Los auditores alertan del aumento del riesgo de fraudes y quiebras

El socavón económico provocado por la crisis de la Covid-19 se tradujo en una merma del 10,8% del PIB el año pasado, pero frente a las previsiones iniciales de una notable recuperación este año, los indicadores y las previsiones de los distintos organismos parecen rebajar esas buenas expectativas. 

Uno de los colectivos que conoce de primera mano la marcha de la economía a nivel empresarial es el de los auditores, que trabajan en un entorno especialmente difícil debido a la coyuntura económica y el impacto en las cuentas de resultados de las empresas con las que trabajan. 

Así lo señalan a Economía Digital desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que advierte de que el contexto económico está generando un incremento de los riesgos de fraude y de ruptura del principio de empresa en funcionamiento. 

En el primer caso, los auditores detectan un repunte de los riesgos de fraude generalizado, y apuntan que no siempre tiene por qué registrarse entre las grandes empresas, sino que se están acentuando los fraudes “muy pequeños”, relativos a cambios de factura y de criterios contables mediante cambios de fecha que trastocan los resultados de las cuentas. 

“No solo son grandes fraudes, hay pequeños y medianos fraudes y afectan a la fiabilidad de lo que reflejan las cuentas”, señalan los auditores, que afrontan un aumento de las desavenencias con los auditados por estos motivos. 

Resultados trastocados: la importancia de las auditorías 

Un informe elaborado por la Universidad de Alcalá para este organismo refleja que en época de crisis las empresas auditadas actualizan su patrimonio y por consiguiente se ve reflejado en la contabilidad la pérdida de valor del activo, mientras que en las sociedades no auditadas no se refleja dicha pérdida de valor, trastocando los resultados reales. 

“El riesgo de que una contabilidad de una empresa no refleja la imagen fiel es mucho mayor si no está auditada que si está auditada”, según las conclusiones del informe que verá la luz próximamente. 

Riesgo de quiebras 

Otra de las consecuencias derivadas de la crisis que más están detectando los miembros del ICJCE es un incremento “muy fuerte” del riesgo de quiebras en las empresas, ya que muchas de ellas se están conteniendo por las ayudas aprobadas, como los avales del ICO, los ERTE o las moratorias, a las que se suma el paquete de 11.000 millones aprobado para la solvencia, pero aun así muchas podrían acabar finalmente en concursos o cierres. 

Desde el organismo explican que todo dependerá del nivel de endeudamiento de las empresas y creen que lo tendrán muy complicado para sobrevivir aquellas empresas que arrastrasen problemas de la crisis anterior, si bien a futuro creen que la balanza se inclinará en función del crédito que puedan garantizarles los bancos. 

Esta constatación del riesgo de quiebras la cuantifica la aseguradora Crédito y Caución en un aumento del 49% este año tras el fin de las ayudas, después de que el año pasado las insolvencias cayesen un 14%.

Lo cierto es que los indicadores económicos de 2020 arrojaron un panorama muy complicado para las compañías que se está postergando en el arranque de 2021, con un retroceso de la facturación próximo al 13% en el mes de enero. 

Reclaman estabilidad regulatoria 

De cualquier forma, la estabilidad regulatoria será fundamental para que los auditores puedan llevar a cabo sus trabajos en este entorno especialmente difícil por los riesgos de fraude y quiebras, dos de los principales retos a los que se enfrentan los auditores en los trabajos que desarrollarán en 2021. 

En el sector celebran que tras ocho años se haya puesto fin al proceso regulatorio que generaba incertidumbre en este campo, mediante la transposición de la directiva europea y la Ley de Auditoría. 

No obstante, el ICJCE pide al Gobierno un marco normativo “estable” para los próximos años, mientras se adapta a las nueva normativa técnica en paralelo a los cambios que tendrá que afrontar derivado de ella y de la digitalización. 

Cuentas anuales en formato digital 

La mayor transformación procederá de lo relativo a la gestión de la calidad, al haberse aprobados procesos internos más exigentes, en materia de formación de personal y con la obligatoriedad de contar con todo el sistema informatizado para que las bases de procesos de servicios tengan un control exhaustivo de calidad. 

“Necesitamos una estabilidad normativa para que los cambios técnicos que están teniendo lugar se puedan afrontar”, reclaman desde el sector. 

A ello se sumarán los cambios en el proceso de digitalización en el futuro de las cuentas anuales, que pasarán a publicarse en formato digital, lo que precisa unas verificaciones digitales que complican el proceso. 

El nuevo reglamente ha ayudado a concretar los términos en materia de independencia que la ley dejaba abiertos y podrían ser interpretados de distinta manera, pero para el sector es crucial que haya estabilidad en las normas para poder adaptarse.