El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado (d). EFE/ PSOE/ Eva Ercolanese
La repetición del socialista Pedro Sánchez al frente de La Moncloa pasa, tras los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio, por la composición de una amalgama de partidos estatales y nacionalistas, de izquierda y derecha, que den el sí a una eventual investidura del presidente en funciones. Una premisa que no es sencilla debido a la necesidad de concitar los intereses distintos de Sumar o Coalición Canaria, además de unir a partidos que compiten por un electorado, como Junts y ERC.
La reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva una década sin actualizarse, ha sido la propuesta que el Gobierno en funciones ha puesto encima de la mesa para tratar de contentar a todas las partes y desviar la atención de propuestas maximalistas como un referéndum de autodeterminación o, incluso, el traslado toda la gestión tributaria a la Generalitat de Cataluña, como reclaman los posconvergentes.
El Gobierno aspira a sacar del cajón la propuesta que hizo en 2021 para tratar de desencallar la renovación, atascada desde 2014 -se pactó en 2009 y debería actualizarse cada cinco años-. En ella, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ideó una modificación del concepto de población ajustada que se utiliza en el reparto de las entregas a cuenta para darle más peso al problema de la despoblación en algunas comunidades, así como modificar los parámetros que ponderan cada uno de los conceptos. No convenció a ninguna comunidad autónoma, ni a propias -del PSOE- ni a extrañas -ni del PP ni de sus aliados, como Junts y ERC-, por lo que el proyecto quedó guardado en el archivo del fisco.
La población no se ajusta a las CCAA
De acuerdo con un estudio que elaboró entonces el director de Fedea, Ángel de la Fuente -una autoridad en la materia y autor de las últimas balanzas fiscales que publicó el Gobierno-, la propuesta de Montero empeoraba las condiciones para algunas de las comunidades que más pegas han puesto al sistema actual, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, que afirma sufrir un déficit fiscal de 20.000 millones.
Según el documento, y atendiendo a la comparación de las necesidades relativas de gasto por habitante en 2017 con el sistema actual y la propuesta del Ministerio, Cataluña vería su posición empeorada hasta en 1,58 puntos porcentuales. Atendiendo al desglose de los conceptos -demanda de sanidad, demanda educativa, servicios sociales, densidad y dispersión de la población, insularidad o costes fijos y despoblación-, el grueso del peso de la despoblación y de los costes fijos casi explicarían por completo el recorte en la financiación por habitante. Pasaría de un 98,20% (tomando el promedio de las CCAA como base 100), a un 96,62%.
«Trajes a medida» para Extremadura o Aragón
Tampoco saldrían bien paradas otras comunidades como Canarias (-2,95 puntos porcentuales), Galicia (-2,69 pp) o incluso la Comunidad Valenciana (-1,70 pp). En el caso de esta última, siempre se ha considerado un paradigma de región infrafinanciada con el sistema actual pactado en 2009. De acuerdo con un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en 2019 la comunidad autónoma sufría una infrafinanciación acumulada de 36.550 millones de euros.
A la inversa, a las comunidades a las que les mejoraría la situación son Extremadura (+8,62 puntos porcentuales), Aragón (+7,03 puntos porcentuales), La Rioja (+5,41 puntos porcentuales) o Cantabria (+4,51 puntos porcentuales). En todas ellas el factor de la despoblación supone una notable mejoría de cara a su financiación.
De la Fuente criticó de esta propuesta que volviera a intentar hacer «trajes a medida» para determinadas regiones «en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas». En concreto, se refirió al reparto «por bloques» de la partida de costes fijos, así como de la introducción «de una nueva variable de despoblación que resulta conceptualmente innecesaria y se construye de forma ad-hoc para primar a determinadas regiones».
El encaje de bolillos de la financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica actual cuenta con cuatro patas básicas. Por un lado, las propias competencias tributarias de las comunidades autónomas -pueden gestionar y recaudar los impuestos propios y cedidos totalmente o en parte, como tramos del IRPF-. Por otro, la fórmula de reparto de los recursos disponibles para que todas las regiones puedan financiar unos servicios públicos similares -aquí es donde entra la población ajustada. Además, existen transferencias que fluyen entre comunidades autónomas y de la Administración Central hasta las regionales para igualar los recursos que obtiene cada territorio. Encima de la mesa también está la posibilidad de una ‘quita’ de las deudas autonómicas con el Estado.
La cuestión reside ahora en hacer el encaje de bolillos necesario para que Hacienda consiga acordar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera un sistema que agrade, o al menos no ponga en contra, a la mayoría de las comunidades autónomas. La mayoría de los gobiernos autonómicos del régimen común -excepto País Vasco y Navarra, con instituciones forales- están ahora en manos del PP, pero eso tampoco es una garantía. En la partida de la financiación autonómica, la clave no está en los colores, sino en el reparto. Y la baraja está en manos de Pedro Sánchez.
