Las reformas del Gobierno: Fedea alerta sobre una subida «indiscriminada» de la presión fiscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada las líneas generales del documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aprobación en el Consejo de Ministros se ha postergado una semana más ante el enquistamiento del diálogo social en las negociaciones sobre la reforma laboral y sobre todo la de pensiones, con la previsión de remitirlo al Bruselas en plazo antes del 30 de abril.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala en su décimo Boletín de seguimiento de la crisis del Covid que el proyecto del Plan presentado mantiene en lo esencial las líneas de actuación y las propuestas de inversión avanzadas en el borrador publicado en octubre, con pequeños retoques y algo más de detalle en cuanto a sus dotaciones presupuestarias, así como la incorporación de 102 reformas.

«En la mayor parte de los casos, el documento se limita a enunciarlas sin demasiadas precisiones más allá de referencias genéricas a la modernización o mejora de la normativa relevante», señala Fedea, que apunta que «en algunos casos se entra en algo más de detalle sobre las reformas, aunque no siempre de una forma clara».

Asimismo, sobre las tres grandes reformas en las que se está concentrando la negociación con la Comisión Europea (mercado de trabajo, pensiones y fiscalidad), señala que el documento apunta a objetivos «generalmente deseables», aunque en ocasiones «demasiado genéricos» y «deja abiertas muchas cuestiones importantes sobre cómo se pretende alcanzarlos», lo que «dificulta su valoración».

Junto con «medidas positivas», Fedea ve un «cierto riesgo de retroceso hacia una excesiva rigidez en materia laboral» y de una apuesta por una subida «indiscriminada y poco meditada» de la presión fiscal en próximos ejercicios, al tiempo que muestra «serias dudas» sobre las propuestas de pensiones recogidas en el Plan, ya que a su entender «difícilmente supondrán un avance en términos de la sostenibilidad del sistema o su equidad intergeneracional».

Mercado de trabajo: riesgo de excesiva rigidez en teletrabajo y negociación colectiva

En relación con la reforma laboral, Fedea dice que es difícil no estar de acuerdo con los objetivos y con la conveniencia de pactos con los agentes sociales, así como con las líneas generales de muchas de las actuaciones, incluyendo la simplificación del menú de contratos y la mejora de las políticas activas, aunque remarca que «cómo se haga esto y qué medidas complementarias se adopten será fundamental para poder alcanzar los objetivos propuestos».

En este sentido, señala que «habrá que ver también qué se entiende» por una “regulación adecuada” del teletrabajo, las plataformas digitales y las subcontratas y, especialmente, por la “modernización” de la negociación colectiva. A falta de un análisis más detallado, advierte de que «el decreto de teletrabajo, ya aprobado, introduce una rigidez excesiva en la regulación de esta modalidad de empleo y el mismo peligro existe en relación con la negociación colectiva, dependiendo de qué posición termine prevaleciendo dentro del Gobierno, del equilibrio de fuerzas entre los agentes sociales y de la firmeza de la Comisión».

Para avanzar en la reducción de la dualidad, además de la simplificación del menú de contratos Fedea cree que sería necesario establecer mecanismos de flexibilidad interna que faciliten la adecuación de la remuneración y la jornada laboral al ciclo con el fin de que los despidos o la no renovación de los temporales dejen de ser los únicos instrumentos de ajuste en momentos
de crisis.

Subida «indiscriminada y poco meditada» de la presión fiscal

Una situación similar ve Fedea en el caso de la reforma fiscal, ya que, estando de acuerdo con los principales objetivos enunciados y con muchas medidas, incluyendo la necesidad de ampliar las bases tributarias y de desarrollar la fiscalidad ambiental, considera que la equiparación mecánica de la presión fiscal española con la media de los vecinos «no debería ser un
objetivo per se, aunque bien podría ser el resultado del necesario debate sobre qué servicios públicos se quieren y cómo financiarlos».

De cara al diseño de las reformas, sostiene que será importante tener presente que «el limitado poder recaudatorio y redistributivo del sistema fiscal se debe probablemente más a los extensos agujeros que presentan las bases tributarias que a la estructura de tipos de gravamen, que en muchos casos ya son relativamente elevados y progresivos».

En consecuencia, medidas destinadas a mejorar el cumplimiento fiscal, reforzando la administración tributaria, y la supresión de regímenes simplificados, como el de módulos, deberían tener prioridad sobre las subidas generalizadas de tipos, subraya Fedea.

