Los expertos de Montero le reprochan las carencias en lucha contra el fraude y piden más efectivos

El esperado y polémico informe del comité de expertos designado por el Ministerio de la futura reforma fiscal vio la luz el pasado jueves condenado a quedar guardado en un cajón temporalmente tras afirmar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no habrá subidas inmediatas de impuestos, pero el documento incide también en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal.

El denominado Libro Blanco, el documento que recoge un total de 118 propuestas a lo largo de sus 788 páginas, dedica una parte a abordar las estrategias a favor del cumplimiento tributario y la efectividad de las medidas en materia de lucha contra el fraude. Y es aquí en donde constata una dimensión temporal y comparada que revele un «diferencial negativo» para la administración tributaria española respecto al conjunto de países de la OCDE, al situarse en el furgón de cola en el número de funcionarios de la administración tributaria.

Y es que la Agencia Tributaria (AEAT) española contaba con 25.400 efectivos en el año 2019. Según detalló reciente el director general del organismo, Jesús Gascón, la Agencia ha sobrepasado el umbral de 26.000 funcionarios y tiene la aspiración de llegar a 28.000, pero habló de una «batalla complicada» por el número de jubilados, mientras que se lanza una convocatoria de alrededor de 2.100 plazas.

Precisamente el informe de los expertos incide en el aspecto del envejecimiento de la plantilla, al aludir al último informe de la OCDE sobre Administración Tributaria que apunta a que España habría sido el país en el que ha aumentado más el porcentaje de personal mayor de 54 años entre 2014 y 2019 (20 puntos). «Este déficit de recursos afecta no sólo a las actuaciones de represión del fraude sino también a las estrategias de fomento de los cumplimientos voluntarios«, denuncian los expertos.

Conocimiento limitado del fraude fiscal

Pero los reproches de los expertos no se circunscriben solo a las carencias en materia de plantilla en la AEAT, sino que señalan que el conocimiento sobre la magnitud del fraude en España es «limitado», al carecerse de estimaciones oficiales del fraude tributario o de la llamada brecha fiscal (cálculo que trata de determinar la diferencia entre lo que se recauda y lo que se debería recaudar; y que, de forma sistemática, realizan algunos países en el ámbito de la OCDE).

Aún reconociendo los expertos la dificultad intrínseca de estimar la dimensión de la economía sumergida y el fraude, la mayor parte de los estudios para España proceden del ámbito académico y apuntan, en general, hacia una incidencia de ambos problemas superior a la media del conjunto de países de la OCDE y de la UE-15, si bien más próximos a la media en el seno de la UE-27.

Desde Gestha calculan que el Fisco podría recaudar unos 33.000 millones de euros más con una mayor lucha contra el fraude fiscal. En cuanto a la elusión fiscal, el documento añade que las estimaciones más recientes apuntan a un porcentaje significativo de pérdida de recaudación en España derivada de prácticas de ‘profit shifting’ en el ámbito del impuesto sobre Sociedades.

Unidad de seguimiento y refuerzo de plantilla

Los expertos valoran las estrategias en favor del cumplimiento tributario adoptadas en los últimos meses por España, como el convenio multilateral de la OCDE para aplicar las medidas relacionadas con los convenios y prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios o la ley de lucha contra el fraude fiscal aprobada en 2021, la tercera tras las de 2012 y 2006.

Sin embargo, el comité de expertos realiza una batería de recomendaciones a incardinarse en la estrategia para mejorar el cumplimiento tributario y atajar el fraude y elusión fiscales, con actuaciones «ambiciosa y multidimensionales». Así, insta a la creación de una Unidad permanente de análisis del cumplimiento tributario para tener un conocimiento más completo y preciso de las razones que favorecen el incumplimiento, y así de la brecha fiscal y la elusión y fraude en los diferentes tributos del sistema, aprovechando, entre otros, los recursos estadísticos y el conocimiento de los que dispone la propia Administración.

