Las cabinas telefónicas desaparecerán en España en el año 2022
El Gobierno elimina la obligación de mantener las cabinas como servicio público tras las aprobación de la nueva ley de Telecomunicaciones
Ya es un hecho. Las cabinas telefónicas desparecerán en España a partir de este próximo 2022. Este martes, tras las aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el Gobierno ha eliminado la obligación de mantener las cabinas como servicio público.
Esta nueva ley se trata de una de las reformas pactadas con la Unión Europa para el desembolso de los fondos europeos que, entre otras medidas, posibilita el sistema de alertas ciudadanas, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez García.
Rodríguez ha explicado que el nuevo texto consiste en una modernización de la ley anterior que busca incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones para garantizar los derechos de los españoles a la conexión en el entorno europeo. De esta manera, esta ley transpone el código europeo de comunicaciones electrónicas de 2018.
Entre las novedades de la LGT se encuentra una reforma del sistema de servicio universal, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.
Otra de las novedades es que, por primera vez, los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería serán regulados. No obstante, cabe destacar que esta regulación solo se aplicará a aquellos inscritos en el registro de operadores, por lo que aplicaciones como Whattsapp (que no están registradas) quedarían exentas.
La situación de abandono de las cabinas telefónicas ha obligado hasta ahora a que, Telefónica, siga siendo la encargada costear el servicio y su mantenimiento (2 millones de euros al año), aunque luego el Gobierno le compensan parcialmente ese coste. La mitad de las cabinas no cursan ni una sola llamada y su mantenimiento responde más a motivos “sentimentales” que a ningún criterio económico.
Es por ello que ninguna compañía quiere hacerse cargo de este negocio ruinoso. Por tanto, la LGT incorpora la banda ancha como parte del servicio universal, aunque, tiene que desarrollarse en distintas normativas para determinar por ejemplo la velocidad de conexión, el servicio deberá permitir cumplir una serie de funciones como usar motores de búsqueda o buscar empleo y deberá ser ofrecida por todos los operadores.