La subida de impuestos de Montero destruiría 2 millones de empleos y retraería 10 puntos el PIB, según IEE

La subida proyectada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cambios y aumentos impositivos para equiparar la recaudación tributaria española a la europea y corregir en torno a 6 puntos de PIB podría provocar la destrucción de dos millones de empleos en el medio plazo y tener un efecto contractivo de hasta 10 puntos de PIB en el largo plazo. 

Así lo han señalado el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, y el director general del organismo, Gregorio Izquierdo, durante la presentación del informe ‘La competitividad fiscal de las comunidades autónomas, elaborado por el IEE, con la colaboración del presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, y del socio de PWC Alberto Monreal. 

Fernández de Mesa ha alertado de que la situación actual es “la peor para subir los impuestos en España” y ha defendido que no se pueden incrementar los tributos en medio de una recesión sin llegar a agravarla, ya que lastraría el proceso de adaptación y reconversión del tejido productivo a la nueva situación y truncaría la recuperación económica y el crecimiento potencial. 

Asimismo, ha tildado de “irresponsabilidad fiscal” la propuesta tributaria del Gobierno al considerar que “no tiene ningún sentido” aumentar impuestos en la situación tan “delicada” de la actividad, ya que “afectaría de lleno al crecimiento” y al empleo. 

De hecho, el impacto de la pretendida subida de impuestos de Montero podría ser aún superior a los 10 puntos de PIB y los dos millones de puestos de trabajo que estima el IEE, ya que cuando la ministra presentó el grupo de expertos que se encargará de la revisión integral del sistema tributario para la ulterior reforma “en profundidad” habló de una brecha recaudatorio de entre 6 y 8 puntos con la media europea, mientras que el IEE realiza sus cálculos con la cifra menor. 

La presión fiscal española es superior a la europea 

En este sentido, han denunciado que “con el subterfugio de la armonización fiscal, se están justificando futuras subidas tributarias, cuyo mero anuncio ya constituye, en sí mismo, un lastre para la recuperación económica en la medida en que provocan incertidumbre y desconfianza acerca de nuestras cargas a futuro”. 

Según el estudio del ‘think tank’ de CEOE, una vez tenidos en cuenta los efectos de la economía sumergida, la presión fiscal efectiva española ajustada de economía sumergida está ya en el promedio de la UE, pero Izquierdo ha indicado que si se incorporan la circunstancia de la mejor renta española se observa que el esfuerzo fiscal es en realidad un 6,6% superior a la media europea y la presión fiscal normativa es un 10% superior a la media europea.

En detalle, se sitúa en 110 puntos frente a 100 del promedio de la UE y por tanto muy alejada de las principales referencias internacionales en este campo como Estonia (46,9 puntos), Letonia (70,8 puntos) y Nueva Zelanda (73,8 puntos). 

Armonización fiscal vs corresponsabilidad fiscal 

En la presentación Fernández de Mesa e Izquierdo han rechazado de lleno la armonización fiscal prevista por el Gobierno, al ser un “equivocado planteamiento” porque supone “obligar a incrementar la imposición patrimonial a las comunidades autónomas”, lo que genera, a su vez, otros “inconvenientes añadidos”, como la pérdida de corresponsabilidad fiscal. 

Precisamente han recordado que actualmente hay varias comunidades autónomas que están a favor de la corresponsabilidad fiscal, como es el caso de Madrid, Andalucía o Galicia; si bien han criticado que el Gobierno parece que querer negarla mediante la denominada «armonización fiscal». 

A su juicio, en realidad es “una subida generalizada de la imposición patrimonial para las comunidades que presentan un sistema tributario más competitivo, en tanto que moderno y homologado con el entorno”. 
“Las comunidades autónomas deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal, entendida esta como la libertad de diseñar sus gastos e impuestos de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos, al menos en los impuestos propios o cedidos”, han apostillado, defendiendo que no hay que prohibir los modelos tributarios con mejor desempeño ni generalizar “a la fuerza” los peores. 

En su opinión, la corresponsabilidad fiscal para las regiones de régimen común es, si cabe, más obligada en la medida en que existen territorios con regímenes forales que tienen la máxima corresponsabilidad fiscal o regímenes especiales como los de Canarias y las ciudades autónomas. 

De hecho, Izquierdo ha señalado la “paradoja” de que la armonización normativa pretendida provocaría un aumento de la tributación en el corto plazo, al tiempo que Fernández de Mesa ha hablado de “contrasentido» porque en el largo plazo provocaría que se convergiera ya que se recaudaría menos. 

“Un sistema fiscal competitivo como Madrid o las tres provincias vascas genera una mayor recaudación por habitante por hay mayor actividad económica y menor fraude fiscal”, ha apostillado. 

