Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana

Los empleados de la Administración General del Estado (AGE) están de enhorabuena después de que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública haya suscrito con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG un acuerdo con los principios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).

De acuerdo con la regla general acordada, los funcionarios del Estado podrán trabajar dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo, para lo que la Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos, aplicaciones y herramientas, necesarios para su desarrollo, así como de ciberseguridad necesarias para su actividad y formación.

El teletrabajo será «voluntario, reversible, con los mismos derechos y deberes para el personal en esta modalidad que el personal en modalidad presencial, supeditado a que se garantice la prestación de servicios públicos y contará con identificación de objetivos, plan de seguimiento y evaluación del cumplimiento«, tal y como ya se había acordado en el decreto ley aprobado el pasado mes de septiembre sobre el teletrabajo en las Administraciones Públicas.

Unos 230.000 funcionarios

Según CSIF, este acuerdo afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entre otros, y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. También se podrá autorizar en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

Una vez que entre en vigor el acuerdo con carácter normativo, cada departamento, previa negociación con los sindicatos, realizará un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo en función de las tareas. Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha destacado “el paso firme dado hacia un futuro que ya está aquí”, con el acuerdo para la regulación e implantación del teletrabajo en toda la Administración General del Estado, “fruto del diálogo y el entendimiento con las organizaciones sindicales”.

Iceta ha resaltado que la AGE va a aprovechar la transformación digital del sector público, en el marco de la Estrategia
digital 2025, y la incorporación de la Administración del siglo XXI como política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para avanzar en nuevas formas de prestación de servicios públicos.

Igualdad de derechos y gastos cubiertos

El acuerdo, igualmente garantiza la igualdad de derechos para el trabajador/a respecto a la modalidad presencial (retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional), además de otros como el de intimidad o desconexión digital.

Respecto a los gastos, la Administración proporcionará los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos.

Otra de las principales novedades que contempla el acuerdo es la potenciación del teletrabajo para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida, por ejemplo, el caso de las Islas Baleares. En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, o lo que es lo mismo, se podrá teletrabajar 20 de los 22 días laborables.

El acceso a la prestación de servicios mediante teletrabajo habrá de realizarse a través de convocatorias públicas de forma periódica o a través de gestión permanente de solicitudes en condiciones de igualdad. Los solicitantes deberán encontrarse en servicio activo, se podrán tener en cuenta criterios como discapacidad, salud, víctimas de terrorismo o violencia
de género, y la autorización habrá de requerir informe previo del superior jerárquico.