones que una vez se consensúe en el seno de la OCDE una solución. global, se procederá en España a reemplazar el impuesto nacional por dicha solución global.
