Las patronales de pymes chocan por el incremento del salario mínimo
Tras las críticas de CEOE y Cepyme a la subida del SMI, la incipiente Conpymes se posiciona a favor de la subida y pide vincularla a la productividad
A la espera de librar la batalla por la representatividad empresarial, Conpymes hace semanas que ha alzado la voz contra las políticas defendidas por la CEOE. Con la acusación de que la organización hegemónica no representa a las pequeñas y medianas empresas, la incipiente patronal ya criticó las negociaciones de la reforma laboral. Ahora el enfrentamiento llega por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
La postura de Conpymes es especialmente beligerante con la de Cepyme, la institución encargada de representar a las pymes dentro de la CEOE y una de las voces más críticas contra el alza del sueldo base. En conversación con Economía Digital, José María Torres, presidente de Conpymes, defendió una postura totalmente opuesta: se mostró partidario de la mejora, que elevará la remuneración mínima hasta los 1.000 euros tras la última modificación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El apoyo llega eso sí con matices. “Los incrementos salariales deben dejar de regirse únicamente por el índice de precios de consumo y vincularse a la productividad”, señaló.
«Las empresas deben utilizar el sistema menos lesivo tanto para sus intereses particulares como para los intereses de sus trabajadores y vincular los salarios a la productividad constituye un método más justo que premia a los buenos trabajadores en relación con los menos productivos», añadió el dirigente.
Con sus declaraciones, Torres marca distancias con la CEOE y se separa del discurso planteado por la patronal presidida por Antonio Garamendi. Siempre defendió que las pymes eran las más perjudicadas de la medida. A sus palabras se sumó Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, que recordó el desigual avance de los salarios frente a la economía real.
En un comunicado conjunto, CEOE y Cepyme ya se mostraron contrarias a la medida. “Las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que aún vive el tejido empresarial”, dijeron las dos formaciones.
“Una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”, añadieron.
La negativa al salario mínimo de 1.000 euros no era unánime dentro de la CEOE. Es más, patronales de peso como Foment del Treball era partidaria de un incremento. Sin embargo, la postura del ministerio frenó cualquier opción. «No fue una negociación, fue una imposición», decían las fuentes consultadas por este medio. Trabajo no necesitaba llegar a un acuerdo con los agentes sociales y hizo valer esta posibilidad para no tener que ceder en su postura.
Dejó sin posibilidades a organizaciones como CEIM y Foment, que abogaban por un incremento que siguiera la subida promedio con las que se están negociando ahora los convenios colectivos –alrededor del 2%– o con la media de la inflación subyacente en 2021. Propuestas que ni siquiera se plantearon ante la postura del Gobierno.
La batalla que viene es por la representatividad
Conpymes marca así perfil propio en su reivindicación por representar a las pymes. La patronal ya inició los trámites para conseguir esta representación y, como el propio Torres explicó, ya comenzó a realizar gestiones ante el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo su misión. Por el momento la cartera dirigida por Yolanda Díaz no respondió a sus demandas.
Parece complicado que la nueva patronal pueda obtener a corto plazo la representatividad que las pymes sí obtuvieron en Cataluña a través de Pimec. Visto el tono de la CEOE, que descalificó a la organización desde el primer momento, se antoja un proceso largo.
Fuentes cercanas a la organización que preside José María Torres explicaban a este medio en diciembre que sus abogados ya trabajan para iniciar un procedimiento contencioso-administrativo ante el silencio de Trabajo. El ministerio hizo oídos sordos a la reclamación hecha por la asociación empresarial, que pretende ahora recurrir a los tribunales, tanto españoles como europeos.