En este sentido, los expertos defienden que transparentar y documentar las cifras de forma periódica ha de permitir
objetivar la dimensión del problema y afrontar los retos, así como para definir una estrategia global y ambiciosa que nos sitúe entre los países de mejor desempeño en la UE, teniendo en cuenta las distintas casuísticas. Recomienda la creación de un grupo de trabajo en el seno del Instituto de Estudios Fiscales formado por personas expertas y en colaboración con personal de la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y otros organismos públicos, con un plan de trabajo a medio plazo y recursos suficientes para desplegarlo.

Por otra parte, el comité considera que debería reforzarse los recursos humanos y materiales de la Administración tributaria no sólo a efectos de control e inspección, sino también de ayuda para la clarificación de las normas tributarias, a fin de elevar la seguridad jurídica de los contribuyentes, potenciando los perfiles de capital humano e inversiones en TIC requeridas por un escenario de digitalización creciente, con los desafíos y oportunidades que plantea ello en el ámbito del cumplimiento tributario.

«La AEAT ha avanzado muy sustancialmente en los últimos años en programas de autoliquidación en línea y otros servicios al contribuyente, se trata de un ámbito en el que la obsolescencia y las nuevas posibilidades se producen a velocidad extraordinaria10», ha apuntado, por lo que destinar recursos a aumentar el número de funcionarios dedicados a facilitar el cumplimiento, la prevención y lucha contra el fraude fiscal como inversión para obtener nuevos ingresos.

Pide mayor esfuerzo para mejorar la seguridad jurídica

De igual forma, in menoscabar el contenido de la norma, se recomienda hacer un mayor esfuerzo en mejorar la seguridad jurídica, ofreciendo criterios de la propia Administración cuando se publiquen normas relevantes, lo que puede ayudar a simplificar de entrada la aplicación de una norma compleja. Pide potenciar las clarificaciones de criterios de valoración e interpretación para reducir los costes de cumplimiento para los contribuyentes y generar mayor confianza y moral fiscal entre los mismos y una mejor utilización de los recursos administrativos.

En su opinión, hay que recortar de forma significativa el plazo para contestar a las consultas planteadas y ve «indispensable» mejorar la relación de la Administración tributaria con los contribuyentes. En este pide que se estudie la posibilidad de aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores, en línea con lo que se hace en otros países como Francia o Singapur.

Otra línea de actuación necesaria, a su juicio, es el reforzamiento de la estrategia y actuación coordinada de la AEAT y las agencias autonómicas, incluidas las forales, así como seguir incentivando el control por parte de la Administración tributaria y
en particular, un mayor control de las actividades que generan ingresos no declarados.

«Sin duda, el futuro de las Administraciones tributarias pasa por la digitalización y el uso de la tecnología de forma integrada con los contribuyentes«, sostienen los expertos, que reclaman un mayor nivel de interconexiones entre los sistemas de contribuyentes y la Administración e impulsar a medio plazo la utilización de software que incorpore vínculos directos de los contribuyentes con la Administración tributaria.

Por último, con la finalidad de disminuir la litigiosidad tributaria, el Comité considera que debe avanzarse en la adopción de medidas que eviten que los conflictos surjan o que ayuden a que éstos se resuelvan antes de llegar al ámbito judicial, incentivando las actas con acuerdo. El Comité recomienda también que se instrumenten los medios necesarios que permitan acortar en general de manera eficaz los plazos de resolución de las controversias tanto en vía económico–administrativa como judicial.

Más allá de todas las recomendaciones, los expertos avisan de que la aparición de nuevas modalidades de fraude, como consecuencia de la creación de nuevos instrumentos financieros y vehículos de inversión, o mediante el uso de nuevas tecnologías, requiere de una permanente atención por parte de la AEAT para hacer efectivo el control e impedir dichas nuevas modalidades de fraude fiscal.

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