Los ex directivos de CatalunyaCaixa: nadie es responsable de la debacle

Los ex directivos de las cajas de ahorro tienen un relato. A falta de más explicaciones, o de teorías alambicadas, la tesis es que nadie pudo prever la crisis económica y que “todos hacían lo mismo”.

Ese todos, significa “entidades financieras”, y ese “mismo” equivale a inversión y apuesta rotunda por el sector inmobiliario. La pega es que algunas entidades han resistido la tormenta, y, en cambio, CatalunyaCaixa ha sido arrastrada por ella, está en manos del Frob, no se ha podido vender en dos ocasiones, y espera ahora una tercera tentativa, con un ERE de por medio y, después de haber provocado el enojo de muchas familias, las más necesitadas.

Ni Antoni Serra Ramoneda, ex presidente, ni Josep Maria Loza, ex director general, ni Fernando Casado, efímero presidente, ofrecieron este lunes muchas respuestas.

Los diputados, en el seno de la comisión de investigación en el Parlament, se aplicaron en su labor. Pero no consiguieron gran cosa, aunque sí alguna sorpresa desagradable.

Preferentes desde las Caimán

Serra Ramoneda y Loza justificaron que la entidad emitió acciones preferentes desde las islas Caimán, con el beneplácito del Banco de España y del Ministerio de Hacienda. Fue “repugnante”, en palabras de Ramoneda, pero se hizo.

Los diputados querían saber. Querían entender qué había llevado a la ruina a una entidad que ha vivido siempre de los ahorros de familias trabajadoras. Y los ex directivos acabaron exculpándose, unos a otros, sin entrar, eso sí, en un cuerpo a cuerpo que consideraron del todo innecesario.

Así, si el ex presidente Adolf Todó, sustituido este año por el FROB al entender que ha sido lento en la toma de decisiones para acometer una reestructuración en la entidad, se otorgaba sólo un 5% del desastre, y entendía que el resto era cosa del equipo de Josep Maria Loza y de Serra Ramoneda, –en su intervención de hace unas semanas en el Parlament– el ex director general prefería no contestar.

¿Pero, qué pasó en realidad?

La compra de MNA

La causa central, en la que coinciden todos los ex directivos es la compra de la aseguradora MNA, que resultó ser una “gran pifia”, en palabras de Serra Ramoneda. Fue cosa del anterior director general, Francesc Costabella. El agujero para la entidad, porque la aseguradora iba perdiendo valor, y la entidad necesitaba venderla cuanto antes, suposo entre 35.000 y 50.000 millones de pesetas.

Loza, que fue elegido director general en 1998 –era el adjunto de Costabella– aseguró este lunes que él no tuvo nada que ver con esa compra. Y que, posteriormente, buscó soluciones. Serra Ramoneda aseguró que él propuso a Loza como sustituto de Costabella, y que Loza avisó de la situación alarmante de MNA.

A partir de esas pérdidas, nada nuevo bajo el sol. A pesar de algunos informes del Banco de España, a principios de los 2000, Caixa Catalunya se volcó en el crédito inmobiliario “como todos”, en palabras de Loza. Y es cierto que fueron todas las entidades.

¿El problema para la caja catalana? Que sus clientes eran de perfil “medio y bajo”, es decir, que sólo podían garantizar sus hipotecas con sus trabajos, y con la crisis económica, los perdieron, generando una bola de nieve que ha podido por la entidad.

Serra Ramoneda, que dirigió la entidad entre 1984 y 2005, apuntó, tímidamente, que, tal vez, debió haber sido «más vehemente en reducir la inversión inmobiliaria».

La responsabilidad, de los alcaldes

Esas son las explicaciones. Los diputados reclamaron una y otra vez a los ex directivos que de ellos se podía esperar alguna previsión por los riesgos asumidos. El incisivo diputado de la CUP, Quim Arrufat, fue taxativo: “se dedicaron a ganar dinero, sin saber lo que se veía en la calle, que todo era desmesurado”.

Loza, en ese momento, disparó. “Se vería claro, pero los ayuntamientos no dejaron de otorgar licencias para urbanizar”.

Algo pasaba, en todo caso, para que Loza en 2008 no se encontrara bien consigo mismo. “No me veía, no tenía ganar de continuar, no me llenaba el trabajo”, aseguró. En ese momento decidió dejar el cargo por motivos personales y solicitó el rescate del plan de pensiones que tenían los altos directivos, por el cual aportaban el 20% de sus ingresos.

El sueldo de Loza

Esa compensación acabó siendo de 10 millones de euros, al sumar el equivalente a seis años y ocho meses de salario, con 4,1 millones de euros que le correspondía hasta cumplir los 65 años, (los hará en 2014), 950.000 euros por el plan de pensiones y 60.000 por un convenio especial. Todo ello lo ratificó el consejo de administración, “que es quien decide”.

Sin embargo, y tras una pregunta del diputado José Antoni Coto, del PP, “¿ha pensado en devolverlos?”, Loza le miró a los ojos y aseguró que era una “posibilidad”, sin mayores concreciones.

No hubo más. O sí. El ex presidente Fernando Casado, que dejó el cargo tras llevar en él sólo tres meses, entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, –lo que trascendió en ese momento es que el Banco de España se negó a que tuviera una remuneración de 600.000 euros– evidenció diferencias de criterio con Adolf Todó, en ese momento director general. “Mi proyecto era que hubiera más información y conocimiento para los consejeros”, afirmó en el Parlament.

Los valores cristianos

Pero eso fue todo. Ni las preguntas ácidas y directas del diputado de Ciutadans, Jordi Cañas, surtieron efecto. “¿defiende los valores cristianos?”, le espetó a Loza, obligando a la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, a hacer ver a Cañas que no se podía preguntar por adscripciones religiosas.

Los supuestos responsables, los que llevaron el peso de la entidad en los años de bonanza y de expansión crediticia, Serra Ramoneda y Loza, no se dieron por aludidos. Nadie se considera responsable de que CatalunyaCaixa haya quedado en manos del FROB, sin apenas interés, por ahora, para posibles compradores.

Los diputados cierran la comisión en este periodo de sesiones. Tras el verano, los llamados a comparecer serán el ministro de Economía, Luis de Guindos y su predecesora, Elena Salgado. También el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y su antecesor, Antoni Castells, que trató de incentivar inicialmente una fusión que no resultó entre las tres cajas de las diputaciones provinciales, la de Catalunya, la de Tarragona y la de Girona.