La Generalitat perderá el control de la obra social de las cajas vendidas a bancos nacionales

El decreto ley que reformará el sector financiero incluye una bomba de relojería para las competencias de la Generalitat. Sin embargo, CiU no contempla oponerse a la norma en el Congreso al entender que no se pisan las competencias autonómicas. El sentido del voto no está fijado, basándose en el actual reparto accionarial de las cajas, pero las próximas subastas podrían poner en riesgo esa capacidad de control sobre parte de la obra social catalana.

El gobierno de Mariano Rajoy obligará a transformar en fundaciones aquellas cajas que no controlen más del 25% de su negocio bancario. Las entidades resultantes serán tuteladas por el Ministerio de Economía siempre y cuando los bancos a los que entregaron su actividad financiera comercialicen sus servicios en más de una autonomía.

Con esta norma, la Generalitat arriesga la tutela de la obra social de Unnim y CatalunyaCaixa, ambas controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Caixa Penedès y Caixa Laietana quedan excluidas del decreto al participar en integraciones que poseen más del 25% de Banco Mare Nostrum y Bankia, respectivamente. La Caixa controla el 81% del capital de Caixabank y tampoco se transformará en fundación.

Actualmente, la unión de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu está en plena subasta. Los postores más firmes son Ibercaja y Popular. También se posicionan Santander, BBVA y Bankia, entre otros. No hay aspirante exclusivamente catalán de modo que, una vez adjudicada la entidad por el Banco de España (dueño al 100% de Unnim), su obra social será afectada por el decreto ley.

El precedente CAM

Como sucedió con la venta de la CAM al Banc Sabadell, los nuevos propietarios de Unnim se desentenderán, previsiblemente, de la obra social. Por ejemplo, el Sabadell admite que “mantiene una relación preferente con la fundación CAM, aunque no vinculante”, aseguró el presidente del banco catalán, Josep Oliu.

CatalunyaCaixa tiene la intención de sustituir el capital aportado por el Frob, de prácticamente el 90%. La caja presidida por Adolf Todó no ha ocultado que acudirá a los mercados cuando el momento acompañe. Al entrar el Banco de España en el accionariado (90%) se dio de plazo cinco años. Si CatalunyaCaixa no logra atesorar el 25% del capital del banco, estaría en el mismo caso que Unnim. Hasta entonces, en CatalunyaCaixa interpretan que estan excluídos de la reforma al estar la mayor parte del capital en manos del Frob.

La letra pequeña

A pesar de que el BOE escribe que “corresponde al Estado la supervisión de las fundaciones (···) cuyo ámbito principal exceda de la Comunidad Autónoma” y que “se considerará ámbito de actuación de la fundación el de la entidad bancaria resultante de la segregación”, ni la Generalitat ni el grupo parlamentario de CiU entienden que se vulneren las competencias catalanas.

Sin embargo, “estudiaremos la letra pequeña este martes”, según el portavoz de la coalición nacionalista en la comisión de Economía y Competetividad del Congreso, Josep Sànchez Llibre. El grupo parlamentario catalán fijará su voto definitivo en los próximos días, aunque el decreto ley se convalidará con la mayoría absoluta del Partido Popular. La votación será el jueves 16 de febrero.