Las medidas fiscales anticrisis redujeron la recaudación en más de 1.000 millones en 2020

El Gobierno aprobó a lo largo del ejercicio 2020 una batería de medidas de carácter tributario, como aplazamientos y moratorias, con el fin de paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 que, más allá de coste, con un aumento del gasto público superior a los 53.000 millones por el conjunto de medidas, también repercutió en la recaudación.

Así, las medidas tributarias contra los efectos de la Covid restaron el año pasado 1.023 millones de euros en el recuento de ingresos impositivos, según el informe de recaudación mensual de la Agencia Tributaria recogido por Economía Digital.

Se trata de las medidas de distinto tipo que se fueron tomando desde mediados de marzo, la mayor parte de ellas con el objeto de limitar los efectos de la pandemia sobre las obligaciones de los contribuyentes ,y que en conjunto del año tuvieron un impacto de 1.023 millones.

No obstante, una de las características de estas medidas fue su desigual distribución a lo largo de los meses,
llegando a suponer en los primeros meses de su entrada en vigor una reducción de la recaudación de más de
4.300 millones, amortiguándose en los meses posteriores.

En concreto, 215 millones del total de la merma recaudación se debieron a las medidas destinadas a facilitar la concesión de aplazamientos a empresas con volumen de operaciones menor de seis millones de euros y deuda tributaria no superior a 30.000 euros, a aquellas con deudas derivadas de declaraciones aduaneras y a los contribuyentes a la espera de la concesión de la financiación.

Se suma a ello la pérdida, aún mayor, de 318 millones de recaudación por la suspensión de plazos de las deudas tributarias, derivadas, entre otros, de los vencimientos de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos con anterioridad al estado de alarma

En estos dos casos (aplazamientos y suspensión) el impacto inicial (2.668 millones y 1.629, respectivamente) se fue reduciendo conforme se iban ingresando las cantidades aplazadas, especialmente en los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con el final del plazo de seis meses concedido.

Se recuperará parte en los primeros meses de 2021

No todas las cantidades fueron recuperadas en el año, de forma que el proceso se prolongará todavía en los primeros meses de 2021, según señala la Agencia Tributaria en el informe.

De su lado, el retraso en la presentación de las autoliquidaciones, desde el 15 de abril al 20 de mayo de 2020 para empresas con un volumen de operaciones inferior a 600.000 euros, el impacto negativo se produjo en el mes de abril y se recuperó por completo en mayo.

Otros 96 millones se perdieron por el cambio de modalidad de objetiva a directa, mientras que 298 millones se dejaron de ingresar por el tipo 0 del IVA aplicado en el material sanitario esencial para combatir la Covid.

A su vez, se perdieron 93 millones por la eliminación de días naturales en el Estado de alarma y otros 3 milloens por el tipo superreducido en libros, periódicos y revistas digitales.

El resto de medidas aportaron 3.963 millones

Por otra parte, la Agencia Tributaria cifra en 3.963 millones el impacto de las medidas ajenas a Covid 10, con lo que el impacto neto de los cambios normativos y de gestión que han tenido alguna repercusión relevante sobre los ingresos en 2020 se estima en 2.940 millones de euros.

Entre las medidas ajenas al Covid, en su mayoría previas a la aparición del virus, buena parte no son impactos propios de 2020, sino de 2019, pero que se incluyen al afectar a la tasa de variación entre ambos años. En esta situación están las devoluciones por la prestación de maternidad en el IRPF (1.582 millones de impacto), las derivadas de sentencias en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y los abonos por los DTA también en Sociedades.

Otros impactos, aunque se produjeran en 2020, eran también consecuencia de decisiones anteriores. Es el caso del efecto en 2019 sobre la cuota anual del IRPF de la liquidación del impuesto asociado a las prestaciones por maternidad pagadas en 2018 (antes de la sentencia) y de la ampliación de las deducciones familiares (iniciada en 2018, pero completada en la declaración de 2019 presentada en 2020), con 251 millones de merma recaudatoria.

Se suma el aumento de los ingresos por la recuperación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, con 530 millones de impacto; del incremento en la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos por el desplazamiento a 2020 de parte de los ingresos derivados del cambio en la tarifa autonómica que tuvo lugar en 2019, con un impacto de 53 millones, y de las pérdidas por el gravamen sobre Loterías al elevarse el umbral de exención, con una incidencia de 45 millones.

Además, se registraron ingresos y devoluciones extraordinarias en el Impuesto sobre Sociedades por sentencias dictadas en 2020; en los primeros el importe fue de 1.081 millones y en las segundas de 406 millones (los intereses generados por la declaración de inconstitucionalidad del RDL 2/2016 que modificó la forma de cálculo de los pagos fraccionados).

La recaudación tributaria cae un 8,8%

Por su parte, la recaudación tributaria bajó un 8,8% en 2020, hasta los 194.051 millones de euros, el mayor retroceso en once años, aunque por debajo de la caída del PIB (-10,8%), debido a la «garantía de rentas» lograda con algunas de las medidas para paliar la crisis. Hacienda ha encargado un estudio para analizar esto.

Por impuestos, la recaudación por IRPF subió un 1,2%, hasta los 87.972 millones por los ERTE que han permitido “salvar el empleo”, así como por el alza de pensiones y del sueldo de los empleados públicos.

En otras figuras fiscales el patrón de paro de la actividad y consumo repercutió de forma más clara, ya que los ingresos por IVA bajaron un 11,5%, hasta 63.337 millones, por el menor gasto de las familias, que también explica el descenso de los ingresos de los impuestos especiales, con una merma del 12,1%, hasta 18.790 millones.

El peor comportamiento lo registró el Impuesto de Sociedades, con una caída del 33,2%, hasta 15.858 millones de euros, debido a la reducción de los beneficios empresariales y por las devoluciones fiscales, ya que el año pasado aumentaron en 3.000 millones, algo que Montero achaca porque el año pasado aumentaron mucho los pagos fraccionados, una vez liquidados.

A ello se suma que una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable, lo que generó devoluciones por importe de 500 millones. Si solo se tuviesen en cuenta beneficios empresariales, la recaudación habría caído un 23%, 10 puntos menos que el descenso real registrado.

En paralelo, los pagos fraccionados han descendido hasta un 54% en el caso de las entidades financieras, frente a la caída del 37% de media en los grupos consolidados.