Las subprime vuelven a la banca española con la complicidad de Bruselas

Las opacas titulizaciones de préstamos hipotecarios, una de las causas del colapso financiero acaecido en 2008, vuelven al primer foco. Aunque su incidencia fue muy superior en los Estados Unidos –derivando en la crisis de las subprime–, en Europa también tuvo sus efectos, sobre todo en España, el país de la Unión Europea (UE) con mayor exposición por el auge del boom inmobiliario.

En los años previos al estallido de la burbuja, el recurso de empaquetar hipotecas fue utilizado por las entidades financieras españolas a manos llenas como una de sus principales vías de financiación.

Así, entre 2006 y 2008, obtuvieron 170.000 millones de euros. Desde entonces, la mala imagen provocada por la opacidad para detectar los riesgos conllevó la caída en barrena de su comercialización, dejando los bancos de emitir este tipo de bonos con garantía hipotecaria, hasta tocar fondo entre los años 2012 y 2013, cuando apenas se emitieron, entre ambos ejercicios, poco más de 12.000 millones.

El repunte de 2014, cuando se superaron los 17.000 millones –en su mayor parte como garantía para pedir dinero al BCE–, no se mantuvo en 2015, al caer de nuevo a poco más de 10.000 millones, pero en lo que va de 2016 este mercado se ha recuperado de manera notable, alcanzando un incremento de casi el 52% entre enero y marzo de 2016, respecto a primer trimestre de 2015, con un volumen total de 15.370 millones de euros emitidos en bonos de titulización con garantía hipotecaria.

Garantías ante el BCE

De momento, la mayor parte de este incremento procede de las garantías que pide el BCE para prestar dinero a los bancos españoles», apunta Lorena Mullor, gerente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Pero algo se está moviendo. La incertidumbre acerca de qué determinación va a tomar el Banco Central Europeo (BCE), a partir de marzo de 2017, sobre el mantenimiento o no de los programas de estímulo de compra de deudas, obligará a las entidades financieras a buscar vías alternativas de financiación.

Y, sin duda, las titulizaciones representan una de las mejoras opciones. A diferencia del sinfín de condicionantes que conlleva la emisión de cédulas hipotecarias, los bonos titulizados resultan mucho más rentables para los bancos y, además, diluyen los riesgos.

En el traspaso de estos bonos a un fondo –el que, al final, se encarga de emitirlos–, el banco saca de su balance estos títulos y, por tanto, jurídicamente hablando, se desvincula de ellos. Después, si surgen problemas, el tenedor de los bonos solo tiene como garantía los activos garantizados por la emisión, no el resto de activos del banco.

Operaciones al margen del BCE

Banco Santander, a través de su filial Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), colocaba, en mayo de 2015, un paquete de 450 millones de euros en hipotecas con viviendas como garantía, que recibió una demanda 1,7 veces superior a su valor al estar compuesta por préstamos que, de media, cubrían el 54% del valor de las viviendas, muy por debajo del límite del 80% que recomiendan las buenas prácticas bancarias.

También lo hizo BBVA, pero en este caso la venta del paquete hipotecario fue adquirido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), a condición de que los recursos obtenidos por la entidad presidida por Francisco González fueran destinados a financiar créditos a pymes.

Nuevas reglas del juego

Aunque esta será una de las vías a transitar en el futuro por las entidades financieras, todavía resulta prematuro establecer el momento en que pueda generalizarse su comercialización. «Todo está en el aire», apunta la gerente de la AHE.

«Hasta que no se despejen las dudas, el mercado no podrá conocer las reglas del juego», asegura Mullor, en relación a cómo quedará finalmente, tras su paso por el Parlamento Europeo, el borrador remitido por la Comisión Europea, en el que se recogen las nuevas normas que ayudarán a los inversores a evaluar los riesgos relacionados con la titulización.

Sanciones

En ese documento se establece que los emisores de las titulizaciones tendrán que comunicar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, basada en París, los detalles de las mismas, lo que supondrá que serán legalmente responsables de cualquier informe erróneo sobre sus características.

Si una autoridad competente determina que una titulización que se consideraba que cumplía con los nuevos criterios en realidad no los cumple, se podrá imponer una sanción financiera a su responsable de un mínimo de cinco millones de euros, hasta el 10% de su volumen anual, según la propuesta planteada por la Comisión Europea.