Las comunidades tardarán 23 años en rebajar su deuda a un nivel óptimo
El incremento del gasto público y el déficit fiscal retrasan las previsiones de recuperación de la deuda hasta el año 2044, según la Airef
Personal sanitario del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) en la UCI para enfermos de COVID-19. EFE/Quique Garcia/Archivo
La crisis del coronavirus ha empeorado todas las previsiones para la recuperación económica. Las comunidades autónomas necesitarán más de dos décadas de tiempo para poder rebajar su deuda pública por debajo del umbral del 13% de su Producto Interior Bruto (PIB), el nivel recomendado por los analistas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha publicado la última actualización sobre su Observatorio de Deuda Pública que muestra cómo el escenario de futuro de las autonomías se ha complicado con la entrada en escena de la Covid-19. El organismo calculaba antes que podrían situarse en un nivel óptimo en el año 2035, pero la pandemia ha estirado el margen hasta el 2044.
Los analistas han subrayado que el impacto del coronavirus ha colocado la situación financiera de las regiones en un estado de «mayor vulnerabilidad». Al elevado nivel de gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social, se suma el previsible deterioro del saldo fiscal en los próximos años.
«La contención y estabilización de la ratio de deuda autonómica exigirá una convergencia al equilibrio presupuestario en el futuro, aunque será esencial que la senda de ajuste sea adecuada para no comprometer el crecimiento en el corto y largo plazo», reza el informe.
La Airef ha recordado que la crisis financiera internacional que estalló en 2008, las comunidades ya protagonizaron un incremento de la deuda pública de más de 19 puntos. Tras la peor fase de la recesión, el endeudamiento se estabilizó en unos valores cercanos el 24% del PIB, once puntos por encima del umbral deseado.
La Comunidad Valenciana es la más golpeada por el incremento de la deuda
La Airef ha señalado su especial preocupación por la situación que atraviesa la Comunidad Valenciana, que se ha mantenido la región más endeudada de España durante el primer trimestre del 2021. En un momento marcado por la tercera oleada de contagios, la deuda pública de la autonomía ha ascendido hasta los 51.117 millones de euros, lo que representa un 49,4% de su Producto Interior Bruto (PIB).
El informe trimestral del Banco de España sobre el endeudamiento de las administraciones autonómicas colocó a la Comunidad Valenciana en cabeza, muy por delante de Castilla La Mancha (41%), Cataluña (38%), Murcia (37,5%) o Baleares (29,9%). Todas se encuentran por encima de la media del conjunto de las autonomías fijada en un 27,6%.
Las comunidades se han visto obligadas a elevar su gasto público en el primer tramo del año, justo cuando España se vio sumida en una nueva crisis sanitaria marcada por la tercera ola de casos positivos que puso en jaque a los hospitales. Al cierre del mes de marzo, acumulaban entre todas una deuda de 307.316 millones de euros.
La clasificación salpica especialmente a Cataluña que ha acabado el primer trimestre con una deuda de 80.399 millones de euros, la mayor en términos absolutos de toda España. El endeudamiento representa el 38% del PIB de la comunidad autónoma, tras empeorar nueve décimas con respecto al informe de diciembre.
La Comunidad de Madrid mantiene su deuda en el 16,5% del PIB
Los datos contrastan con el resultado que han obtenido otras comunidades como Madrid que ha cerrado el primer trimestre con una deuda pública de 35.352 millones de euros, lo que representa un 16,5% de su PIB. La capital española ha elevado su endeudamiento en cinco décimas con respecto al final del 2020 pero mantiene su posición privilegiada en España.
Estos datos solo los mejora Canarias que ha alcanzado una deuda de 6.694 (15,9% del PIB), lo que supone ocho décimas más que en el último balance trimestral, así como País Vasco que ha cerrado marzo con 10.924 millones de euros (16,4%), tres décimas más que en diciembre de 2020.
La publicación de los datos se ha producido en un momento de fuerte discusión entre las comunidades por el modelo de financiación autonómico y por las diferencias en la tributación de los impuestos. El Gobierno de Ximo Puig se ha centrado en el último año en denunciar el dumpling fiscal de la administración de Isabel Díaz Ayuso.
El líder socialista ha exigido en público que se suban los impuestos a las rentas más altas de Madrid, especialmente aquellos relacionados con la transmisión de patrimonio. Considera que su sistema tributario supone una competencia desleal para el resto de comunidades. Un escenario que no está dispuesta a acatar la líder popular.
