La Ley de Vivienda afectará a 150.000 pisos de grandes propietarios
El Gobierno calcula que cerca de 50.000 jóvenes se beneficiarán del bono social de 250 euros al mes en sus alquileres durante los próximos dos años
El Gobierno ha puesto cifras al impacto que tendrá la nueva Ley de Vivienda que intervendrá directamente el mercado del alquiler para reducir los precios en las zonas más tensionadas. El Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha calculado que la medida afectará a 150.000 pisos en manos de los grandes propietarios.
La ministra socialista, Raquel Sánchez, ha ofrecido la estimación sobre el volumen de viviendas que notarán los efectos de la nueva normativa, si finalmente sale aprobada en el Congreso de los Diputados, aunque ha querido mandar un mensaje de «tranquilidad» a los implicados tras el acuerdo alcanzado ayer con el bloque de Unidas Podemos.
«En ningún caso se produce ese intervencionismo radical que algunos ya se están aventurando a decir», ha subrayado en una entrevista en Onda Cero.
La intervención de los precios solo se producirá sobre los inmuebles que estén en posesión de personas jurídicas que tengan en su poder más de 10 viviendas. La decisión afectará, por ejemplo, al negocio de los grandes fondos de inversión que explotan los pisos de alquiler en España, como Blackstone.
Raquel Sánchez ha aclarado que para las personas que posean más de una decena de casas a título particular no se aplicará ningún tipo de intervención. En su caso, se intentará facilitar un descenso del precio del alquiler ofreciéndoles incentivos fiscales. Era la idea original que planteó el PSOE en la negociación cuando la inició el anterior ministro, José Luis Ábalos.
«Es un mercado que ha ido operando de una manera descontrolado y que tenía unos efectos muy nocivos», ha justificado Sánchez.
El Gobierno deja en manos de las CCAA la aplicación de las medidas
El Gobierno todavía tiene que pulir en el texto legislativo algunos detalles como el concepto de «zona tensionada». La evolución del mercado del alquiler en estos lugares, así como el esfuerzo económico que tienen que realizar las familias para arrendar una vivienda determinarán esta condición. Fundamentalmente abarcará a grandes núcleos urbanos.
En todo caso, la ministra ha dejado claro que la nueva ley se establecerá como un marco regulatorio, pero que será cada una de las comunidades autónomas la que tenga la potestad de decidir si la aplica en su territorio o no para evitar una invasión de las competencias sobre vivienda.
El Partido Popular ya ha dado la consigna a todas las comunidades autónomas en las que gobierna para que eviten aplicar la nueva normativa si finalmente sale adelante en el Parlamento. La decisión dejaría fuera a territorios especialmente poblados como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia o Castilla y León.
«Cada comunidad autónoma, en función de su situación y su modelo, decidirá aplicarlo o no. Allá ellos con los impactos que se puedan producir», ha advertido Sánchez.
El Gobierno cifra en 50.000 los jóvenes que se beneficiarán del bono
La futura Ley de Vivienda se complementará de otras medidas adicionales como el bono social que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa este martes. Esta medida facilitará un descuento en el alquiler de 250 euros al mes para los jóvenes de 18 a 35 años con unas rentas anuales inferiores a los 23.725 euros.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha calculado que entre 40.000 y 50.000 personas recibirán esta inyección económica durante los próximos dos años en los que estará en vigor. La medida se financiará con una partida de 200 millones anuales que debe fijarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Paralelamente, el Gobierno también planea la construcción de un parque público de alquiler con 100.000 nuevos inmuebles para facilitar el acceso a la vivienda. «No cerrar los ojos a una realidad que nos pedía a gritos que algo había que hacer», ha agregado la ministra.