Las instituciones de Andorra se contradicen sobre BPA desde 2009

Han aparecido nuevos datos sobre la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA). Varios documentos, encontrados en el registro que llevan a cabo un centenar de especialistas de PwC, probarían que las instituciones del Principado se contradicen desde hace años sobre la existencia del blanqueo. Las diferencias de criterio entre el cuerpo de inspección y el ministerio público datan de 2009.

En esencia, mientras la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) certificó en dos informes que no había indicios de delito, el fiscal sostenía todo lo contrario y logró imponer 18 meses de medidas cautelares. El equivalente a la Audiencia Nacional del país actúo para ordenar la situación hasta la intervención del pasado marzo. Las primeras discrepancias surgen hace seis años.

Dos certificados

El por entonces jefe de la UIF, Josep Maria Francino, emitió un certificado que declaraba el grupo de crédito libre de blanqueo. El despacho oficial se firmó el 12 de enero de 2009. En él se lee que de las auditorías se desprende que «BPA cumple con los requerimientos de la legislación andorrana de prevención y lucha de blanqueo y financiación del terrorismo internacional».

El Gobierno local y la propia cúpula del grupo, controlada por los hermanos Ramon e Higini Cierco, acusan copia del mismo.

En 2009 existían dudas sobre ciertas operativas, de ahí la trascendencia del documento. El propio banco sospechaba de las operaciones que desde 2006 ordenaban varios clientes de origen venezolano. Los mecanismos internos pusieron la proa a Norman Puerta Varela. Teóricamente, el funcionario era el máximo responsable de la lucha contra el tráfico de droga en el Ejecutivo que presidió Hugo Chávez. Si bien, fue cazado vendiendo heroína.

Operaciones sospechosas

La detención hizo sospechar que sus saldos en BPA, de hasta 1,3 millones de dólares, tendrían origen irregular. La actuación del grupo de los Cierco fue de prudencia respecto a las operativas y contundente con los empleados. Denunció a la UIF los ingresos y despidió a los directivos que los permitieron. Además, avisó a las autoridades andorranas dos veces de que Puerta Varela estaba en el Principado. En ambas ocasiones fue detenido y puesto en libertad posteriormente.

El último viaje del ex policía bolivariano se produjo en 2011. Meses después, BPA cancela definitivamente la cuenta ante la carencia de respuesta oficial y, según sostiene el ex subdirector de negocio internacional, Pablo Laplana, los fondos se dispersan hacia Andbank y Morabanc. En 2012, se produce el segundo dictamen clave del proceso. La UIF vuelve a certificar el 17 de septiembre de aquel año la transparencia de la entidad.

Tres años sin medidas «correctoras»

Esta vez, firma el nuevo jefe de inspección, Carles Fiñana. El documento es aún más concreto que el anterior: «Puedo confirmar que BPA no ha sido objeto en los últimos tres años de ninguna acción correctora ni medida sancionadora en materia de prevención de blanqueo de capitales ni de financiación del terrorismo» escribe el responsable de la UIF. El actual presidente de Andorra, Antoni Martí, ya gobernaba.

La UIF validó el comportamiento de BPA incluso con operaciones bajo la lupa. Pero el fiscal vio indicios de delito. Chirría que, previamente, no se opuso a que un juez dejara en libertad dos veces al sospechoso de blanqueo. El 30 de noviembre de 2012, el magistrado de guardia ordena el bloqueo de varias cuentas en BPA, Andbank y Morabanc. Pide los movimientos incluso de las numeradas ya canceladas. El 3 de diciembre se amplían las medidas cautelares por instancias del ministerio público.

El tribunal se alinea con la UIF

Año y medio después, el Tribunal de Corts andorrano ordena el levantamiento de los bloqueos al entender que no se han acumulado pruebas suficientes para mantener congelado el dinero de varios clientes. La tesis de la sala de primera instancia parece dar la razón la UIF y a los autocontroles de BPA. El auto se dictó en agosto de 2014. Medio año después, se desencadenó la intervención tras el informe acusador del Tesoro estadounidense.