Las empresas con caídas de ventas del 30% tendrán 10 años para devolver los créditos ICO

El Gobierno da un respiro a las empresas que pidieron financiación al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para afrontar el coronavirus. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Código de Buenas Prácticas por el que las compañías y autónomos cuya facturación haya caído un 30% debido a la pandemia puedan alargar la devolución de los préstamos hasta 10 años. El segundo requisito será que la cuenta de pérdidas y ganancias haya presentado un resultado negativo después de impuestos en 2020.

Para proporcionar más tiempo a las empresas y que puedan recuperarse de los efectos económicos de la pandemia, esta medida permitirá también la ampliación de los periodos de carencia más allá de dos años en el pago del principal. Así lo ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos a través de un comunicado en el que ha apuntado que se mantendrá el aval público en los préstamos que, por acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos.

De esta forma, el Ejecutivo busca mejorar la solvencia y la calidad crediticia de las empresas. No obstante, para la concesión de estas ayudas, ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda antes del 1 de diciembre de 2022, de la avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado tras el estallido de la pandemia.

El Gobierno destina 3.000M para refinanciar la deuda

Por otro lado, el departamento que dirige Nadia Calviño ha informado que se destinan 3.000 millones para que el ICO, principalmente, acompañe los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval o reaval del Estado. Así, se permite así la reducción del importe nominal de la deuda y, por tanto, “se completa el catálogo de instrumentos para asegurar la solvencia de empresas viables con problemas financieros transitorios”, han afirmado desde el ministerio.

Las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código. A partir de este momento las entidades dispondrán de un mes para comunicar su adhesión a este código de buenas prácticas a la Secretaría General del Tesoro y Financiación.

Sin embargo, con el fin de garantizar la transparencia e incentivar la participación de todas las entidades financieras activas en España que han accedido a los avales públicos, el Gobierno publicará la lista de los bancos que se apunten y también los que no lo hagan. Asimismo, las entidades deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las reducciones pueden ser de hasta el 75% avalado

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%.

Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo, y el abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, teniendo como límite los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido avales: 2.750 millones para los del ICO; 100 millones para avales de Cesce y 150 millones para avales gestionado por Cersa.