Las empresas de suministro se plantean no presentarse a los concursos públicos por la inflación

Con una inflación de precios industriales cercana al 50%, las empresas suministradoras de semáforos, mobiliario urbano, metro, tren y otras infraestructuras de las ciudades se plantean no presentarse a los nuevos concursos públicos, que podrían quedar desiertos si no cambia la situación.

«En las nuevas licitaciones muchas empresas se lo están planteando de manera muy seria, porque o hay posibilidad de revisión (de precios) o no se arriesgan, y en muchos casos no hay posibilidad de revisión, porque no está contemplado», ha explicado el director general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec), Joan Tristany.

Según sus datos, la mayor «preocupación» la tienen las empresas que fabrican productos de equipamiento urbano, equipos para la gestión del tráfico «y todo lo que es el concepto de las ‘smart cities’ (ciudades inteligentes), cuyo cliente fundamental es el sector público y, dentro de él, los ayuntamientos, diputaciones, Renfe y Aena.

Uno de los ejemplos que pone es el de una de sus empresas asociadas que podría optar al concurso que se publica este 2022 de equipos para zona azul en una gran ciudad del área metropolitana de Barcelona.

En este caso, mientras que el precio de la licitación por parquímetro sólo ha aumentado un 15% respecto 2016, el del acero inoxidable lo ha hecho un 46% de 2020 a 2022, y a esto se suma la subida del coste de la energía, del transporte, del resto de componentes y la falta de material, que comporta tener que hacer compras a riesgo, es decir, sin tener pedidos.

«Si todo sube, si todos los proyectos públicos aumentan un 20%, esto llevaría a que el presupuesto público en inversiones aumentara un 20 %, cosa que no puede ser, porque ya está aprobado»

Joan Tristany, director general de Amec

Estos incrementos de costes, que los fabricantes no pueden repercutir en el precio final cuando van a concursos públicos, hasta ahora los están absorbiendo las empresas en el caso de los contratos ya firmados.

El decreto de revisión de precios

Para las licitaciones que se firmaron antes del incremento de precios de los materiales, el Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo un real decreto-ley con medidas extraordinarias que permiten revisar, excepcionalmente, los precios por el encarecimiento de materiales, pero solo en los contratos de obras de construcción, no de suministros ni servicios.

Posteriormente, el 30 de marzo, el Ejecutivo amplió ese decreto a la posibilidad de revisar los precios en cualquier fase del proceso de contratación y en aquellos cuya licitación se produzca en el próximo año, pero siempre en contratos de construcción de obras públicas.

Desde la patronal Amec, su director general dice ser consciente de que los recursos públicos son limitados, por lo que, en su opinión, la solución pasa por que la administración no licite todo lo que tiene presupuestado, con el fin de tener un remanente con el que actualizar los precios.

«Si todo sube, si todos los proyectos públicos aumentan un 20%, esto llevaría a que el presupuesto público en inversiones aumentara un 20 %, cosa que no puede ser, porque ya está aprobado», precisa.

«Por tanto, a lo mejor si la administración pública dispone de un presupuesto de cien, tendría que licitar por menos, por 80 o 90, y dejar un margen por si hay incremento de precios», propone Tristany, que llama a la administración a una «toma de decisión ágil».

Renegociación entre privados

Según el último informe de coyuntura de Amec, seis de cada diez empresas (64,2%) ya redujeron sus márgenes y/o incrementaron los plazos de entrega en 2021 y menos de la mitad (41,5%) repercutieron el incremento de precios sobre sus clientes.

Tristany confirma que, en el caso de los contratos privados, las empresas sí han podido trasladar el incremento de precios al cliente y pone como ejemplo el sector auto.

«Por ejemplo, en un contrato de suministro de retrovisores a un precio, en unos plazos determinados durante todo el año, es difícil renegociar, pero se ha renegociado», asegura.

Otro efecto en las ventas de las empresas industriales al sector privado es que la validez de los presupuestos cada vez se acorta más y ya se hacen presupuestos con validez de quince días y cláusula de revisión, mientras que en los contratos de empresas más grandes se está indexando el precio al coste de las materias primas.

El mercado negro

La dificultades de los fabricantes para acceder a las materias primas tras un primer trimestre del año «bueno» en volumen de pedidos es otro de los problemas a los que siguen enfrentándose, en ocasiones pidiendo material electrónico prestado para poder sacar adelante los proyectos.

En el contexto de un nuevo brote de covid en China que nuevamente está dificultando las cadenas de suministros, Tristany denuncia la «especulación clarísima» que ejercen «unas figuras que han aparecido que son ‘brokers’ de las materias primas«.

Es decir, empresas que «ante esta situación han comprado y comprado y esperan a que suban los precios y a que la gente esté desesperada, porque tiene que instalar una maquina o servir un proyecto, y está dispuesta a pagar casi lo que sea«, como está ocurriendo -recuerda- con los microchips.