Los alcaldes ‘sublevados’ por los fondos de reconstrucción denuncian que Hacienda les ignora

Pocas esperanzas tienen los 10 alcaldes de distinto signo político que se han unido para solicitar una reunión con la ministra María Jesús Montero y demandar un fondo de reconstrucción local de 4.000 millones en que Hacienda atienda su petición. 

Este es el sentir mayoritario entre los alcaldes de Cádiz (Adelante), Girona (JxCAT), Lleida (ERC), Madrid (PP), Reus (PDeCAT), Santa Cruz de Tenerife (CC), Torrelavega (PRC), Pamplona (UPN), Valencia (Compromís) y Zaragoza (PP), según han indicado a Economía Digital en fuentes de los distintos consistorios. 

En estos ayuntamientos se muestran poco optimistas con las posibilidades de que Montero les atienda en una reunión y lamentan que hasta ahora desde el Ministerio de Hacienda han desoído siempre sus peticiones. 

Además de la reunión “inmediata” con la ministra de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios, los alcaldes piden avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España de 140.000 millones de euros. 

Reclaman la aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos de 4.000 millones de euros, y la aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021. 

El principal motivo de la demanda de este fondo es que los alcaldes consideran que Hacienda incumple su palabra, ya que se comprometió a aprobar un fondo Covid de 3.000 millones en caso  de que no prosperase su iniciativa para resolver el conflicto sobre los remanentes de tesorería, tal y como finalmente sucedió. 

Hacienda recuerda la financiación histórica

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda no confirman si se producirá o no la reunión y si se atenderá la petición, limitándose a recordar que el Gobierno ha dado la mayor financiación a las entidades locales de la historia.  

En concreto, subraya Hacienda que el Ejecutivo ha suspendido las reglas fiscales, lo que permite a los ayuntamientos usar los remanentes de tesorería. También ha iniciado el proceso de información para poner en marcha un fondo con ayudas al transporte municipal que compense la caída de ingresos provocado por la pandemia.  

De hecho, el pasado 12 de marzo Hacienda aprobó una resolución con las reglas para que las entidades locales remitan la información necesaria para fijar la cuantía de las transferencias. 

A ello se añade que los ayuntamientos contarán con 1.483 millones de los fondos europeos que se transferirán a las entidades locales, señalan desde Hacienda, que recuerdan también que el PP rechazó en el Congreso el real decreto ley de 5.000 millones para ayuntamientos. 

Desde el departamento de María Jesús Montero apuntan igualmente que la petición aglutina únicamente a apenas once ayuntamientos (el de Granada de Cs acudió a la reunión aunque no suscribió el documento) de más de 8.100 consistorios españoles. 

Fondo de 3.000 millones para entidades sin remanentes 

Los alcaldes ‘sublevados’ también solicitan el reconocimiento del protagonismo que las entidades locales deben tener en la gestión directa de Fondos de la UE para la Reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14,56% de los mismos que equivale a la participación de la administración local en el gasto público del Estado. 

Igualmente, reivindican el papel de los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica, así como los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los consistorios.  

Las discrepancias entre algunos de los ayuntamientos más importantes de España se ha producido a lo largo de la crisis del Covid, y tuvo su principal episodio el pasado verano cuando los alcaldes, en su mayoría del PP pero también de distintos colores políticos, incluido el PSOE, hicieron frente común por los remanentes de tesorería. 

Tras varias discrepancias, Hacienda planteó transferir al Estado 14.000 millones de dichos ahorros que los ayuntamientos acumulan durante años por su superávits, ante la imposibilidad de gastarlos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

Montero les ofrecía a cambio 5.000 millones a fondo perdido y reintegrar los remanentes con el plazo de diez años, si bien la propuesta del Gobierno no salió adelante en el Congreso y al final Hacienda acabó cediendo y fijando la suspensión de la regla de gasto municipal. 

Desde entonces, el alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, que sí respaldaba la iniciativa de Hacienda, reclama un fondo Covid de 3.000 millones para ayuntamientos sin suficiencia de remanentes. 

CCAA del PP, en contra de la gestión “impuesta” de los fondos de solvencia

Al lío de los fondos Covid para los ayuntamientos y sus remanentes de tesorería se suma ahora también otro conflicto por la gestión de los fondos del paquete de ayudas de 11.000 millones para la solvencia de empresas aprobados por el Gobierno y que los consejeros de Hacienda de seis regiones del PP rechazan por habérseles “impuesto”. 

En una declaración conjunta los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta, todas ellas gobernadas por el PP, critican el “menosprecio” del Gobierno a las CCAA al conocer “por la prensa y el BOE” que se había decidido encomendarles la gestión de buena parte del fondo de ayudas directas a empresas. 

Critican que se decidió “sin consensuar previamente antes de asignar esa responsabilidad, y sin dar la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto», que consideran “impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio”. 

“Este es un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que su concepto de cogobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral”, denuncian. 

Sin noticias de los fondos europeos

Acusan al Gobierno de imponerles la “obligación” de gestionar ayudas que “entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender”, tras meses denunciando la “falta de transparencia y diálogo” en la gestión de los fondos de recuperación. 

Según estos consejeros, siguen sin tener “noticias claras” sobre la ejecución de Next Generation UE y no saben “nada” del Fondo Covid de 2021, entre tanto “la economía se desangra por la crisis y la desacertada política del Gobierno que deja sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera”. 

Los firmantes exigen que se haga un “uso democrático” de las instituciones y, en su virtud, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar conjuntamente y con la “máxima urgencia” entre Estado y Comunidades Autónomas una modificación del Real Decreto-ley 5/2021, así como abordar la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en empresas y autónomos.