Las CCAA dejarán de recibir 12.000 millones en 2022
Los recursos caerán por la ausencia de transferencias del Estado, el menor impacto de fondos UE y la liquidación negativa de la financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. / Congreso
La crisis de la Covid amenazaba con impactar fuertemente en las finanzas de las comunidades autónomas ante el previsible deterioro de los ingresos por las restricciones de movilidad y el aumento del gasto vía medidas para paliar las consecuencias de la pandemia en las rentas de familias, empresas y trabajadores.
Sin embargo, lejos de ello, las transferencias y ayudas realizadas por el Estado a las autonomías ha permitido al subsector regional obtener recursos históricos y capear en buena medida la incidencia de la crisis de la Covid-19 en sus cuentas, pero esta aparente buena situación fiscal de las regiones en un contexto económico difícil como el actual podría darse la vuelta a partir del año que viene y mermar sus recursos un 7%, en torno a 12.000 millones de euros.
Al menos así lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuya presidenta, Cristina Herrero, ha lanzado la voz de alarma recientemente en una conferencia organizada por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (Rifde) sobre el previsible deterioro «importante»del saldo fiscal de las CCAA.
Sin transferencias, menor impacto de fondos UE y liquidación negativa de 2020
Según el último informe de estimaciones presupuestarias iniciales de las administraciones, la AIReF calculaba que los recursos de autonómicos podrían repuntar hasta el 15,9% del PIB, alrededor de 170.000 millones de euros. Si se tienen en cuenta las transferencias del Estado para ayudas directas a empresas se añadirían los 7.000 millones de fondo para pymes y solvencias, con lo que los recursos se elevarían al 16,5% del PIB y si se computan los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia alcanzarían el 18% del PIB, unos 190.000 millones.
Sin embargo, de cara al 2022 advierte de que los recursos de las autonomías podrían disminuir en torno al 7%, lo que podría suponer un retroceso de alrededor de 12.000 millones respecto a los recursos de alrededor de 170.000 millones de euros que las CCAA obtienen este año 2021.
Este deterioro obedece al perfil decreciente de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, la no reiteración de las transferencias extraordinarias del Estado y la caída estimada de los recursos del sistema de régimen común por la liquidación negativa de 2020.
Sobre este último punto, la institución ya advirtió hace meses de que el desfase de las finanzas de las CCAA podría agudizarse a partir de 2022 por el impacto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación en unos 5.000 millones de euros, una cuantía que las regiones deberían devolver al Estado, lo que ahondaría en los desequilibrios de las cuentas regionales y acabaría obligando previsiblemente a las autonomías a un mayor endeudamiento.
Por ello, la AIReF ha urgido en reiteradas ocasiones a las regiones a evitar en la medida de lo posible el gasto estrutural y a elaborar planes de ajuste fiscal, en tanto que ha instado a Hacienda a acometer planes para que se pueda digerir esa liquidación negativa en varios ejercicios y diluir así su impacto sobre las cuentas autonómicas.
Hacienda estudiará una solución para la liquidación negativa
Fuentes gubernamentales han explicado a Economía Digital que el Ministerio de Hacienda buscará una solución para que no se produzca este efectivo negativo de la liquidación, de forma que tras actualizarse las entregas a cuenta al alza se evite luego solicitar a las CCAA su devolución.
Varias regiones ya se han puesto en contacto con Hacienda por este asunto y desde el departamento de María Jesús Montero aseguran que se buscarán “soluciones” para evitar el efecto “indeseable” con motivo de la actualización de las entregas a cuentas.
En paralelo, Hacienda está proyectando empezar a abordar próximamente la reforma del sistema de financiación autonómica en lo referido a los parámetros de población ajustada, aunque por el momento está en el inicio de los trabajos y en sus intervenciones María Jesús Montero apela a la capacidad de diálogo y flexibilidad de las regiones de distinto signo político para consensuar un nuevo modelo con mayor apoyo que el vigente.
El lío del IVA de 2017: entre 2.500 y 4.150 millones de pago pendiente
En medio de la posible liquidación negativa de las entregas a cuenta de 2020 el próximo año (2022), se ha reavivado el asunto de la mensualidad de IVA de 2017 no percibido, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver 182 millones a Castilla y León la liquidación del IVA de 2017.
En cualquier caso, la ministra ya ha adelantado que lo que se aplique será para la «totalidad» de las comunidades autónomas, que según cálculos de la AIReF realizados en 2019 podrían tener un pago pendiente de 2.500 millones por el IVA no cobrado en 2017. Las regiones del PP elevan la cifra a unos 4.150 millones de euros.
A su vez, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya han anunciado que reclamarán los 753 millones, el montante que estima que se adeuda a los ayuntamientos y que exigen tras el fallo del TS a favor de Castilla y León frente al Estado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan a Economía Digital que hay que esperar a evaluar la sentencia para conocer hasta dónde llega el impacto de la misma y rehúsa por el momento entrar en cifras hasta analizar la sentencia dictada por el Supremo. No obstante, desde el Gobierno señalan que estudiarán y cumplirán el fallo del Tribunal Supremo.
l origen del conflicto se inició con el cambio aprobado por el anterior Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda, por. el que se modificó el sistema de recaudación dando paso al nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA que obligó a informar del IVA a las grandes empresa en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
Con el fin de facilitar la adaptación de las empresas al mismo, Montoro decidió dar un mes extra a las empresas obligadas a tributar, lo que supuso que la mensualidad del mes de noviembre que normalmente se ingresaba en diciembre, ese año se recaudase en enero de 2018.
