Los desahucios aumentan un 13,4% hasta marzo pese a las medidas y la promesa de Sánchez

Las ocupaciones se disparan un 50,4% hasta marzo y se registran 791 ocupaciones ilegales de vivienda, pero los ERE disminuyeron un 38,6%

Protesta antidesahucios. Biel Aliño/EFE

Protesta antidesahucios. Biel Aliño/EFE

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El impacto de la crisis de la Covid-19 en familias y empresas sigue perdurando tras más de un año del inicio de la pandemia y ello se refleja en dos de los principales indicadores registrados en los órganos judiciales, como son los desahucios y los concursos de acreedores, que en ambos casos repuntaron en el primer trimestre.

Aunque la aprobación de las moratorias de alquiler aprobadas y prorrogadas por el Gobierno desde el año pasado y la prohibición de desahuciar durante el Estado de alarma han evitado que muchas familias se hayan quedado sin casa, lo cierto es que la cifra de lanzamientos lejos de disminuir continuó aumentando en el primer trimestre.

En este sentido, cabe recordar que la prohibición de desahucios aprobada por el Ejecutivo se dirige solo a los desahucios «sin alternativa habitacional» y, por tanto, para aquellos casos en los que no tengan asegurada y garantizada la posibilidad de ser realojados en una vivienda digna una vez que se produce el lanzamiento.

A todo ello se añade la reactivación de la actividad de los juzgados y los procesos judiciales desde hace unos meses tras el parón producido en la primera parte de la pandemia como consecuencia del Estado de alarma y las medidas de restricción de movilidad, lo que ha hecho que se retomen los casos previos a la crisis y los acontecidos desde su inicio.

Suben los desahucios por impago de alquiler

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de lanzamientos practicados en el primer trimestre fue de 10.961 en total, por lo que se incrementó un 13,4% respecto al mismo periodo de 2020. De nuevo la mayor parte de los lanzamientos fueron derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que sumaron 7.862, el 71,7% del total.

Asimismo, un total de 2.548 lanzamientos, el 23,2% del total, fueron consecuencia del impago de hipotecas, lo que supone el primer incremento interanual desde el segundo semestre de 2015. Los restantes 551 lanzamientos obedecieron a otras causas, con un repunte del 46,2% en el primer trimestre del año.

En cualquier caso, los 10.961 desahucios del primer trimestre suponen una disminución del 29,5% respecto al ejercicio 2019, que no estuvo impactado por la Covid, y específicamente los desahucios han disminuido un 41,4% respecto a 2019. Algunos expertos alertan del posible aumento de la morosidad, que podría traducirse en un repunte de los desahucios, sobre todo los derivados de ejecuciones hipotecarias.

Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 56,3%

Uno de los indicadores que preavisan de la posible evolución de los lanzamientos es el de las ejecuciones hipotecarias, al tratarse del procedimiento por el que el acreedor hipotecario (normalmente una entidad financiera) puede cobrar su deuda mediante la ejecución de la garantía, la vivienda hipotecada, ante el incumplimiento reiterado de los pagos de la hipoteca.

Si las partes no alcanzar un acuerdo, el proceso acaba en los juzgados y puede acarrear un lanzamiento si así lo determina el juez. Las cocstas judiciales corren a cargo del deudor.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 7.280 ejecuciones hipotecarias, un 56,3% más que en el mismo trimestre de 2020, lo que supone la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2017.

Cataluña encabeza los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.437 (el 22,2% del total nacional) fue la región en la que se practicaron más lanzamientos durante el primer trimestre del año; le siguieron Andalucía, con 1.778; la Comunidad Valenciana, con 1.553; y Madrid, con 1.033.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.835, cifra que representa el 23,3% del total; le siguieron Andalucía, con 1.109; la Comunidad Valenciana, con 1.025; y Madrid, con 847.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, el mayor número se dio en Andalucía, con 576, seguida por la Comunidad Valenciana, con 468, Cataluña, con 407 y Murcia, con 263.

También Cataluña registra el mayor número de ejecuciones hipotecarias, puesto que, con 1.767, representa un 24,3% del total nacional; le siguen Andalucía, con 1.431; Comunidad Valenciana, con 1.253; y Madrid, con 652.

