La ralentización económica española pone a prueba a Bruselas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio este lunes otro baño de realidad al gobierno español, al que, sin un empujón de Bruselas, cada vez le va a costar más defender su capacidad para poner en marcha el plan económico pactado con Unidas-Podemos, que previsiblemente incrementará el gasto, sin abandonar la disciplina en el déficit. El organismo que lidera Kristalina Georgieva revisó su estimación de crecimiento del PIB español al 1,6% para 2020, ajustándose a las previsiones del consenso.

La revisión del FMI hace sospechar que los últimos cálculos de Moncloa, los enviados por el ministerio liderado por Nadia Calviño a mediados de octubre podrían haberse quedado desfasados. Por lo pronto, son los más altos entre los que se han ido publicando en los úlltimos meses y están muy lejos de los de la Comisión Europea, que incluso es más negativa que el FMI, al pronosticar un crecimiento de la economía española del 1,5% este año.

El Banco de España, sin embargo, hace de contrapeso y se ha quedado en un término medio. En diciembre, el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos mantenía su escenario económico, en el que apunta a una expansión de la economía nacional del 1,7% en 2020, acercándose a la prevista por el entonces gobierno en funciones en octubre, que apuntaba hacia una expansión del 1,8%.

Bruselas, por si acaso, tras las revisión de las estimaciones del FMI, adelantó que estará pendiente de la política de gasto del nuevo gobierno. Por ahora, en el primer consejo de Ministros ya se ha dado el visto bueno a la revalorización de las pensiones. Esta medida de gasto, junto a la actualización del sueldo de los funcionarios (que todavía no se ha aprobado), eran las únicas que se incluían en el Plan Presupuestario para 2020 remitido a la Comisión Europea en octubre de 2019.

Un desfase esperado y reconocido

La moderación del crecimiento económico es un hándicap para el proyecto del PSOE y Unidas Podemos, que contemplan gobernar, si sacan adelante los Presupuestos, con más capacidad de gasto; para lo que esperan poner en marcha nuevas medidas tributarias, que, en la medida en que la economía modere su crecimiento, podrían no compensar la moderación de otras vías de ingresos. 

En su primera rueda de prensa como presidente del Gobierno tras su investidura este enero, Pedro Sánchez de alguna manera confirmó que estaba trabajando para conseguir que Bruselas sea más flexible con el déficit español. Sánchez insistió en que durante el periodo del gobierno en funciones las instituciones europeas han cambiado, pero si Bruselas se ablanda con España, cabe la posibilidad de que otros países también quieran ser más laxos con el gasto; tensionando más la cuerda con los países más aversos a los excesos, como Alemania.

Esa permisividad incluso ya podría ser necesaria para 2019. Moncloa adelantó en octubre que cumpliría con el compromiso de reducción pactado, pero en base a una previsión de crecimiento económico del 2,1%, que supera en una décima a la del consenso o a la del Banco de España, que la rebajan al 2%.

«Así para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit en el 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el Programa de Estabilidad. Se trata de una previsión realista y creíble, que ha sido ratificada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2019 elaborado y publicado el pasado mes de julio», señalaba el ministerio liderado por Calviño el pasado otoño.

El desfase de 2020 incluso está reconocido por la ahora vicepresidenta tercera del Gobierno español. Sin medidas adicionales de ingresos, que no se incluyeron en el plan presupuestario, el déficit se iría hasta el 1,7%, frente al 1,1% comprometido con Bruselas. «En este contexto, el escenario inercial para 2020 resultaría en un déficit público del 1,7% del PIB. Si bien, es voluntad del Gobierno, presentar una actualización del Plan Presupuestario con la orientación fiscal prevista para 2020 tan pronto sea posible», apuntaba el documento remitido a Bruselas.

Esta diferencia supondría engrosar más la cifra de deuda pública, que se acerca al 100 por 100 de un PIB que podría ser menor al previsto por el gobierno de Sánchez.