La Ley de Contratos Públicos condena a Aena y Adif a pagar un 20% más por su electricidad

La energía se ha convertido en uno de los principales costes para las empresas. Sobre todo, tras la guerra de Ucrania que ha provocado una crisis de precios en los mercados. Sin embargo, gracias a algunas tipologías de contratación, principalmente, los contratos a largo plazo (PPA), se puede amortiguar el impacto. Algo que no puede hacerse en la administración pública española por las restricciones de la Ley de Contratos. Una situación que provoca el sobrecoste de cientos de millones de euros cada año.

En concreto, el periodo máximo para la oferta de contratos públicos es de cuatro años más posibles prórrogas. Esto supone que algunos de los grandes consumidores eléctricos públicos, como son Adif o Aena, no puedan firmar PPA a largo plazo (10-15 años) con empresas energéticas o productores de energía. Esta situación provoca un encarecimiento que puede llegar a ser del 20% al 30% -depende de cómo se negocie-, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL con diversas fuentes.

Al poner el foco en uno de los contratos más abultados y de mayor consumo: suministro eléctrico ‘verde’ para Adif, con un coste de 1.741 M€ en tres años, y con un consumo superior a los 2.000 GWh, el ahorro podría llegar a ser de unos 200 M€ al año si se firmase bajo la modalidad de PPA financiero. Sin embargo, en estos momentos, simplemente se hacen contratos, en apariencia de largo plazo, pero que en realidad se indexan a los precios de mercado. Y esa es la clave: la exposición directa al mercado -pese a que se trata de presupuestos de techo de gasto- puede dar bandazos.

En este sentido, el director de Ventas e Innovación de Solarpack, Iván Nieto, asegura que «hay un ahorro por la modalidad de contratación, si tú cambias la modalidad de contratación y haces un PPA financiero, amplías el abanico de gente que puede ir a tu licitación y, por lo tanto, hay más competencia», una situación que en último lugar repercute en el coste a la baja.

Y es que, no solo hay problema de precios, sino que la tipología de contratación provoca que muchas empresas se queden fuera de estos concursos. Pero poniendo el foco en la propia tipología de contratos, ¿por qué un PPA siempre sería más ventajoso? Iván Nieto explica que «se genera un menor precio porque se crea confianza [al ser a largo plazo] para prestar el dinero, y al conseguir eso se puede bajar el precio puesto que genera un beneficio recurrente para el productor, dado que se trata de un negocio financiero».

Junto a todos esto, además, las fuentes consultadas recuerdan que otro de los problemas tiene que ver con las garantías de origen. Es decir, al no ser un PPA físico, donde la energía consumida es renovable, se deben incluir en los contratos estos ‘sellos verdes’ que garantizan una electricidad descarbonizada. El problema, también, es que tienen costes variables -ahora en aumento- que, por contra, en un contrato a largo plazo se pueden fijar.

Un ahorro evidente

En cuanto a las magnitudes de precio, el director de Mercados de Magnus Commodities, Alejandro de Roca, calcula que, dependiendo de la tipología de PPA y la negociación que se llevase a cabo, se podría firmar a unos precios medios de 60 €/MWh. Teniendo en cuenta -además- que en los próximos años estos costes pueden ir a menos.

Pero el muro es infranqueable. «La Ley de Contratos Públicos capa por completo las opciones de optimizar contratos. Partiendo de la base de que, al ir de presupuesto en presupuesto, trastocas el gasto para el ejercicio siguiente», sostiene Alejandro de Roca.

Por si fuera poco, señala que «si los costes suben, hay un problema, porque las fluctuaciones no las pueden manejar y, precisamente, esa sería la clave para que encaje bien un contrato a largo plazo. Daría esa estabilidad, y por lo tanto, evita los problemas».

Y no hay experto del sector que no asegure el sobrecoste que paga el Estado español en los contratos públicos. El socio director de Advanced Energy Consulting, Jordi Martínez, asegura que «si miras un caso real de cotización de PPA, se ve que un PPA de 5 años cotiza por encima del de 10, y eso es normal, al final cuando haces la media, al coger mayor rango de precios de futuros, el precio disminuye».

Lo deja bien claro: «Si la Administración Pública hiciera contratos cuyo precio estuviera fijado en el mismo, tendría precios más bajos. Todo esto a día de hoy, por supuesto, porque si algo hemos aprendido es que el mercado energético es altamente volátil e incierto».

Cientos de millones gastados de más

El problema es que esta situación es solo la punta del iceberg del gasto anual que no sería necesario ejecutar si se modificase la Ley de Contratación Pública. El contrato de Adif, 1.741 M€, es muy representativo. Pero es solo uno más.

Recientemente Aena también ha licitado un contrato para suministrar electricidad por un importe de 450 M€. Y los casos suman y suman. El contrato de Puertos del Estado, solo para la zona del Levante, es de 57 M€. Por su parte, Navantia gasta 43 M€; mientras que RTVE se deja 25 M€ en luz. Y hasta el de Paradores, que es de 8 M€, podrían tener ahorros de hasta un 30% si se pudiesen hacer contrataciones a largo plazo.

Así, con los ejemplos analizados, que supone más de 2.300 M€ en contratos, podría haber ahorros latentes de más de 700 M€ si entrasen en escena los PPA, se abriera la competencia a más empresas, y las negociaciones fueran libres.