Las pensiones del futuro penalizarán a las mujeres por vivir más

El investigador del Centro de Estudios Demográficos y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, Amand Blanes, advierte de que la aplicación del factor de sostenibilidad definido por el grupo de expertos, creado por el Gobierno, puede perjudicar en mayor medida a las mujeres que a los hombres.

El catedrático de Economía y director de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, recomienda además hacer un Pacto de Toledo 2 en el que se revisen, entre otras variables, los ingresos del sistema.

Aviso al Pacto de Toledo

Así se lo pusieron de manifiesto a los diputados de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso, ante la que han comparecido para dar su punto de vista con respecto al informe de los 12 sabios, que propone la creación de un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para adaptar la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida y otro de Revalorización Anual (FRA) para calcular su actualización.

Según las actas de la comparecencia, que ha filtrado Europa Press, Blanes Llorens advirtió a los diputados de que el diseño del factor que se recoge en el informe de los expertos «no tiene en cuenta una variable básica en demografía como es el sexo», lo que «penaliza a las mujeres» que, con una esperanza de vida mayor, tendrán «ritmos de ganancia menores».

«Puede aducirse que las mujeres viven más y, por lo tanto, es un efecto corrector, pero también puede aducirse que tienen unas menores prestaciones y son sometidas a los procesos de soledad de la viudedad y, por lo tanto, necesitan más recursos», añade el demógrafo.

Objetivo

Con respecto a la incentivación de la prolongación de la vida laboral en la que trabaja el Gobierno, Blanes Llorens advirtió de que el factor de sostenibilidad es contrario a ese objetivo, porque «cuanto más se decida retrasar la edad de abandono del mercado de trabajo, mayor efecto tendrá el factor», ya que la reducción de la pensión inicial es proporcionalmente más fuerte en sus primeros años de aplicación que en los posteriores.

En cualquier caso, el experto también opina que es poco probable que las estadísticas demográficas se cumplan, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se limitada a «prolongar tendencias» de los años anteriores, a pesar de que en este momento se «completa inversión de los flujos migratorios», la realidad será previsiblemente muy distinta. Por ello, cree que habría sido más conveniente «utilizar alternativas» y no «un único escenario».

Por ello, ha reconocido que cuando leyó el informe tuvo «un poco la sensación» de que se había trabajado con «un objetivo implícito, muy formulado matemáticamente, que es el montante, y otro, que es hacer que la gente sea consciente de que de cara al futuro tendrá que complementar su pensión pública con una pensión privada«. «Lo que me preocupa es si los ciudadanos atenderán a esa lógica y, más aún, si la atienden, ¿la podrán llevar a la práctica? No lo sé», añadió.

El calendario

De opinión parecida es Felipe Serrano, quien propone los años 2020 o 2021 para la introducción de estos factores para poder «distribuir entre más cohortes de población los costes de la reforma». «Creo que los factores son correctos, más allá de que tengan problemas, pero que no es necesario aplicarlos de manera inmediata», señaló.

Además, sugirió a la Comisión que se plantee adelantar los plazos transitorios fijados en la última reforma de las pensiones (Ley 27/2011), que lleva al 2027 el retraso de la jubilación a los 67 años, porque los periodos aprobados son «demasiado largos«. «Habría que adelantar las transitorias en el tiempo y, a la vez, incorporaría los factores de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de repartir entre más generaciones el coste del ajuste», insistió.

Más ingresos

En cualquier caso, Serrano también opina que todos estos cambios deben acompañarse de la negociación de un Pacto de Toledo 2 que incluya una revisión de los ingresos del sistema público de pensiones. «Si no, se laminará la tasa de sustitución del sistema», advirtió.

Como opciones, puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar las cotizaciones de empresarios –cosa que no ve «conveniente»– o de los trabajadores, que actualmente aportan uno de los porcentajes «más bajos de Europa». También podría «desplazarse parte de la cuota por desempleo hacia contingencias comunes» aunque «evidentemente esto sólo sería posible una vez que la situación de crisis actual haya pasado y el empleo vuelva a recuperarse».

Combinación de medidas

«Lo ideal sería una combinación de estas dos medidas, lo que podría representar un incremento de ingresos al sistema algo superior al 1% del PIB, dependiendo de cómo se establezca la combinación y de cuánto se aumente la aportación del trabajador», apuntó.

Por otra parte, también se podría dejar de considerar las pensiones de viudedad como prestaciones de naturaleza contributiva y considerarlas asistenciales, de tal manera que «solamente las recibieran los familiares que careciesen de renta suficiente –a determinar por los representantes políticos–» y que se cargaran al sistema impositivo general.
«Esto supondría un ahorro para el sistema de aproximadamente 2,5 puntos».

Contradictorio a la Constitución

Por último, el catedrático emérito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto, Manuel María Zorrilla, opinó que el acceso a la Seguridad Social es uno de los derechos fundamentales y que el informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad constituye una «tentativa sorprendente de dar vida a un ordenamiento jurídico distinto del ordenamiento jurídico que establece la Constitución española de 1978».