Las CCAA tendrán que devolver el próximo año 3.000 millones por los mayores recursos de 2020
La liquidación que corrige la diferencia entre las entregas a cuenta y los ingresos tributarios podría ser negativa también en 2023
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
Distintos organismos venían advirtiendo desde hace tiempo de las consecuencias que tendría en la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2022 los miles de millones transferidos por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas en 2020 para hacer frente a las consecuencias derivadas de las crisis de la Covid-19 y el gasto extraordinario asociado y ahora empiezan a cuantificar ese impacto negativo.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima una «fortísima» reducción de la liquidación del sistema de financiación autonómico el próximo ejercicio, ya que pasará a tener un saldo negativo de unos 3.000 millones de euros, frente al saldo positivo de 10.700 millones de euros de la liquidación practicada en 2020.
Esto será así como consecuencia de que la financiación total por caja de 2020 ha superado a la financiación devengada en 12.400 millones de euros, un desfase que se traducirá en la reducción de la liquidación del sistema de financiación de 2022, ya que las liquidaciones se realizan dos años a posteriori, lo que supondrá que las regiones dejarán de contar con unos recursos presupuestarios de unos 3.000 millones de euros que tendrán que devolver a Hacienda.
Así se desprende del trabajo de Ángel de la Fuente en el que se ofrecen estimaciones preliminares de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común en 2020, incluyendo la parte de los recursos extraordinarios que el Gobierno central ha aportado para ayudar a las CCAA a lidiar con los efectos financieros de la crisis sanitaria que no está ligada a necesidades específicas de gasto generadas por la pandemia.
Las entregas a cuenta de 2020
El Gobierno optó por repartir en 2020 las entregas a cuenta ordinarias del sistema de financiación haciendo los cálculos como si no hubiese pandemia, para contribuir a que las regiones pudiesen hacer frente al gasto sobrevenido por la Covid-19, como el referido a la Sanidad, competencia transferida a las CCAA, de modo que por esa vía las regiones obtuvieron unos 106.000 millones de euros, un 8% más que en 2019.
En términos de caja, la financiación total de las CCAA ha aumentado entre 2018 y 2020 en un 7,5%, y en un 11,1% si se tiene en cuenta el último tramo del Fondo Covid-19 (que no está ligado a gastos extraordinarios generados por la pandemia), mientras que el PIB se ha reducido en un 6,3%.
En este sentido, Fedea señala que como ya hizo durante la crisis de 2008, el Gobierno central ha optado por aislar a las comunidades autónomas de las consecuencias financieras inmediatas de la crisis mediante un cálculo «muy sesgado» al alza de las entregas a cuenta del sistema y a través de transferencias extraordinarias que entonces se plasmaron en una sustancial revisión al alza de la aportación del Estado al sistema de financiación autonómica con motivo del acuerdo de financiación de 2009.
Ahora, se ha implementado mediante el llamado Fondo Covid-19, que «previsiblemente se mantendrá de una forma u otra durante varios ejercicios». Al igual que en la crisis pasada, Fedea se pregunta «si esta política es la más acertada, por cuanto reduce los incentivos de las administraciones regionales para reaccionar rápidamente a las cambiantes circunstancias económicas».
La protección de rentas «no puede prolongarse mucho en el tiempo»
Entre 2018 y 2020, la financiación efectiva total de las comunidades de régimen común medida en estos términos se ha reducido en un 5,3%, que se queda en sólo un 1,8% si se tiene en cuenta el último tramo del Fondo Covid-19. Esto se debe a que la caída de los ingresos tributarios de las autonomías ha sido mucho más suave en esta crisis que en la anterior (-4,3% entre 2018 y 2020 frente a -23,8% entre 2007 y 2009).
El grueso de la diferencia tiene que ver con que esta vez no se ha registrado nada parecido al estallido de la burbuja inmobiliaria y fiscal que se produjo en 2008-9, pero también ha sido importante el fuerte aumento de los salarios y prestaciones públicas que compensó el descenso de las rentas privadas durante 2020, explica Fedea.