Falta de claridad en pensiones y dudas de avance en su sostenibilidad

De igual forma, Fedea señala que el documento del Plan de Recuperación tampoco es excesivamente claro en materia de pensiones, puesto que no se se indica qué se pretende hacer en relación con el período de cómputo o con el factor de
sostenibilidad.

Por otro lado, afirma que la referencia a la culminación del proceso de “separación de fuentes” es engañosa, pues «encubre la propuesta, ya parcialmente incorporada a los Presupuestos de este año, de aumentar muy significativamente las transferencias estatales para sufragar supuestos “gastos impropios” de la Seguridad Social que, al entender de Fedea, en la mayoría de los casos no son tales, traspasando así el déficit al Estado y a futuras cohortes de trabajadores».

En cuanto a la prolongación de la vida laboral, indica que incentivarla es necesario para compensar los efectos del envejecimiento sobre la oferta de trabajo, pero el ahorro que se puede obtener por esta vía «no parece ni de lejos suficiente como para compensar el coste de la vuelta a la indexación total de las pensiones a la inflación.

«No conviene, por tanto, mezclar las dos cuestiones, pero en cualquier caso no parece que las propuestas recogidas en el Plan supongan un avance en términos de la sostenibilidad del sistema o de su equidad intergeneracional», añade Fedea en su análisis.

Valora el anuncio de introducción de peajes en autovías y la reforma concursal

Sobre otros puntos del Plan de Recuperación añade que en algunos casos se entra de forma más detallada, aunque «no siempre de una forma clara», por ejemplo en materia de vivienda, agua y educación «la discusión no es muy clara», mientras que Fedea valora el anuncio de la introducción de mecanismos de pago por uso en las carreteras de alta capacidad.

También valora el compromiso de agilizar los procedimientos y facilitar las soluciones negociadas en la nueva reforma
concursal que se está preparando con motivo de la trasposición de la directiva de reestructuraciones.

Las ayudas directas se retrasarán por la gestión autonómica

Fedea alerta de que el alargamiento de la pandemia está generando problemas financieros «cada vez más graves a un número elevado de negocios y empresas que pueden ver en peligro su continuidad en los próximos meses», motivo por el que había reclamado al Gobierno el establecimiento de ayudas a los sectores más afectados y la mejora del funcionamiento de los procedimientos de reestructuración o liquidación de las empresas con problemas de solvencia.

Tras la aprobación del decreto de ayudas directas a la solvencia por 11.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, Fedea valora que supone «un paso en la dirección correcta en ambos sentidos y merece una valoración positiva», ya que «ayudará a evitar muchos cierres innecesarios de empresas y a repartir de forma más equitativa los costes de la pandemia, contribuyendo por ambas vías a mejorar el bienestar.

Sin embargo, matiza que hay «muchos aspectos» del decreto que son «claramente susceptibles de mejora», ya que el reparto territorial de las ayudas y su procedimiento de gestión también presentan «detalles cuestionables» ante el previsible retraso de las ayudas al haberse encomendado la gestión a las comunidades autónomas.

El paquete incluye ayudas directas, de recapitalización y de reestructuración. El fondo de 7.000 millones de ayuda a solvencia de pymes y autónomos lo deberán gestionar las CCAA. Precisamente este martes el Consejo de Ministros aprueba una modificación de la norma para que las regiones puedan incluir más sectores y empresas en las ayudas, aparte de los 95 recogidos.

«No parece que las autonomías (a diferencia de la Agencia Tributaria) cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable», lamenta Fedea.

Además, señala que «no se entiende la necesidad de un reparto ex ante entre territorios cuando el texto ya establece criterios para fijar la cuantía de las ayudas, fundamentalmente en función de la caída del volumen de negocio de las empresas». 

También cita la exigencia de que los solicitantes de las ayudas que en él se contemplan estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social en el momento de presentar su solicitud. Dado que se trata de ayudas destinadas a empresas con problemas de solvencia, Fedea ve «muy probable» que muchas de ellas sean incapaces de cumplir este requisito.

Alternativamente, avisa de que para hacerlo podrían verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, reforzando así los «posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente busca evitar con las ayudas». Adicionalmente, el decreto opta por dar a las ayudas un «marcado carácter finalista», estableciendo incluso un orden de prevalencia que «podría ser un problema si se opta por una interpretación rígida del texto«.

Y es que, según Fedea el decreto obligaría a los beneficiarios de las ayudas a destinar el remanente de las mismas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir sus préstamos, comenzando por los ICOs, incluso aunque careciesen de liquidez para hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos meses.