Así es la ley con la que el Gobierno quiere impulsar la creación y el crecimiento empresarial

El Gobierno quiere atajar uno de los principales problemas de la productividad española, la falta de tamaño empresarial, y para ello ha lanzado en audiencia pública el anteproyecto de ley de Creación y Crecimiento empresarial que incluye una batería de medidas como permitir poner en marcha sociedades limitadas con un euro, eliminar trabas, combatir la morosidad, facilitar el acceso a financiación no bancaria e impulsar el ‘crowdfunding’ en España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicó que el objetivo de la norma es facilitar el crecimiento empresarial eliminando obstáculos y agilizando los procesos de constitución, así como facilitar el crecimiento de la productividad.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han indicado que España presenta un problema de «pocas empresas con un tamaño suficiente para tener capacidades de crecimiento» e internacionalización, a lo que se suman los impagos y los incumplimientos del plazo máximo legal de 60 días que atenazan la solvencia de las compañías, sobre todo las pymes, y con la norma se quiere atajar ambos puntos.

El compromiso del. Gobierno es que a lo largo de este año se acometa la tramitación necesaria para poder llevar al consejo de Ministros el anteproyecto de ley a finales del ejercicio, de forma que en el último trimestre se tome la decisión de llevar al Parlamento para que el proyecto de ley quede aprobado en 2022, cumpliendo con los compromisos marcados en el Plan de Recuperación con la UE. 

La Ley se distribuye en 4 capítulos que se estructuran en tres bloques, que pasan en primer lugar por la agilización en la creación de empresas; medias para facilitar el crecimiento empresarial y luchar contra la morosidad comercial, y una mejora de los instrumentos de financiación para el crecimiento empresareial.

Agilización en la creación de empresas

En el primer bloque para agilizar la creación de empresas se incluye la medida “estrella” de reducción del capital social necesario para crear una sociedad limitada, eliminando el requisito de 3.000 euros y fijándolo en tan sólo un euro. 

Asimismo, se refuerzan los mecanismos para la creación ágil de empresas, de forma que se extiende el mecanismo del Centro de información y creación de empresas (Circe) dependiente de la Dirección general de política de mediana empresa del Ministerio de Industria, para cumplir trámites como el de la Seguridad Social, Hacienda o el registro. 

Al mismo tiempo, se fija el documento único electrónico como el mecanismo “más fácil” para crear sociedades de responsabilidad limitada y se mejoran las obligaciones de información a los fundadores de empresas, se reducen los plazos y se facilitan puntos de atención a los emprendedores, con el fin de no tener obstáculos ni en el capital inicial ni en los trámites para constituir una sociedad. 

“El objetivo es que la creación de una sociedad limitada se pueda hacer de manera totalmente digital”, enfatizan desde el Ministerio. 

Facilitar crecimiento empresarial

En el bloque dedicado a facilitar el crecimiento empresarial, se modifica la ley para mejorar y reforzar el mecanismo de protección a los operadores (empresas y consumidores), se mejoran las ventanillas a través de las cuales los operadores pueden comunicar los obstáculos a los que se enfrentan y se mejoran los mecanismos de cooperación entre las administraciones. 

Como medida fundamental, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas.

Según el Ministerio, esta medida permitirá obtener «información fiable y ágil» para conocer los plazos efectivos de pago, y su implantación se facilitará con los recursos previstos para la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación. En
particular, el Programa Digital Toolkit incluirá entre los productos y servicios subvencionables la factura electrónica.

Mejor regulación y combatir morosidad

La norma también mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas para simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles. Con este objetivo se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporando al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

También se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para profundizar en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes administraciones públicas y reforzar las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica. 

Para combatir el incumplimiento generalizado del periodo máximo de pago entre empresas (60 días) se incorporan también incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto a través de su valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

A su vez, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.

Financiación: entrada de inversores en las pymes

El último bloque de la ley contempla una batería de medidas para mejorar los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del crowdfunding, la ‘Ley Crea y Crece’ adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores.

Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos por proyecto financiado y por inversor. Se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.

Con la introducción de nuevos límites para inversores minoristas el Ministerio de Economía abre la puerta a la entrada de inversores en las pymes. En detalle, se fija un mínimo de 1.000 euros para que los particulares puedan acometer una inyección de capital, mientras que el máximo puede ascender hasta el 5% del patrimonio de dicho inversor, aunque no se incluye en dicho porcentaje sus propiedades inmobiliarias ni en fondos de pensiones. 

Fuentes del Ministerio explican que los inversores minoristas incluso podrán invertir por encima de esa cantidad, pero, aunque no se impida esa decisión, se facilitará un folleto en el que se recogen todos los riesgos relacionados con una inversión de mayor riesgo que cuando se invierte en un activo de renta fija o variable. Esto no se aplicará para los inversores institucionales.

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia trayectoria en otros países del entorno. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.