La industria llega a su límite con el precio de la energía y comienzan las paradas en cadena
Sidenor y Arcelormittal ya anunciaron que suspendían la actividad al no poder hacer frente a los costes de producción. En las próximas semanas otras compañías seguirán el mismo camino
“La industria pronto tomará medidas más drásticas que la de suspender la producción en las horas más caras del precio de la luz”, advertía la pasada semana Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE). Pocos días tardaron los nuevos efectos de la escalada: con apenas horas de diferencia, las siderúrgicas Sidenor y Arcelormittal anunciaron que detenían su actividad por varias jornadas ante la imposibilidad de hacer frente al coste de la energía.
Ambas organizaciones fueron las primeras en tomar medidas “drásticas” tras haber advertido en las últimas semanas de que los costes eran inasumibles. José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, calcula a comienzos de mes que en el último trimestre el sobrecoste energético será de entre cuatro y cinco millones de euros cada mes. “La subida del gasto es de 50 millones de euros al año, un verdadero desastre”, lamentaba.
La siderúrgica vasca anunció el lunes que detendrá la producción 20 días de forma intermitente hasta Navidades en la planta de Basauri (Bizkaia) por el “desorbitado” precio de la electricidad. En 2021, la compañía pasó de pagar aproximadamente 60 euros por megavatio hora a desembolsar 260 euros. La escalada se traduce en 200 euros más de por tonelada producida, una subida del coste de producción del 25%.
La medida también terminará por afectar a los centros que el grupo tiene en el resto del País Vasco, Cantabria y Cataluña. “Es una primera medida para intentar limitar el tremendo impacto de los desorbitados y descontrolados costes eléctricos”.
«La escalada de la luz es un gran desafío para producir acero a costes económicos», lamenta Arcelormittal
El viernes le siguió Arcelormittal. La mayor siderúrgica mundial, admitió que la escalada de precios es “un gran desafío para producir acero a costes económicos”. La medida afectará en principio a las plantas europeas que produzcan productos planes, entre las que está la instalación de Olaberria, en el País Vasco.
Quedarían así fuera los otros centros que el grupo tiene en la comunidad, en Zumarraga –distribuye chatarra–, en Etxebarri –produce hojalata y chapa— y en Sestao –que sí elabora productos planos, pero que quedará fuera del ajuste–.
Se espera que en las próximas jornadas sean varias las firmas fuertemente impactadas por el coste de la energía que se unan a esta decisión. La atención se dirige en España hacia Celsa, el grupo siderúrgico de la familia Rubiralta, que está a la espera del rescate de la SEPI tras solicitar 600 millones de euros –calculan fuentes financieras– por el impacto del coronavirus.
El grupo cuenta con 10.000 empleados y unas ventas que en 2021 rondarán los 5.200 millones de euros. A pesar de su delicada salud financiera, la firma presume de no sufrir el aumento del precio de los minerales ya que la mayor parte de su producción se elabora a través de la recuperación de chatarra. Tampoco se ve afectada por el pico de los derechos de emisión de CO2 al haber reconvertido sus hornos del carbón a la electricidad.
Sin embargo, las fuentes consultadas matizan que la actividad se mantiene «por el momento» y nadie se atreve a predecir por cuánto tiempo será.
El Gobierno trata de evitar que se suspendan contratos
En la anterior escalada de precios, en 2018, fueron varias las eléctricas que reformularon o directamente suspendieron sus contratos con clientes industriales al no poder trasladar la subida de los costes a la factura final. Como explicó Economía Digital, las comercializadoras ya vuelven a tocar a la puerta del sector con tal de renegociar las condiciones firmadas antes del alza.
«Hay compañías eléctricas que ya se han puesto en contacto en estos términos con algunas empresas», explicaba Fernando Soto. La práctica es común: desde Naturgy a Iberdrola pasando por Endesa y el resto de firmas del sector.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, propuso por ello alargar los contratos firmados con la gran industria con tal de mitigar los vaivenes. «Los precios razonables se consiguen con contratos a largo plazo –uno o dos años–. Pero si tomamos el horizonte de 5 años los precios son más razonables. Tenemos que hacer un esfuerzo tanto la industria como nosotros para hacer contratos de un lustro», dijo a Antena 3.
Mientras el Gobierno también trata de aplacar la escalada que sufre la industria con su nuevo Real Decreto, que en un primer momento había decepcionado a la patronal. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó el jueves que no aplicará el rejonazo de beneficios extraordinarios a las eléctricas que suministren energía «a precios razonables» al sector productivo.
La dirigente socialista garantizó que la norma protegerá las ganancias de aquellas eléctricas que garanticen precios estables y tiene el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria». En definitiva: que sus contratos mantengan las condiciones previas al rally alcista de la segunda mitad de año.