Ley de la Vivienda: que comunidades autónomas rechazan las medidas del Gobierno
Algunas regiones rechazan frontalmente la nueva normativa impulsada por el Gobierno
El tope al alquiler, la prohibición de pagar en metálico o la mejora de las condiciones para la declaración de zona tensionada son solo algunas de las medidas contempladas en la nueva Ley de Vivienda, que afecta tanto a inquilinos como a propietarios.
Después de haber recibido luz verde en el Consejo de Ministros, el Congreso de los Diputados y el Senado, solo queda que la nueva legislación se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que sea una realidad y entren en vigor las iniciativas que recoge.
¿Cuáles son los puntos clave?
Una de las medidas estrella es la prórroga del límite del 2% al precio del alquiler para este año y el incremento de este porcentaje hasta el 3% para 2024.
La nueva normativa mejora las condiciones para declarar una zona tensionada
Asimismo, se contempla la creación de un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), que limite los aumentos de la renta por la renovación anual.
La nueva ley también redefine la concepción de «gran tenedor», que ahora hará referencia a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en posesión de cinco inmuebles, en lugar de diez.
En el marco de la nueva normativa, se incluye una mejora de las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control.
Otro de los puntos clave son los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato, que correrán a cargo del propietario. Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.
La Ley de Vivienda incluye medidas de protección frente a los desahucios
Entre las medidas contempladas en la Ley de Vivienda destacan, asimismo, las orientadas a proteger frente a los desahucios.
Concretamente, se prohíben los lanzamientos sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucios, así como se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
¿Cuáles son las comunidades autónomas que no la aplicarán?
Dado que algunos de los puntos recogidos en la nueva normativa entran en conflicto con competencias de las comunidades autónomas, algunas de estas regiones ya han mostrado su descontento y han adelantado que únicamente aplicarán las medidas a las que obligue el Estado.
Concretamente, las comunidades autónomas que han rechazado frontalmente la nueva legislación son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular.
Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado bien claro que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional puesto que, a su parecer, supone una invasión de competencias.