La justicia investiga un presunto fraude tributario de la familia Carulla por 160 millones de euros

La familia Carulla, emblema de la élite industrial e ilustrada de Catalunya, tiene un serio problema tributario en ciernes. La justicia ha iniciado una investigación por presunto delito fiscal que afectaría a prácticamente todos los integrantes del grupo familiar. El importe del quebranto rondaría los 160 millones de euros, según la información a la que ha tenido acceso Economía Digital, en fuentes financieras y jurídicas conocedoras del caso.

Las pesquisas se iniciaron como una derivación del llamado caso Petrus, cuando la policía registró un bufete de abogados con ese nombre. Sobre sus actividades recaían sospechas de presunto blanqueo de capitales en el caso BBVA-Privanza (entidad que operaba en el entonces paraíso fiscal de la isla Jersey), en el 2002. Aquel sumario, instruido desde la Audiencia Nacional, dio lugar, entre otros sumarios derivados, al caso Pretoria, en el que se detectaron irregularidades urbanísticas y otros delitos de distinta naturaleza, por ejemplo en Santa Coloma de Gramenet. Los abogados de Petrus se habían especializado en la edificación de tramas societarias off-shore de las que se beneficiaban grandes fortunas españolas en su intento de eludir las obligaciones fiscales.

En los últimos días, el fiscal de la Audiencia Nacional ha remitido a la fiscalía de delitos económicos de Barcelona un dictamen para que prosigan las investigaciones en el juzgado número 4 de la ciudad que instruye el proceso. Este caso se suman a uno anterior que generó un expediente de la Agencia Tributaria a Juan Antonio Samaranch por hechos similares, al detectar que su residencia fiscal en Lausana (Suiza) no se correspondía con su residencia real en Barcelona.

Eludir el pago de impuestos

El grupo de los Carulla, propietario, entre otros, de la multinacional catalana Agrolimen estaría, según las fuentes consultadas por Economía Digital, en esta situación. La justicia sospecha de la existencia de sociedades radicadas en paraísos fiscales a través de las cuales se elude una parte de la fiscalidad a la que estaría obligado en territorio español, así como de la falsedad de las residencias fiscales declaradas por algunos de los integrantes del clan empresarial.

Un especialista en materia fiscal del grupo Carulla asegura desconocer que existieran investigaciones en curso y que la consulta de Economía Digital era la primera referencia que tenían sobre el caso. “Todas las filiales operativas del grupo dependen de sociedades españolas”, agrega. Sí que confirma que un miembro de la familia mantiene la condición tributaria de no residente desde hace muchos años, pero defendió que se trataba de una situación completamente legal.

“Es un caso de los típicos de deslocalización fiscal aparente, que afectaba a diversos contribuyentes, la mayoría de ellos de Barcelona”, aseguran fuentes judiciales consultadas por esta publicación. “Los Petrus tenían todo a la vista, utilizaban unos sistemas muy chapuceros”, agregan los mismos medios.

Notables de la sociedad civil catalana

Los dos principales exponentes públicos de la familia Carulla son Artur y Mariona Carulla Font. El primero preside Agrolimen; es consejero de Repsol; de Roca Junyent Abogados; y vicepresidente del Cercle d’Economia, entre otros cargos que desempeña en la actualidad. Su hermana acaba de ser elegida presidenta del Orfeó Català, entidad que controla el patrimonio y la programación cultural del Palau de la Música.

Sin embargo, las investigaciones judiciales alcanzan a otros miembros de la familia (hermanos e hijos), según los datos conocidos por esta publicación. En los próximos días, el titular del juzgado sobre el que ha recaído el caso y el fiscal de delitos económicos acordaran las diligencias que se llevarán a cabo, entre las que posiblemente se produzca la declaración de todos los imputados en el sumario.