La SIP de Caixa Penedès pacta las condiciones para su millar de bajas

Los responsables y gerentes de Caja Granada, Sa Nostra, Caja Murcia y Caixa Penedès y los sindicatos CC.OO., UGT y SIC han alcanzado un preacuerdo en materia de prejubilaciones en el Sistema Integrado de Protección (SIP) constituido con el nombre Mare Nostrum, un plan de desvinculación que afectará a unos 1.000 empleados de las cuatro cajas de ahorros, según fuentes sindicales.

Las fuentes citadas no han aclarado la afectación del pacto por entidades. En este sentido, en Penedès sólo se ha manifestado que prevén que afecte menos de lo que estaba previsto en el proceso de fusión anterior con Caixa Laietana (se barajaron 300 bajas). A pesar de ello, en la entidad que dirige Ricard Pagès, no se atreven a dar cifras concretas.

Este preacuerdo, que deberá ser ratificado por las diversas organizaciones sindicales y órgano de gobierno de las cajas en septiembre, fue alcanzado por los responsables de las cuatro entidades y por los representantes de CCOO, UGT y SIC -sindicato corporativo de Caja Murcia-, que suman en el conjunto de las cajas de ahorros el 55% de la representación sindical. El resto de sindicatos, entre ellos CGT, UOB -mayoría absoluta en Sa Nostra- y otros grupos corporativos no lo han suscrito.

Las fuentes precisaron que en materia de adaptación de las plantillas que permanecerán -que suman unos 7.600 trabajadores- y homologación de condiciones queda pendiente llegar al acuerdo y existen cuestiones jurídicas por aclarar. Esta adaptación de plantilla incluye el personal que pasará a formar parte del banco, los trabajadores que estando en un territorio pasarán a formar parte de la entidad en otro territorio, el traspaso de redes de una caja a otra y acciones de movilidad interna por los movimientos que se produzcan por el cierre de unidades de trabajo.

Asimismo, se ha constituido una comisión de seguimiento y garantías que velará por el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen y que conocerá con antelación suficiente las medidas de movilidad adoptadas en las cajas y en el banco Mare Nostrum.

Las fuentes indicaron que la mesa marco tiene que ratificar el preacuerdo y una vez ratificado el acuerdo llevarlo a cada caja tanto por los representantes sindicales como por los órganos de gobierno de las cajas.

Destacaron asimismo que en este preacuerdo «se han sentado las bases para la negociación del acuerdo laboral del SIP» y permite «garantizar la estabilidad en el empleo, garantizar procesos de prejubilaciones, permitirá la reestructuración ordenada de la organización y de las plantillas que componen las cajas y contemplará garantías salariales».

El contenido

El preacuerdo en materia de prejubilaciones contempla que la oferta de prejubilación será voluntaria para el trabajador e irá dirigida a los empleados nacidos en 1955 o años anteriores y con una antigüedad mínima de 10 años en la entidad.

Se garantiza un salario neto de prejubilación comprendido entre el 85 y el 95% de la retribución neta fija consolidada de activo y calculado desde la fecha de extinción del contrato hasta los 65 años.

Para el cálculo de dicha garantía se utilizan una serie de criterios, como una primera indemnización, calculada aplicando un porcentaje entre el 60 y el 78 %, en función del salario sobre las retribuciones fijas brutas. Esta primera indemnización tiene que garantizar «un mínimo del 85% del salario neto de activo, añadiendo el importe necesario para ello si no se alcanzara, y con un máximo del 95%, descontando el exceso».
Adicionalmente a la indemnización anterior, se abonará una prima equivalente a 500 euros brutos por cada año de antigüedad del empleado en la fecha de extinción de la relación laboral, que será de aplicación para los trabajadores que no alcancen el 95% por aplicación del primer cálculo.
La fórmula de cobro, pendiente de consulta tributaria, será en uno o dos pagos, el primero, en el ejercicio de finalización de contrato y el segundo, al siguiente año. Asimismo, la caja abonará directamente el convenio especial con la Seguridad Social desde que se agote la prestación de desempleo hasta los 61 años, por la base máxima posible de cada trabajador, para garantizar que «se alcanzará la misma pensión de Seguridad Social que de haber permanecido en activo».