Esto ha sido fruto de una política intencionada de protección de rentas familiares mediante transferencias públicas que ha funcionado bien a corto plazo pero que no puede prolongarse mucho en el tiempo puesto que se está financiando con déficit en un contexto de deuda ya muy elevada», ha enfatizado.
El impacto podría repetirse en 2023
Lo que las comunidades ingresan realmente a lo largo del año son una serie de entregas a cuenta basadas en las previsiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado que se ingresan por doceavas partes mensuales. La diferencia entre los ingresos definitivos que corresponden a cada región en el año y las entregas a cuenta percibidas por ésta a lo largo del ejercicio se paga (o al menos se calcula) dos años más tarde, una vez se dispone de todos los datos necesarios para realizar la liquidación del sistema.
Como consecuencia de esos mayores recursos obtenidos por las CCAA en 2020 por las transferencias del Estado, la liquidación del sistema de financiación 3n2022 será a favor del Estado y las regiones tendrán que devolver lo cobrado de más, algo que se repetirá previsiblemente en el ejercicio de 2023, cuando se acometa la liquidación conforme a las entregas a cuenta de este año, 2021.
Y es que dado que para realizar el cálculo de la liquidación del sistema de financiación autonómica se tiene en cuenta la recaudación tributaria, para corregir la diferencia con las entregas a cuenta, algo similar podría suceder con la liquidación del sistema en 2023, ya que las entregas a cuenta de 2021 ya anunciadas serán de 105.600 millones de euros, según han advertido también organismos como la AIReF.
El impacto en 2022 llegará en un momento complicado para las CCAA de todavía salida de la crisis, y de cara a 2023 previsiblemente podría sumarse la reducción de la financiación a través de las ayudas europeas y más pérdida de recursos en el caso de que el Gobierno actualice las entregas a cuenta de 2022 ajustándolas a la nueva previsión de recaudación.
El sistema mitiga los efectos de la Covid
En cuanto a las posiciones relativas de las distintas comunidades en términos de financiación por habitante ajustado, Fedea sostiene que el sistema mantiene la «elevada inercia» que asegura su diseño y una «elevada capacidad de mutualización del riesgo que ha de valorarse muy positivamente».
De hecho, resalta que aunque la crisis del Covid ha tenido efectos económicos «muy desiguales» sobre las distintas comunidades, el sistema «ha absorbido buena parte de los shocks asimétricos, mitigando muy significativamente sus efectos adversos sobre las comunidades más afectadas».
El informe incide en este punto en Baleares y Canarias, las dos comunidades más afectadas por la crisis debido a su fuerte dependencia del turismo, en términos del comportamiento de su índice de financiación definitiva, puesto que aunque la caída esperada del PIB es mayor en Baleares, se prevé que su índice de financiación por habitante ajustado caiga sólo 1,5 puntos entre 2018 y 2020 cuando se incluye el último tramo del Fondo Covid, frente a algo más de 6 puntos en el caso de Canarias.
La diferencia se debe en parte a que el reparto del Fondo Covid «favorece mucho más a Baleares» y a que, puesto que los recursos Régimen Económica y Fiscal (REF) de Canarias se han sacado por completo del sistema de financiación autonómica, éste «no compensa en absoluto su caída». «Lo que el sistema no puede hacer por sí solo es solventar sus problemas de equidad, que se convierten en especialmente acuciantes en tiempos difíciles», añade Fedea.
Fedea propone repartir una parte de las transferencias extraordinarias
Por último, Ángel de la Fuente lanza una propuesta para repartir con un criterio explícito de nivelación una parte de las transferencias extraordinarias a las CCAA que el Gobierno ha establecido para ayudarlas a hacer frente a la crisis.
Según las estimaciones del autor para 2020, distribuir con este criterio el último tramo del Fondo Covid-19 habría permitido reducir en torno a un tercio la desigualdad entre comunidades en términos de financiación por habitante ajustado.
Lo mismo podría conseguirse en 2021, segura, utilizando una parte de los fondos ya previstos en los PGE para complementar la financiación autonómica, cuyos criterios de reparto están todavía pendientes de fijar.
