La Generalitat utilizará los NIF para calcular el impuesto a la banca

Dicho y hecho. El impuesto catalán a la banca ha entrado en vigor al día siguiente del anuncio. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) dedica cinco de sus folios a describir el nuevo tributo que se basará en el anexo 4 de la circular 4/2004 del Banco de España sobre normas de información financiera y modelos de estados financieros.

Es decir, en última instancia, la Conselleria d’Economia podrá basarse en la relación del número de identificación fiscal (NIF) de los clientes para contrastar el perímetro de la base imponible si no se fía de la declaración voluntaria de los bancos. Ese cruce de datos lo custodia el Banco de España.

Recurso

El órgano regulador, sin embargo, no parece estar por la labor de facilitar información; aunque la entidad presidida por Luis María Linde no será la principal traba al desarrollo de la norma.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que recurrirá en el Tribunal Constitucional y este jueves el Congreso de los Diputados dará luz verde al tributo diseñado por Cristóbal Montoro para anular la tasa. Además de Catalunya, Andalucía, Extremadura y Canarias quieren gravar los depósitos bancarios.

Cláusula anti-Internet

La posibilidad de escudriñar a través de los NIF de los clientes responde a que algunos grandes bancos captan pasivo en Catalunya sin oficinas en el territorio, la vara de medir preferente. El texto legal considera como contribuyentes a “las entidades de crédito que capten en el ámbito territorial de Catalunya, sea por el medio que sea y a través de su sede central o de las sucursales y oficinas, fondos de terceros”.

La banca electrónica y otras actividades financieras no presenciales están atadas, de este modo, a la tasa ideada por Esquerra Republicana y no cabría la posibilidad de contrastar su declaración basándose en la actividad de las sucursales. Por otro lado, el capital fugado a otras comunidades seguirá computando a menos que el cliente cambie el padrón y lo haga constar en su documento de identificación.

¿Cuánto pagarán?

El decreto ley que dicta la tasa bancaria establece un mínimo de 450.000 euros, que abonarán las entidades con menos de 150 millones en depósitos. Esa cuota sube hasta los 2,2 millones para bases imponibles de 600 millones en adelante. Esas últimas cantidades son las que deberán afrontar los grandes banqueros catalanes, Isidro Fainé y Josep Oliu, aunque podrán rebajar la factura si son capaces de cuadrar las deducciones que fija la Generalitat.

Por ejemplo, quedarán excluidos de la base imponible los importes destinados a la obra social o que financien proyectos público-privados. Una de las excepciones más llamativas, por el debate derivado sobre la fuga de sedes, es la que descuenta 200.000 euros a las entidades de crédito que tengan el domicilio en Catalunya. La Generalitat perdona además 5.000 euros por cada sucursal operativa en municipios catalanes y 5.500 euros si el padrón de esos enclaves es inferior a 2.000 habitantes.

Reacciones

Ni siquiera la vertiente patriótica de la tasa bancaria, que resulta más leve para las entidades autóctonas, ha apaciguado las reacciones en su contra. Al revés, han arreciado. Este miércoles, voces empresariales de reconocida autoridad han abominado sobre la primera iniciativa del gobierno de facto de Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC). Incluso en la patronal de las PYMES catalanas se duda de la aplicación efectiva. “Es una medida de poco recorrido y es una opción más política que efectiva en términos económicos”, ha dicho el presidente de PIMEC, Josep González.

Desde Madrid, la Asociación Española de Banca (AEB) lamenta la decisión. Según el lobby bancario, este impuesto supone una penalización de los depósitos, “la figura más tradicional y accesible en la que los ciudadanos materializan sus ahorros”. Esta penalización es «especialmente preocupante en la situación actual, en la que la economía española se ve cada vez más dependiente de la financiación exterior por la falta de ahorro interno», asegura la nota.