Los funcionarios exigen una subida salarial superior al IPC

El nuevo curso político ha dado inicio con la llegada del mes de septiembre y el colectivo sindical de funcionarios se prepara para las negociaciones de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y el calendario de otros temas hasta final de año.

Uno de los principales asuntos a negociar y acordar entre el Gobierno y los sindicatos será la nueva subida salarial de los alrededor de 2,6 millones de empleados públicos que hay actualmente en España de cara al ejercicio 2022, tras el alza del 0,9% aprobado para este año en el marco de los Presupuestos.

El Gobierno fijó en su último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado 30 de abril un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022 y al menos en los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024.

Sin embargo, los sindicatos no se conforman con ese aumento, que podría rondar en torno al 2,5%, al denunciar que no se ha logrado recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años tras la congelación y las subidas escasas del salario, por lo que ya han trasladado a Función Pública y prevén tratar de lograr una propuesta de subida superior al porcentaje que determine la inflación, según han confirmado a Economía Digital en fuentes de las distintas centrales sindicales.

Recuperación gradual de lo perdido junto a la subida con el IPC

Conseguido el objetivo de retomar la vinculación al IPC, al haber quedado así fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a la anterior etapa del Ejecutivo del PP en la que se ligó al PIB, CCOO ha propuesto un nuevo acuerdo para tres años, que permita recuperar el total perdido desde 2012. El sindicato cifraba en algo más del 14% la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, de los que se ha recuperado alrededor del 6% en el período 2018-2020, por lo que quedaría por recuperarse todavía un 8% en los próximos años.

CSIF también defiende un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo y la estructura salarial perdida desde 2010, que previsiblemente se verá agravada este año como consecuencia del incremento de los precios. Según CSIF, los funcionarios arrastraban hasta el año pasado una pérdida de la capacidad de compra de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010, lo que suponía una pérdida de entre 24.500 y 53.300 euros.

Los sindicatos plantearán por tanto una recuperación porcentual cada año, además de la subida del IPC que este año podría oscilar una media del 2,5%, según las últimas previsiones de Funcas ante el repunte de los precios en los últimos meses en buena medida por los máximos históricos del precio de la electricidad.

El Gobierno estudiará la propuesta

Desde el Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que el sueldo de los funcionarios se determina en las negociaciones con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública y se fija en los PGE, por lo que abogan poresperar a ver lo que se recoge en las cuentas públicas de 2022.

En cualquier caso, desde Hacienda recuerdan que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2021 una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, en línea con la aprobada para los pensionistas conforme a la previsión de IPC. El aumento del salario de los empleados públicos ha sido, no obstante, inferior a la del 2% de 2020 que en algunos casos alcanzó hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales.

Ante la ausencia de un nuevo acuerdo marco retributivo, conforme al escenario inercial, el Gobierno fijó en el Programa de Estabilidad que más allá de este año”se ha previsto un crecimiento en línea con la evolución de precios, efecto que “se verá ligeramente consolidado por un menor crecimiento de este gasto en los años 2022, 2023 y 2024”.

Este menor crecimiento del gasto será consecuencia de la paulatina disminución de las contrataciones de personal sanitario del SNS, y de otras contrataciones asociadas a la pandemia (tales como personal auxiliar, de limpieza y desinfección, personal investigador o de seguridad), fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales, habiéndose consolidado, no obstante, una parte de este gasto.

La subida del 0,9% de este año a los empleados públicos podría quedarse corta respecto a las previsiones actuales de IPC, y respecto a la evolución que vienen registrando los precios, que cerraron agosto en el 3,3%.

Reunión este lunes: Estabilización y calendario de negociaciones

Según ha podido saber Economía Digital, este mismo lunes está prevista una reunión de los sindicatos con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, para ver la estabilización y el calendario de negociaciones de otros temas hasta final de año.

CSIF ya se ha reunido con la nueva secretaria para marcar prioridades en el nuevo curso político y retomar la negociación sobre condiciones laborales del conjunto de empleados y, en el ámbito de las plantillas, el sindicato velará por la seguridad jurídica del proyecto de Ley para reducir la temporalidad en el empleo público que iniciará estos días su trámite en el Congreso de los Diputados.

Además, exige que se elimine la tasa de reposición de las ofertas de empleo público para que las administraciones públicas puedan reforzar sus plantillas más allá de las jubilaciones, tras la última oferta de empleo público aprobada con 30.445 plazas, ante el problema del envejecimiento de plantillas y la precariedad.

Igualmente, exigirá el mantenimiento de las clases pasivas, incluido por el Gobierno en la primera parte de la reforma de las pensiones, y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de las condiciones laborales en cuestiones como la promoción interna, impulsar la movilidad voluntaria o la regulación de la carrera profesional y el impulso definitivo de la Ley de Cuerpos en el ámbito
penitenciario.

Estabilización de 300.000 interinos antes de 2025

El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024.

Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad 

También se contempla una indemnización de 20 días por año trabajado si no se superan los procesos selectivos, y estos procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación colectiva.