Las defensas del caso Hacienda alegan que los delitos han prescrito
Este martes se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona la primera jornada del juicio del caso Hacienda, que según las previsiones, durará ni más ni menos que siete meses. Los abogados de los principales acusados reclamaron la prescripción de los delitos que se imputan a sus clientes, ya que, según la Fiscalía, estos se cometieron entre finales de los años 80 y hasta 1994, mientras que la investigación judicial no empezó hasta finales de 1999, más de cinco años después, límite máximo para estos delitos y penas.
El juicio, uno de los más importantes relacionados con Hacienda y de los más largos que se ha celebrado en la capital catalana, juzga a importantes empresarios catalanes que supuestamente sobornaron a altos cargos de Hacienda, también procesados, para no ser inspeccionados y pagar menos impuestos.
La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 126 años de prisión para los encausados, entre los que destacan el constructor Josep Lluís Núñez Clemente y su hijo, el financiero Javier de la Rosa, el ex jefe de los inspectores de Hacienda en Catalunya Josep Maria Huguet y el ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio Juan José Folchi.
Los abogados de Huguet, Folchi, De la Rosa, el ex inspector Manuel Abella y de la inmobiliaria Núñez y Navarro, pretenden que la Sección Novena declare prescritos los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental u omisión del deber de perseguir delitos.
Todos los letrados utilizaron casi los mismos argumentos. Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el último hecho delictivo pudo haber sido a mediados de 1994, mientras que la investigación empezó a finales de 1999.
Asimismo, si el tribunal no aceptara este argumento y acaba condenando a sus defendidos, solicitan que se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial ha tardado casi diez años en llegar a la vista oral.
En el caso del abogado de De la Rosa, Francesc Jufresa, en su larga exposición también defendió que se archive la causa contra su cliente por varios delitos de los que ya ha sido condenado en otros procesos y de un hecho del que se le acusa como representante de Torras-Kio dos años después de que dejara el cargo.
El mismo letrado pidió la nulidad de un informe pericial elaborado por un perito que forma parte de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, por lo que Jufresa considera que no es objetivos. Además, este perito ya elaboró dictámenes contrarios a De la Rosa en otros procesos.
El abogado del grupo Núñez y Navarro, Cristóbal Martell, pidió, sobre este perito que declarara como testigo y no en calidad de perito, por ser uno de los investigadores de los hechos enjuiciados.
Martell también reclamó la nulidad de la segunda entrada y registro judicial en una sede de la inmobiliaria y que no se acepte ninguna de las pruebas que se sacó de allí.
Como pruebas añadidas, el abogado de De la Rosa propuso que se cite como testigo al director de inversiones de Kio en el momento de los hechos y que se aporten documentos sobre las fusiones de varias empresas del grupo.
Por su parte, las acusaciones –Fiscalía y Abogacía del Estado–, pidieron añadir más pruebas como certificados del Tribunal Económico Administrativo que prueban que Núñez y Navarro se benefició de exenciones fiscales que no le correspondían.
