La patronal madrileña apoya a Ayuso en su rechazo al decreto de ahorro energético
El portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid considera que el plan de ahorro energético "perjudica gravemente la actividad"
La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) se ha mostrado muy crítica este miércoles ante el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, al igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo gobierno ya avisó el martes de que podría recurrir el decreto al Tribunal Constitucional.
El portavoz de CEIM, Francisco Aranda, reprocha al Ejecutivo la falta de estrategia en sus políticas y que «una vez más no se cuente con los afectados» para la elaboración del plan que, según los empresarios madrileños, «perjudica gravemente la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo».
«Rechazamos que, en estos momentos caracterizados por inflación disparada, endurecimiento de la financiación y mayor presión fiscal, se introduzcan nuevos costes para las empresas y autónomos de España», afirman. También critican que la norma obligue a instalar nuevos sistemas de cierre de puertas, a elaborar carteles informativos y a adelantar las inspecciones de eficiencia energética porque «son nuevos costes». «Lamentamos que la norma no contemple ningún tipo de estíulo o ayuda para afrontarlos».
Plan «incoherente» con la regulación de seguridad y salud en el trabajo
CEIM rechaza tanto la forma como el contenido del plan de ahorro y eficiencia energética, en primer lugar, porque «resulta improcedente recurrir una vez más a un decreto-ley» para introducir nuevas obligaciones «que bien podrían esperar el proceso ordinario de debate y participación». La patronal considera que es patente «la constante falta de consideración con los representantes de las empresas, siendo estas las llamadas a aplicar medidas y a asumir los costes».
En segundo lugar, CEIM critica que la norma es «caótica en su contenido» porque reforma un Decreto-ley de hace solo una semana en relación con la cotización de autónomos y, además, «resulta incoherente con la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo«, en cuanto a la temperatura máxima bajo la cual se puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito comercial. De hecho, añaden, la normativa de aplicación existente impide que los trabajos ligeros, como es el caso del comercio, se desarrollen a más de 25 grados.