Los consumidores reclaman a Sánchez que libere del IRPH a las VPO
Asufin pide al Consejo de Ministros que sustituya este indicador en los contratos de VPO que todavía lo contemplan
Los usuarios financieros quieren implicar la gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en dar una solución a los hipotecados en IRPH que firmaron hipotecas referenciadas a este indicador, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocido este martes. El defensor del pueblo ya había recomendado la sustitución de este índice hipotecario por el euríbor, pero el Gobierno todavía no ha dado ningún paso en este sentido. El tipo de interés que pagan estas VPO se publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Así, en su primera valoración sobre la sentencia europea de este martes, Asufin pide al Ejecutivo que se posicione respecto al conflicto, coincidiendo con la reunión del consejo de ministros que se celebra este martes. «Hacemos un llamamiento especial al nuevo Gobierno para que su consejo de ministros quite el IRPH de algunas promociones de VPO. Estas familias también merecen una solución», apunta Patricia Suárez, presidenta de la asociación.
En el otoño de 2017, el entonces defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, recomendó al entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que sustituyera al IRPH entidades, sobre el que se calculan los intereses que paga un grupo de hipotecas por la VPO. Según defendien los afectados -en una reflexión exacta a la que realizan sobre la banca- la utilización de este indicador les perjudica porque los intereses a pagar son más elevados que en el caso de las hipotecas referenciadas al euríbor.
Una reclamación que hereda Ábalos
La Coordinadora Nacional de Afectados, que fue la pidió amparó al defensor del pueblo al respecto del IRPH entidades, se entrevistó con el equipo de José Luis Ábalos en noviembre de 2018. No obstante, de aquella reunión no salió ni una solución para el cambio del IRPH entidades por el euríbor -al que también había instado el Congreso-, si para la devolución de las ayudas a la compra de VPO, que se retiraron, que se conoce como «subsidiación».
Los afectados señalan que entonces, la Secretaria General de Vivienda, Helena Beunza, se había limitado a «dar datos a los representantes de la Coordinadora sobre lo que supondría la devolución de la subsidiación» y a aseverar que sería necesaria una ley o decreto-ley para recuperarlas.
El impacto para las cuentas públicas sería relevante, ya que supondría efectuar devoluciones por más de 600 millones, de acuerdo con los datos de la Coordinadora.
