Las quitas de los créditos ICO se aplicarán cuando la caída de facturación supere el 30%

El Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más cerca de desencallar uno de los debates que le han enfrentado con los grandes bancos españoles desde el inicio de la pandemia. El Consejo de Ministros aprobará este martes un código de buenas prácticas para establecer nuevas normas sobre la devolución de los créditos ICO que las empresas han adquirido para hacer frente a la crisis de la Covid-19. El texto reflejará por primera vez el sistema de quitas para las organizaciones que estén más ahogadas por las deudas.

El documento reconoce que las condonaciones se aplicarán en función de la caída de la facturación que las compañías hayan protagonizado a raíz del coronavirus pero a partir de un mínimo del 30%, según ha publicado El País. Eso sí, al tratarse de un documento de carácter informativo la última palabra siempre la tendrá la banca.

Otro de los puntos principales del proyecto es la extensión de la duración de los créditos que se podrá prolongar hasta los 12 años, frente al máximo de ocho estipulados actualmente. También se alargarán en el tiempo las moratorias que podrán llegar a estirarse más de dos años.

Este documento de buenas prácticas funcionará como método orientativo para los bancos pero si deciden no respetarlo deberán comunicarlo de forma oficial. La medida de medias tintas pone fin a varios meses de conflicto por las estrategias marcadas por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha tratado de involucrar a la banca en sus planes de condonación de la deuda de las empresas. Mientras que el sector se ha manifestado siempre a favor de la aplicación de ayudas directas por parte del Estado.

Los créditos ICO activados durante la pandemia han permitido inyectar en las empresas españolas más de 125.000 millones de euros desde el inicio de la crisis sanitaria y económica, la mayor parte destinados a pequeñas y medianas empresas o a trabajadores autónomos para mantenerse a flote durante la pandemia.

La medida ha ido flexibilizándose cada vez más con el paso del tiempo. El Gobierno ya acordó en noviembre ampliar los plazos de carencia de los créditos hasta los 24 meses y los de amortización a los ocho años.

El Gobierno reserva 3.000 millones de euros para refinanciar la deuda

El nuevo plan de actuación sobre los créditos ICO se produce después de que el Ministerio de Asuntos Económicos se haya garantizado una importante financiación para acometer una parte de las condonaciones de la deuda. El plan de ayudas de 11.000 millones de euros que anunció Pedro Sánchez en marzo estableció un monto de hasta 3.000 millones precisamente para acometer iniciativas de reestructuración de las deudas financieras. Mientras que otros 1.000 persiguen dar liquidez a las empresas.

Todos estos planes responden a las sombras que ha generado la pandemia de coronavirus en materia de solvencia. El Banco de España ya advirtió a finales de 2020, antes incluso de la segunda oleada de contagios, de que un tercio de las compañías españolas acabarían siendo insolventes como consecuencia de la Covid-19, especialmente las del sector de la hostelería, la restauración, el ocio y los vehículos a motor.