Los frentes judiciales abiertos en la fusión de Caixabank y Bankia

Tras varias semanas de tira y afloja, los consejos de administración de Caixabank y Bankia aprobaron este jueves la fusión de ambas entidades. Una compañía que se erigirá como la mayor del país, ahorrará costes con las sinergias obtenidas pero que también supondrá, especialmente para la cotizada catalana, la apertura de nuevos frentes judiciales a los que deberá responder.

El caso más relevante es de la salida a bolsa de Bankia, por el que ya se espera un veredicto de la Audiencia Nacional. Su rostro más visible, el de Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, sobre el que pende una condena de 8 años y 6 meses de cárcel por dos delitos de falsedad contable y esta

El procedimiento quedó visto para sentencia el pasado 1 de octubre después de que declarasen 24 acusados, 57 testigos, y 20 peritos. Además de Rato, ya en prisión por el caso de las tarjetas black, las principales condenas propuestas para los miembros de la anterior cúpula del banco son de seis años para el exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella y cinco años para el exvicepresidente José Luis Olivas. Entre los acusados también está el exministro Ángel Acebes.

Los hechos se remontan a la salida a bolsa de la entidad en 2011. Según la Fiscalía, la compañía proporcionó información falsa a los inversores y meses después añadió un delito de falsedad contable por las cuentas de la empresa de ese mismo año, que se publicaron con un beneficio de 309 millones cuando realmente suponían unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

El Estado solo ha recuperado 3.300 millones de euros del rescate de Bankia

Camino a la quiebra, el Estado tuvo que rescatar a la firma con 24.000 millones de euros, una cifra que se antoja imposible recuperar. Hasta el momento, la entidad ya devolvió 3.300 millones de euros a través de dividendos. 

Menor será la factura del caso. La entidad que hoy en día preside José Ignacio Goirigolzarri tiene consignados dos millones de euros en la Audiencia Nacional por posibles indemnizaciones, con lo que descarta nuevos gastos surgidos del procedimiento.

Pero Bankia no es la única que firma la fusión con frentes judiciales abiertos. Aunque de menor calado, Caixabank responde por la macrocausa abierta contra la antigua cúpula del Banco de Valencia, organización que adquirió en 2012. 

La Fiscalía acusa al entonces consejo de administración de maquillaje contable de las cuentas de 2009 y 2010. De este modo, el Ministerio Público argumenta que se cometió un delito continuado de falsedad documental con penas de entre dos años y medio y cuatro años y medio para todos los integrantes del órgano de decisión.

El verdadero dolor de cabeza: el IRPH

No obstante, la atención de los gabinetes jurídicos de ambas entidades está puesta en el Tribunal Supremo, que este otoño dictará sentencia sobre las reclamaciones del índice IRPH, una alternativa hipotecaria al euribor. Hasta el momento no existe una doctrina fija sobre este ámbito, por lo que se espera el dictamen del máximo organismo para hacer decantar la balanza.

Según la asociación Asufin, existen alrededor de un millón de hipotecas fijadas con el IRPH como referencia. Caixabank tiene el 24% del total y Bankia otro 10%. Por tanto, la entidad resultante pasa a tener un tercio del total de estos contratos. En cifras, ambos bancos suman 8.000 millones de euros en hipotecas IRPH.