Los inspectores de Hacienda reclaman una Agencia Tributaria independiente y 3.000 efectivos más

Independencia, más efectivos y optimización de recursos. La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) tiene claro cuáles son las necesidades más perentorias de la Agencia Tributaria (AEAT) ante una situación «dramática» por la pérdida de plantilla de los últimos años y la gestión de sus recursos, ante lo que demanda elevar en 3.000 efectivos la plantilla, hasta unos 30.000 trabajadores, así como que el organismo tributario sea independiente para que el Gobierno no intervenga en su dirección y constituir oficinas de asistencia integral para eliminar las pequeñas oficinas.

Estas son algunas de las 124 propuestas de mejoras legislativas contra el fraude fiscal y la reforma de las administraciones tributarias, entregado ya al Ministerio de Hacienda, en el que propone una AEAT con naturaleza de autoridad administrativa independiente, de modo que «el Gobierno y el resto de administraciones carezca de facultades para intervenir en su dirección».

En este supuesto, habría un director general de la Agencia cuyo nombramiento requerirá una mayoría cualificada, con un mandato de cinco años renovable por otros cinco, y con unas causas de destitución tasadas y reguladas expresamente, así como un Consejo de Gobierno de la Agencia que estaría integrado por representantes de todas las administraciones públicas que participen en los ingresos públicos recaudados por la Agencia.

Asimismo, los inspectores alertan de que la AEAT adolece de una «insuficiencia crónica de recursos humanos», con una situación que en los últimos años se ha agravado hasta ser «dramática» por una pérdida de efectivos desde 2012 hasta 2019 de un 12%, de modo que «el ente contaba con el mismo personal que 20 años antes con infinidad de expedientes y funciones más. Y el futuro es más sombrío aún, pues en los próximos 5 años se jubilará el 25,6% de su actual plantilla».

En este sentido, los inspectores denuncian en su documento que la plantilla de la AEAT es ya inferior a la media de los países de del entorno y está envejecida, por lo que consideran imprescindible que se convoque oposiciones para situar la plantilla en un entorno de 30.000 efectivos para equiparse, al menos, a la media de los países de la OCDE, lo que supone sumar unos 3.000 efectivos más de forma paulatina para asegurar un relevo progresivo, objetivo que se ha marcado el propio organismo pero en un periodo de tres años, tal y como ha reiterado en varias ocasiones el director general de la AEAT, Jesús Gascón.

Los inspectors también consideran que la AEAT necesita la aprobación de su Estatuto básico, el cual lleva pendiente desde su creación en 1992, y en el que se establezcan elementos esenciales en cualquier organización moderna, como su grado de autonomía en las distintas materias organizativas (personal, presupuesto, recursos económicos) y funcionales; sus relaciones con los demás órganos de la Administración Tributaria estatal y con otras administraciones tributarias; su misión dentro del sistema tributario español; sus objetivos en los distintos horizontes temporales o su sistema de valores.

Más competencias en delitos fiscales

En su larga lista de propuestas también hace una dirigida a superar los problemas sobre la supuesta pasividad de la AEAT en recientes casos de fraude y delitos fiscales, ante lo que propone la creación de un organismo multidisciplinar que, dependiente de la Agencia Tributaria, compuesto por funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada al efecto, que asumiría las competencias de investigación del fraude fiscal organizado y del contrabando, así como del blanqueo de capitales asociado a los mismos, dependiendo de ella la policía fiscal. Sería, además, un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con los órganos del Poder Judicial, en los procesos por delito fiscal, contrabando y blanqueo.

Se crearía una Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributaria, que analizaría el éxito de las medidas de fomento del cumplimiento voluntario y de control adoptadas por la Agencia Tributaria en términos de recaudación, cumplimiento y ampliación de bases tributarias o los efectos de los beneficios fiscales, al tiempo que realizará anualmente un informe sobre la evolución de la economía sumergida en España, que actualmente los inspectores estiman entre un 20% y un 25% del PIB.

Ante el «complejo modelo organizativo español», con un Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, otro de gestión tributaria, otro de Inspección, otro de Recaudación y una Delegación Central de grandes contribuyentes, instan a desligar las labores de información de asistencia de las labores de control, y crear dos nuevos departamentos, un Departamento de Asistencia y Servicios Tributarios para facilitar el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes, y un departamento de Control Tributario y Aduanero que centralice el control.

Para mejorar en la investigación y denuncia de los delitos  contra la Hacienda Pública y el contrabando aboga por la reorganización interna de las unidades y equipos que, dentro de la AEAT, tienen competencia las tareas relacionadas con delitos contra la Hacienda Pública, y la colaboración con Fiscales y Jueces. Más adelante ve deseable que se dotara a la AEAT de mayores competencias en la investigación de estos delitos, y en el mismo orden de cosas, contar con una Policía Judicial, a través de la conversión de determinadas unidades de la AEAT en Policía Fiscal, con potestades similares al Ministerio Fiscal.

En un estadio más avanzado, proponen la creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves, dado que la investigación de los delitos fiscales y de los delitos económicos y financieros graves requiere conocimientos técnicos, contables y fiscales.Leer más: Aprobada la ley contra el fraude fiscal: inspecciones sorpresa y análisis de economía sumergida

Igualmente, plantea a creación en la AEAT de unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica, así como la constitución de juzgados especializados en delitos económicos, dada la complejidad material y la necesidad de conocimientos técnicos, contables y fiscales, que retrasan excesivamente estos juicios causando cierta sensación de impunidad.

Eliminar pequeñas oficinas y crear oficinas de asistencia integral

De igual forma, incide en la necesidad de la optimización del personal disponible mediante la distribución del mismo en oficinas y equipos más eficaces en su operativa, y con una adecuada especialización en el uso de ciertas herramientas o incluso insta a la superación de la “parcelación” territorial de los contribuyentes que realizan actividades económicas, superando el concepto geográfico y buscando los ámbitos sectoriales y las relaciones entre ellos».

Según los inspectores, actualmente a la AEAT le resulta sumamente costoso el mantenimiento de pequeñas oficinas, con poco personal, en determinadas zonas de la geografía, por lo que propone crear Oficinas de Asistencia Integral al ciudadano para conseguir ahorro de costes y eficiencia de recursos.

En estas oficinas los contribuyentes podrían obtener ayuda e información de trámites a realizar no solo con la AEAT, sino también con la Tesorería General de la Seguridad Social, otros ministerios (especialmente vinculados a Economía, Industria y Medio Ambiente) las diversas áreas de su comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente (licencias varias o tributación local), entre otros.

La «solución óptima» a su juicio pasa por la suscripción de convenios con otras administraciones y entes públicos que permitan mantener esos servicios asistenciales en zonas que pueden estar alejadas de las grandes ciudades con el fin de reducir el gasto público, y facilitar a los ciudadanos realizar toda una batería de gestiones en el mismo lugar, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.