Aunque el cambio no tuvo repercusión inmediata para las regiones, que reciben los fondos del IVA a modo de anticipo, sí se constató en el momento de ejecutar la liquidación, a los dos años siguientes, en 2019, que se llevo a cabo sobre la recaudación efectiva de 2017, y por tanto de once meses, faltando por tanto el abono de un mes de recaudación del IVA, de entre 2.500 y 4.150 millones de euros.
Recursos récord de 162.000 millones este año
Según detalló recientemente la ministra Montero en una comparecencia en el Congreso, las CCAA recibirán unos recursos récord este año de más de 162.000 millones de euros entre los Presupuestos de 2021, el sistema de financiación, las transferencias del Estado y los recursos europeos.
En total, los recursos descritos por la ministra que percibirán las CCAA totalizan 162.768 millones de euros, según cálculos realizados por Economía Digital, el equivalente a aproximadamente el 14% del PIB, si bien estos recursos récord los obtendrán las regiones mediante el sistema de financiación autonómica, los PGE de 2021 y los distintos mecanismos europeos, como el React-EU y los fondos de reconstrucción.
En concreto, las autonomías dispondrán de 113.729 millones de euros procedentes del sistema de financiación, entre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2019, una cuantía ligeramente inferior (1.900 millones) a la de 2020, que será compensada porque el Gobierno central se ha comprometido a financiar parte del déficit público autonómico de este año.
Y es que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las autonomías, una transferencia que recibirán y que no deberán devolver, a lo que se suman los 7.000 millones de euros previstos para ayudas directas a empresas y autónomos.
Se añaden 9.760 millones de euros que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda, con un aumento de esta partida del 42%.
Recursos de la UE: 8.000 millones del React y 10.793 de fondos de reconstrucción
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno remitirá a Bruselas la próxima semana, y los 140.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción asociados al mismo, Montero ha precisado que se ha habilitado una línea de financiación a cargo del fondo REACT-UE dotada con 8.000 millones de euros este año para las CCAA para apoyar la recuperación de sectores afectados y reforzar el sistema sanitario.
A su v ez, en los Presupuestos Generales del Estado se incluyen 26.634 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación Europeo, de los que a las CCAA les corresponden 10.793 millones de euros. En conjunto con las entidades locales, a las que irán destinados 1.489 millones de los fondos europeos, gestionarán el 58% del total de los recursos comunitarios previstos para este año 2021.
Ya se han asignado 2.112 millones de fondos europeos
Estos últimos son unos recursos que ya se están comenzando a concretar en iniciativas y conferencias sectoriales, con, por ejemplo, 576 millones destinados a financiar proyectos de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes; 400 millones para el Plan MOVES III (ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos, así como sus infraestructuras de recarga).
También se han signado ya 20 millones para el Plan Te Protege, para víctimas de violencia de género; 730 millones para la economía de los cuidados y políticas de igualdad; o 361 millones para la recualificación del sistema universitario español, enumeró Montero.
En total, ya se han asignado 2.112 millones a las Comunidades Autónomas a través de las conferencias sectoriales, que son los órganos de cooperación en el marco de la gestión de los fondos europeos. España, el país que más apoyo ha prestado al subsector regional.
España es el país que más recursos ha dado a nivel regional
La titular de Hacienda afirmó en el Congreso que aunque el Gobierno continuará prestando en 2021 el “máximo apoyo” a las CCAA tras el esfuerzo efectuado en 2020, ya que “España ha sido el país que mayor grado de protección ha ofrecido al
subsector regional” dentro de los Estados con estructuras descentralizadas o federales”.
Entre las medidas aprobadas el año pasado ha citado el fondo Covid de 16.000 millones incondicionados, a fondo perdido, adicionales al sistema de financiación y no computables a efectos de regla de gasto, junto a otros fondos específicos: 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales; 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y de farmacia; 446 millones para el Plan Vivienda; 100 millones para luchar contra la violencia de género; y 25 millones para garantizar la alimentación de los menores vulnerables.
Además, en 2020 las CCAA contaron con recursos por 115.662 millones de euros sumando el sistema de financiación y las entregas a cuenta calculadas como si no hubiera pandemia.
Recursos de los ayuntamientos
En lo referido a los recursos con que contarán las entidades locales este año, de los fondos europeos consignados en los Presupuestos, los ayuntamientos serán responsables de la gestión de 1.489 millones de euros.
Además, los PGE contemplan la transferencia de 1.000 millones para el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Asimismo, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán 19.452 millones, un 3% más que en 2020.
Otras medidas adoptadas para los municipios: ayudas extraordinarias para compensar la caída de los ingresos del transporte público; préstamos para cancelar deudas pendientes con la Agencia Tributaria Estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social por 400 millones; así como la conversión de deuda a corto en operaciones a largo plazo; o la refinanciación de préstamos formalizados con el Fondo de Financiación de los pagos a proveedores.
A ello se suman otras subvenciones y compensaciones: 21,5 millones para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; 7,3 para el Campo de Gibraltar; 2 millones para los afectados por las bases militares; y 20 millones para el pacto contra la violencia de género.
En 2020 se aprobó un Real Decreto Ley para que las corporaciones locales pudieran destinar 300 millones de su superávit a financiar gastos de inversión; además de otra norma para que pudieran dedicar hasta el 7% de su superávit a financiar inversiones en vehículos eléctricos para la prestación de servicios públicos para el tratamiento de residuos, seguridad y orden público o prevención y extinción de incendios.
Las entidades locales obtuvieron también 18.736 millones del sistema de financiación, un 3% más, y al igual que para las CCAA, pudieron actuar bajo la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y en 2021, lo que permite a las entidades locales usar sus remanentes de tesorería.
