Las concesionarias se oponen a las exigencias de las constructoras de Seopan

Las empresas concesionarias de grandes infraestructuras no quieren que cambien los elementos centrales de su negocio, tal como han sugerido las constructoras, que quieren entrar con fuerza en dicho ámbito.
La crisis económica tiene efectos paradójicos. Uno es que las empresas de un sector, en este caso el constructor pidan a la administración pública que entre en el capital de la empresas que han de construir primero y administrar luego las nuevas autopistas.

Los impulsores de las nuevas infraestructuras han lanzado globos sonda para ver que respuesta da el ejecutivo a un reto importante: construir en los próximos tres años infraestructuras valoradas en 150.000 millones de euros. Con lo que está cayendo parece que las empresas del ladrillo estarían pidiendo la implicación directa de la administración. Y lo hacen filtrando informaciones,

Pero el negocio de las infraestructuras no nació ayer, en España hay empresas muy potentes que se dedican a este cometido y que tienen fijado un estatu quo con el gobierno y que, de forma extraoficial han explicado que no estarían de acuerdo en cambiar la situación por una nueva vinculada a las condiciones filtradas desde la patronal de las grandes constructoras, Seopan.

Lo que piden las constructoras es una especie de carta a los reyes, han dicho desde fuentes del sector de las concesionarias. Por una parte reclaman que el estado avale a las entidades que consiguiesen una concesión para construir un tramo de autopistas. Con dicho aval se aseguraría a las entidades que concediesen los créditos para construir la recuperación de sus fondos en caso de que la constructora quebrase.

También se quiere recuperar la llamada responsabilidad patrimonial del Estado y eliminar el limite de responsabilidad del constructor en las expropiaciones.

La tercera petición es ampliar las concesiones de los 36 años a 72 años.

La cuarta es vincular los aumentos de las peajes al PIB nominal por capital y no a la inflación, y adoptar libertad de tarifas a partir de unos determinados niveles de tráfico.

A las citadas peticiones, no el estado si no las empresas que ya explotan concesiones de infraestructuras, especialmente autopistas responden con argumentos vinculados a la realidad y a las condiciones actuales. Así, la solicitud de que el estado participe en la financiación de las infraestructuras se relaciona con los problemas de liquidez que puedan tener algunas empresas. La petición de que el estado vuelva a hacerse cargo de la responsabilidad patrimonial en las expropiaciones se relaciona con lo que al parecer está pasando en algunas de las llamadas vías radiales, que empezaron a expropiarse y por vía judicial se ha decidido que se deben elevar las indemnizaciones a lo que las empresas responderían pidiendo la participación del Estado.

A la petición de que se amplíe el plazo de la concesión, las mismas concesionarias responden con la legislación española y europea que fija en 35 años el límite superior y recuerdan que cualquier cambio en este sentido supondría la renegociación de los contratos de muchas infraestructuras con la complicación que dicho proceso supondría.

En relación a la vinculación de los contratos al PIB consideran que es otro de los elementos ya fijados en los contratos y que el sistema actual es el mejor: ligar las subidas al IPC “y en caso de que sea negativo mantener los precios”, afirman.