Madrid y País Vasco, CCAA más competitivas en materia fiscal 

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal y el Indicador de Presión Fiscal Normativa Autonómica muestran que la situación de la mayoría de las CCAA es “muy mejorable” al presentar sistemas tributarios de los más gravosos dentro de la UE. 

El IEE sitúa a la Comunidad de Madrid como la región con un sistema fiscal más competitiva, junto a las tres provincias del País Vasco, siendo las regiones que tendrían una presión fiscal normativa inferior al promedio de la UE.  

Por el contrario, la mayor parte de las comunidades autónomas españolas presenta una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la UE, con “un claro sesgo hacia una elevada presión fiscal normativa”. Las regiones menos competitivas en materia fiscal son Cataluña, Aragón y Asturias, con unos niveles “sensiblemente más desfavorables” que el promedio de la UE. 

El informe explica que el nivel relativo de la presión fiscal recaudatoria bruta está muy condicionada por factores como el nivel de renta per cápita y de economía sumergida y apunta que el promedio aritmético arroja que la economía sumergida española representa el 23,1% del PIB, mayor que el promedio de la UE (13%). 

Por regiones, Madrid (16,2%), País Vasco (17%) y Navarra (18%) son las regiones con la menor tasa de economía sumergida, mientras que, por el contrario, Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%) y Castilla-La Mancha (27,2%) son las comunidades con las mayores tasas, según el estudio del IEE. 

Por debajo de la media se sitúan también Cantabria (20,6%), Aragón (20,8%), La Rioja (22,6%) y Cataluña (23%), mientras que por encima se encuentran Baleares (23,2%), Galicia (23,9%), Asturias (24,3%), Murcia (24,6%), Castilla y León (24,7%) y Comunidad Valenciana (24,8%) y Canarias (26,1%). 

Las consecuencias negativas de Patrimonio y Sucesiones 

Por otra parte, el IEE también avisa de que la imposición patrimonial que se plantea intensificar tiene el “dudoso honor” de integrar a las figuras tributarias (Patrimonio y Sucesiones) más cuestionadas y reprobadas del conjunto del sistema fiscal, sin embargo España tiene una tributación patrimonial de las más gravosas de la Unión Europea (UE).  A su juicio, su existencia obedece más a “las inercias del pasado incluso a prejuicios ideológicos que obvian las más elementales consideraciones prácticas de eficiencia y equidad, que aconsejan su supresión o, cuando menos, su moderación”.  

En la actualidad no existe ningún país de la UE que tenga un Impuesto sobre el Patrimonio como el de España, según el estudio, que añade que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no existe en 15 de los 27 países y los que lo tienen es con tipos residuales. Además, ningún país de la UE aplica conjuntamente, como se hace en España, un Impuesto sobre Sucesiones con un Impuesto sobre el Patrimonio.

En el ámbito de la OCDE el tipo medio del Impuesto sobre Sucesiones es del 15%, muy alejado del tipo del 34% existente en España, que puede llegar, en los casos más extremos, al 82%, según IEE.  “La cada vez menor utilización de estas figuras tributarias se está produciendo en la medida en que hay una mayor conciencia de su negativa contribución al bienestar económico y social”, ya que “son impuestos que generan fuertes distorsiones y un exceso de gravamen, por lo que son incompatibles con un sistema fiscal eficiente u óptimo”, añade.

En este sentido, Izquierdo ha asegurado que los costes sobre el crecimiento y la actividad de estos impuestos son, sin ninguna duda, los mayores del sistema tributario y los ingresos obtenidos no compensan la pérdida de bienestar que suponen.  
Las consecuencias negativas más directas de la subida de la imposición patrimonial planteada en la armonización serían, entre otras, el encarecimiento de la componente fiscal del coste de capital de las empresas, lo que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico.  

Desde el IEE han avisado de que se provocaría deslocalización del ahorro y de los contribuyentes con más talento a terceros países cercanos que no aplican estas figuras tributarias o que tienen regímenes especiales para expatriados, como es el caso de Portugal. Además, la imposición patrimonial frena la entrada de capitales para financiar los desequilibrios acumulados de deuda externa y pública y conllevaría la desaparición de empresas. 
 

Aumentar bases imponibles y reducir el gasto 

Por todo ello, frente a la reforma fiscal prevista por el Gobierno, el IEE aboga por un sistema tributario competitivo porque promueve niveles más altos de crecimiento económico e inversión, aumentando los ingresos públicos a largo plazo, lo que permite financiar el gasto público con un menor esfuerzo.  

Por ello, considera que cualquier reforma debe ir enfocada al incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, en la lucha contra el fraude fiscal y en la mejora de la eficiencia del gasto público, ante el diferencial negativo del orden del 14% frente a la media de la OCDE.