Las eléctricas alertan de la pérdida de 100 GW de renovables por la tramitación ambiental
Piden flexibilizar los hitos temporales establecidos por el Gobierno para prolongar los permisos de acceso y conexión porque muchos caducan en el proceso de autorización
Placas solares
Las eléctricas EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy han participado en un informe elaborado por Monitor Deloitte en el que alertan del «acusado retraso» que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas (renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico).
«Es el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030», avisan, y señalan que en caso de que no se flexibilicen los hitos temporales establecidos por el Gobierno para prolongar los permisos de acceso y conexión, 100 Gigavatios (GW) en tramitación podrían caducar y ejecutarse sus garantías al incumplir los plazos de instalación y puesta en marcha.
Dichos plazos están fijados en el Real Decreto-ley 23/2020 aunque fue modificado a finales de 2021 por el Real Decreto-ley 29/2021 para conceder un plazo adicional de nueve meses a los hitos intermedios relativos a la obtención de la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previas y de construcción ante el riesgo de que los promotores perdieran sus permisos de acceso y conexión.
Aunque mantuvo el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva y la entrada en operación de la instalación.
Retraso en las emisiones de la Declaración de Impacto Ambiental
El interés por el desarrollo de proyectos renovables ha aumentado, multiplicando por siete la capacidad de acceso concedida a la red en los últimos cuatro años y alcanzando los 145 GW, lo que retrasa la tramitación. En Concreto, en los últimos años se han multiplicado por entre 9 y 10 el número de proyectos renovables en tramitación en dos años, que han pasado de 250 en 2019 a 2.300 proyectos en 2021.
Los plazos de tramitación reales en los proyectos de inversión de infraestructuras eléctricas superan ampliamente los plazos máximos definidos en la regulación (18 meses), llegando a alcanzar de media los dos o tres años de duración y superando los 10 años en los casos más extremos.
El estudio señala que, aunque algunas comunidades autónomas han sido capaces de adaptarse más ágilmente al incremento de proyectos, hay un importante retraso en su tramitación. De hecho, entre el 25 % y el 30% de los proyectos de redes y entre el 40 % y el 70 % de los proyectos renovables no cumplen los plazos definidos por la regulación en la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), uno de los principales hitos en la tramitación.
Propuestas para agilizar los trámites
Los autores del informe proponen diez recomendaciones para «hacer más eficientes los recursos de las administraciones públicas». Proponen desarrollar nuevas herramientas de seguimiento de los trámites, incluyendo portales únicos, integrados y estandarizados.
También desarrollar un visor cartográfico único, de carácter oficial, que permita identificar las infraestructuras energéticas, tanto en servicio como en tramitación, para facilitar a operadores de redes y promotores sus planificaciones y la valoración preliminar de la viabilidad de los proyectos.
Otras de sus propuestas sin flexibilizar la transferencia de capacidad de acceso y conexión concedida a la red de transporte a la red de distribución; definir mecanismos que penalicen a los proyectos con información incompleta y reducir los informes preceptivos y organismos competentes para obtener la declaración de impacto ambiental.
