La Ley de Vivienda es aprobada por el Congreso con apoyo de la izquierda y coalición
La ley permitirá regular los precios del alquiler en zonas tensionadas y enfrenta posibles recursos ante el Tribunal Constitucional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), Raquel Sánchez (c), y Yolanda Díaz (d), se felicitan tras la aprobación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. EFE/ Javier Lizón
El Congreso ha aprobado la Ley por el Derecho de la Vivienda en un debate que ha generado fuertes divisiones políticas. La normativa fue respaldada por el Gobierno de coalición y partidos de izquierda, quienes argumentan que era necesario frenar el aumento desmedido de precios de alquileres en zonas tensionadas del país.
Con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención, la ley ha sido aprobada en el Congreso, donde ha recibido el respaldo de los partidos PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe. En contraste, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votaron en contra o se abstuvieron, este último a pesar de haber apoyado la normativa en la fase de negociación.
La Ley por el Derecho a la Vivienda permitirá establecer límites a los precios del alquiler en zonas tensionadas, donde la demanda supera la oferta y los precios de alquiler han aumentado considerablemente. La medida ha sido defendida por el Gobierno de coalición, quienes afirman que esta norma representa el quinto pilar del Estado del bienestar y un avance social sin precedentes.
Sin embargo, los partidos de derecha la han criticado duramente, acusando al gobierno de legalizar la okupación, de generar inseguridad jurídica para los propietarios y un aumento de los precios de alquiler. Cabe destacar que el Partido Nacionalista Vasco cambió su voto a última hora y se abstuvo en la votación final, lo que podría llevar a un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
La ley ha generado controversia y divisiones políticas
El proyecto de ley ahora pasará al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido que esta ley es el quinto pilar del estado del bienestar y un «punto de no retorno», mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dicho que significa un «avance social sin precedentes». Los partidos de la derecha se opusieron a la ley por invasión competencial, mientras que ERC y Bildu la respaldaron por considerarla un «paso corto pero necesario».
La portavoz del PP, María Zurita, aseguró que la ley «hace daño a los jóvenes, las familias vulnerables y los propietarios» y que «solo favorece a los okupas y sirve para crear inseguridad jurídica». Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, calificó la ley como un «robo a mano armada» y una «moneda de cambio para tener a bien a ERC y Bildu».