791 ocupaciones ilegales de vivienda

En paralelo al repunte de los desahucios y especialmente de las ejecuciones hipotecarias, en el primer trimestre se registraron 791 asuntos verbales posersorios por ocupación ilegal de viviendas, cifra similar a la del mismo trimestre del año anterior, y se resolvieron 866.

En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 195, que representan el 24,7% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 189; la Comunidad Valenciana, con 96, y Madrid, con 59.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Las medidas del Gobierno

Todos estos datos se han registrado a pesar de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para intentar evitar los lanzamientos de alquiler y los desahucios sin alternativa habitacional. En marzo del año pasado el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley por el que prorrogó a cuatro años adicionales la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables.

Esto en la práctica supone que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca.

Adicionalmente, amplió el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluye como beneficiario de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo.

Además, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de abril la prórroga por tres meses más, hasta el 9 de agosto, por tres meses más las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios.

En detalle, se prorrogó la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, y se extendieron los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí.

Ahí se recogió también la prórroga por tres meses más de la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendamientos, de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores a cargo, previa valoración ponderada del juez.

La promesa de Sánchez: «No habrá más desahucios cuando haya gobierno socialista»

Desde el PP han denunciado los datos y han acusado de «mentir» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al recordar que en un acto de campaña electoral Sánchez llegó a afirmar que «si hay dinero para rescatar a los bancos, tiene que haber dinero para rescatar a las familias y autónomos más endeudados y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista».

https://twitter.com/pablocasado_/status/1401860979227496451?s=20

El presidente del PP, Pablo. Casado, ha criticado a Sánchez porque «no deja de mentir» dado que en el primer trimestre es han registrado más de 10.000 desahucios y se han acometido 72.300 ejecuciones hipotecarias de viviendas en tres años. «Pura hipocresía», ha indicado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Los concursos se disparan un 50%

Otro de los indicadores que reflejan la magnitud de la crisis es el del número de concursos presentados en el primer trimestre, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, que ascendió a 4.925, un 50,4% respecto al mimo trimestre de 2020.

Se trata del mayor alza desde el inicio de la crisis sanitaria y, en concreto, desde el fin del confinamiento. La tendencia fue aún más marcada en los concursos de personas naturales no empresarios presentados en los juzgados de primera instancia y en los juzgados de primera instancia e instrucción, que con 2.531 experimentaron un incremento interanual del 61,4%. Cataluña fue la comunidad autónoma con más concursos de este tipo (687, que representan el 27,1% del total nacional), seguida por Madrid, con 386; Andalucía, con 362; y la Comunidad Valenciana, con 314.

En los juzgados de lo mercantil se presentaron 2.394 concursos, el 40,3% de los 4.925 presentados en total. También en este caso, Cataluña fue la comunidad donde se registraron un mayor número, 817 (el 34,1 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 340; Madrid, con 294; y Andalucía, con 254.

Por primera vez, en este trimestre se dispone del dato desglosado según los concursos hayan sido presentados en los juzgados de lo mercantil por personas físicas empresarios (834) o por personas jurídicas (1.560).

El número de concursos declarados en el primer trimestre de 2021 en los juzgados de lo Mercantil fue de 1.526, con un incremento del 47,9% respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 1.013 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 111 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 932, un 18,7% más que hace un año.

Bajan los ERE y suben las demandas por despido

Por otra parte, los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), disminuyeron un 38,6% con respecto a los tres primeros meses de 2020. En total se presentaron se presentaron 153 expedientes de este tipo.

En el primer trimestre del año, marcado por la tercera ola, se presentaron 34.461 demandas por despido, un 12,6% más que en el primer trimestre de 2020. Madrid, con 7.353 (21,3% del total nacional), fue la comunidad en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 6.258; Andalucía, con 5.189, y la Comunidad Valenciana, con 4.104.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 34.356, fue un 6% superior a las presentadas en el primer trimestre de 2020. De ellas, 6.789 se presentaron en Madrid (19,8 por ciento del total); 5.753 en Andalucía y 4.065 en Cataluña.

Más reclamaciones de deudas dinerarias líquidas

El informe del CGPJ también refleja que los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2021 fueron 205.212, lo que supone un incremento interanual del 22,8%. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 40.672, seguida por Cataluña, con 30.265 y Madrid, con 29.265.

Hasta marzo, ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 33.747 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 36.011 asuntos y quedaron en tramitación 234.915. Se dictaron 30.355 sentencias, el 97,6% de las cuales fueron estimatorias.

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